Por Tomás Andino
El caso Korium ha dejado al descubierto una trama de delitos, incompetencias y complicidades, que tiene el potencial de generar una crisis social y política enorme.
Korium es una organización que trabaja con un esquema de inversiones piramidal, conocido como Esquema Ponzi, considerado aquí y en China como un fraude financiero. En este tipo de estafa, se ofrecen ganancias enormes a incautos inversores (20% mensuales en este caso), que inicialmente son pagadas, pero solo para estimular a que los clientes aporten sumas aún mayores, las cuales son centralizadas por los dueños.
Es fraudulento porque miente a los aportantes, que en su mayoría actúan de buena fe, ya que el dinero, que inicialmente distribuye como dividendos o ganancias, proviene del dinero aportado por nuevos inversionistas, no de beneficios reales obtenidos en alguna inversión; y en eso consiste la estafa. Cuando llegan a un punto crítico, los estafadores desaparecen con todo el dinero acumulado, dejando en la quiebra a miles de personas.
Hoy día parece que este tipo de estafa es tendencia en Latinoamérica. Decenas de casos como este han aparecido en la última década. Precisamente en Guatemala está ocurriendo algo similar con el caso KEDA/KEMEC.
Por regla general, detrás de los supuestos inversionistas, están redes del crimen organizado que blanquean sus capitales de esta forma. En tal sentido es justificada la sospecha del Ministerio Publico de que este problema corresponde a una operación de lavado de activos.
REPONSABILIDADES Y COMPLICIDADES
Korium viene operando desde hace más de 7 años en Honduras, sin ser objeto de ninguna observación ni intervención por parte de los organismos responsables de vigilar las operaciones financieras y fiscales del país, como es la CNBS y la SAR. Si bien es cierto que esa organización evadió presentar informes a los entes contralores y actuaba en total informalidad, también es cierto que tanto la CNBS como la SAR cuentan con unidades de inteligencia financiera y fiscal, a las cuales no se les escapa la vigilancia en tiempo real de los movimientos financieros de ningún ciudadano, siendo capaces de detectar en pocos días la menor operación atípica en las instituciones bancarias. Me consta que esto es así por las diligencias que hicimos cuando fui miembro de la Junta Nominadora en 2022.
¿Cómo no iban a investigar por el repentino enriquecimiento de los dueños, que ingresaron al sistema bancarios de más de 70 millones sin ningún respaldo en negocios lícitos? Nada excusa a las autoridades de la CNBS y la SAR, tanto de la anterior administración cachureca como de la actual, por no haber alertado a tiempo al Ministerio Público, pues decenas de millones de lempiras se movieron en los bancos durante 7 años de forma sospechosa, sin ninguna alerta ni consecuencia.
Por supuesto que, en la era cachureca, no se espera que la CNBS actuara, por la naturaleza criminal de dicho gobierno, pero, al asumir funciones la actual administración, era de esperar que si lo hiciera. Entonces, la gran pregunta es por qué no actuaron a tiempo estos organismos, sino hasta que el escándalo estalla en la prensa. Este es un primer punto para dilucidar.
Los medios de comunicación aseguran que fueron los bancos quienes alertaron a la CNBS, a fin del año pasado, dando a entender que son los “buenos de la película”. Pero estos no escapan a la culpa. ¿Por qué esperaron 6 años para hacer la denuncia, si el menor movimiento atípico normalmente es investigado por estas instituciones en pocos días? ¿Por qué callaron durante la era de JOH, pero se han vuelto muy beligerantes durante la era de Xiomara Castro? Es evidente que estos medios de comunicación corporativos revientan la burbuja en medio de un año electoral con el fin de favorecer la narrativa opositora. Pero eso no exime a la banca y a los medios de comunicación de responsabilidad también por no alertar a tiempo sobre este problema. Este es un segundo punto para investigar.
Luego tenemos que la cobertura administrativa que tenía esa empresa fue dada por la autorización concedida por el nuevo alcalde de Choloma, Gustavo Mejía (LIBRE), quien se justifica diciendo que la misma CNBS le dio venia a Korium para operar. ¿Cómo es que este alcalde, con la asesoría de su cuerpo legal, autorizó semejante operación sin investigar primero los orígenes de esta “empresa” y todavía siga defendiéndola, aun cuando es objeto de una investigación criminal? ¿Qué intereses mueven a este alcalde? ¿Cómo responde la CNBS a este señalamiento? Este es un tercer punto por esclarecer.
Una vez descubierto y alertado el Ministerio Publico, este inició sus diligencias en enero de este año, pero se tropezó con un muro. Resulta que el artículo 439 del nuevo Código Penal, aprobado en 2018, y así también otros de la Ley de Lavado de Activos, fueron reformados el 7 de octubre de 2021 por el Congreso Nacional cachureco, mediante Decreto Legislativo 93-2021, para impedir que ejerciera cualquier acción de persecución del delito, si previamente no se prueba que los activos cuestionados tienen conexión directa con delitos específicos. Obviamente, es un círculo vicioso absurdo pues, cómo se investiga un delito si se pide que previo haya pruebas judiciales de ese delito. Por ese motivo, los fondos inicialmente incautados por el MP a Korium tuvieron que ser devueltos a esta, pidiéndoles que se lo devuelvan a sus clientes, en un muestra de la impotencia institucional del MP para actuar.
