Por Comisión Política del PGT, 1955

Introducción

Por Alejandro Del Águila

Tras la masacre promovida por la reacción ultraconservadora del Movimiento de Liberación Nacional (MLN) de Carlos Castillo Armas en 1954 contra la llamada revolución democrática, o de Octubre, que desarticuló todo el tejido social revolucionario (Sindicatos y Comités Agrarios), el Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT) divulgó, a manera de balance, un documento clandestino en 1955.

El PGT fundado en 1949, tras la contrarrevolución, paso a la clandestinidad. La Comisión Política, exiliada en México introdujo este documento clandestinamente a Guatemala, en cajas de Leche de Magnesia, y  por el efecto que género en la militancia, haciendo un paralelismo de los efectos de ese medicamento en el aparato gastrointestinal, jocosamente se le denominó el documento de la magnesia.

Tal documento fue una autocrítica, aunque a medias, de las políticas impulsadas por el PGT en el periodo de gobierno de Juan Jacobo Arbenz y en los momentos de la invasión contrarrevolucionaria.

El documento menciona que el PGT no supo aplicar la línea política votada por la dirección, pero sin indicar en que consistió el incumplimiento, tampoco cuestionó la famosa “línea política”. El tema de fondo es que tal “línea política” estaba  influenciada por la orientación estalinista para los países neocoloniales, de la llamada “revolución por etapas”, y consistía en  esquema que ordenaba desde Moscú que las tareas de los comunistas eran: en una primer etapa, los comunistas debían impulsar una revolución democrática burguesa, en alianzas con supuestas fracciones democráticas de la clase capitalista,  para dar paso en un momento posterior, en una segunda etapa,  a una revolución socialista.

Esta teoría de la “revolución por etapas”, separadas artificialmente una de otra, era una repetición y continuación de tesis reformistas, que se tradujo en la desastrosa estrategia de Moscú de crear gobiernos de “Frentes Populares”, que en la década de los años 30 del siglo XX condujo al fracaso procesos revolucionarios en España y también en Francia. Después de finalizada la segunda guerra mundial, el Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS), aplicó esa misma estrategia, con algunos retoques, en países de América Latina, como Guatemala, dentro del patio trasero del imperialismo norteamericano

En el marco de la “guerra fría”, el gran problema para el PGT era que Guatemala estaba dentro del área de influencia de Estados Unidos, pactada en Yalta y Potsdam, y la URSS no iba a mover un dedo para apoyar un triunfo socialista en Guatemala. Las políticas del PGT dependían de las ordenes de Moscú. Esa era la esencia del stalinismo: los partidos comunistas aplicaban las políticas que convenian a la burocracia stalinista de Moscú.

Con esa orientación estratégica, el PGT se plegó acríticamente a los gobiernos “progresistas” de Juan José Arévalo y Jacobo Arbenz, apoyando un desarrollo capitalista, creyendo que, en alianza con los sectores democráticos y minoritarios de la burguesía criolla, se podía romper la alta concentración de la tierra en manos de grandes terratenientes y del monopolio estadunidense de la Unión Fruit Company.

En el documento que publicamos, el PGT con una autocrítica medianamente correcta, cuestionó a posteriori la confianza que depositaron en el llamado “frente democrático” con elementos de la burguesía y de la pequeña burguesía, que llegó a manifestarse en alianzas partidarias y en la participación en la coalición gubernamental. Pero, como tenía que ocurrir