Claramente esta traba a las investigaciones del Ministerio Publico, fueron creadas por el bipartidismo, entre otras que afectaron también las investigaciones sobre la malversación de fondos públicos, ya que de esa forma garantizaba su impunidad, ante el inminente triunfo electoral de LIBRE, un mes después de esa reforma. Sin embargo, el nuevo Congreso Nacional, con una junta directiva nacional hegemonizada por LIBRE, nunca coloco en la agenda legislativa (algo que es potestad solo de su presidente y directiva), la revisión del Código Penal que, como vemos, contiene reformas que favorecen este tipo de delitos. Luis Redondo perdió un valioso tiempo en la presidencia de este órgano del Estado con un Congreso suspendido durante varios meses, sin tratar temas de importancia nacional como este. ¿Por qué ese proceder? Es un cuarto punto por investigar.
LA OFERTA PRESIDENCIAL
Sumado a todos estos yerros, ahora se pretende “corregir” este problema con una medida controversial. La presidenta Xiomara Castro ordeno que el gobierno garantice la devolución de lo invertido por las 35 mil personas afectada, con fondos provenientes: 1) del dinero incautado en físico y en las cuentas bancarias que tenía Korium; y, 2) del presupuesto general de la República, es decir, de nosotros, los y las contribuyentes. Lo primero está bien, pues ese dinero es de las personas estafadas. Pero lo segundo no, y me explico.
Primero, es extremadamente difícil distinguir qué recursos pertenecen a los clientes que realmente fueron víctimas de la estafa, y cuales pertenecen a las redes criminales que lavan dinero sucio. Precisamente por ser una empresa criminal, todo se hizo en la más absoluta opacidad, de manera que es una tarea titánica distinguir una cosa de la otra. La ausencia de contabilidad, comprobantes, informes, etc. que son normales en una empresa normal, no existen en el caso de Korium, y tal solución llevaría años, sino décadas en aplicarse, tal como ha ocurrido en otras liquidaciones bancarias, donde si había información de base.
Segundo, asumiendo la buena intención de la presidenta, considero que es válido el criterio argumentado por el gobierno en el sentido de que el fin primordial del Estado es la persona humana y en particular el apoyo a los pobres, victimas de injusticia, y por tanto es licito esperar que el Estado busque l manera de protegerlos, a diferencia de los gobiernos oligárquicos que siempre han sacado las castañas del fuego a los más ricos, cuando estos tienen dificultades, por ejemplo, condonándoles deudas, proporcionándoles subsidios o facilitándoles créditos.
Lo que no es correcto es que esos fondos se paguen de lo que contribuimos la mayoría de la población, porque entonces se cometería otra injusticia, pues de esos recursos se construyen escuelas, se provee medicinas y techos para los pobres. Estos tendrían más privaciones de las que ya tienen.
QUIENES DEBEN PAGAR POR ESTE DESASTRE
Quienes deben pagar las consecuencias de sus actos, son quienes se hicieron multimillonarios o son cómplices o consentidores de este caso, por acción u omisión. Esos recursos deberían salir de: 1) la incautación de bienes de los criminales que se lucraron de la estafa, entre los cuales no sólo hay delincuentes profesionales, sino reconocidos “empresarios” de la región norte de Honduras, metidos a ese turbio negocio; 2) también de recursos que provengan de la suspensión del pago de la multimillonaria deuda interna con la banca comercial involucrada directamente en el caso; y, 3) de las sanciones pecuniarias que los juzgados emitan contra la cadena de funcionarios públicos gubernamentales y municipales, desde 2017 a 2025, que colaboraron o fueron negligentes en actuar frente a ese problema.
Sin duda, el paso previo para llegar a lo mencionado es que la investigación del Ministerio Publico se haga a fondo y sin miramientos de ningún tipo, llegando hasta los responsables intelectuales del crimen. Adicionalmente, es necesario derogar las disposiciones vigentes del Código Penal que obstaculizan las investigaciones contra la corrupción, colocando inmediatamente el tema en la agenda legislativa.
Por otro lado, este caso debe servir para reabrir otros casos similares que causaron perjuicios inmensos a grandes cantidades de personas, pero que aun permanecen en la impunidad, como por ejemplo, el caso de los afectados por el robo de sus ahorros en el Banco de los Trabajadores, y similares, pendientes aun de justicia.
También es conveniente que el gobierno a través de secretarias como la SEDESOL, SEMPRENDE y otras diseñen e implementen planes de apoyo económico social a las personas más afectadas, a aquellas que lo perdieron todo en esta estafa, para ayudarles a recuperar sus vidas, como lo haría en el caso de cualquier situación de calamidad pública.
UNA BOMBA DE RELOJERIA CONTRA EL PROCESO ELECTORAL DE NOVIEMBRE
Yendo más allá de lo inmediato, todo indica que, lo que hemos visto, apenas es el comienzo. Quienes están detrás de la situación no parece que quieran contenerlo en un mero caso de estafa piramidal, sino en llevarlo al nivel de una crisis social y política.
Hay sectores interesados en explotar la exacerbación de pasiones que se han levantado en decenas de miles de personas, particularmente en la ciudad de Choloma, para manipularlo en el contexto electoral de este año. Y no me refiero sólo a que la propaganda electoral explote este caso propagandísticamente, echándose mutuamente las culpas, cuando es evidente de que todos tienen parte de responsabilidad en el problema; me refiero a que asoma como una amenaza para desatar un caos social que obstaculice el mismo proceso electoral en noviembre, abonando a la causa de los mismos sectores perversos que generaron el caos en las elecciones primarias e internas el 9 de marzo recién pasado.
Ojo con eso. El pueblo debe estar alerta para identificar a quienes nuevamente intenten impedir que el electorado acuda a las urnas el próximo 30 de noviembre.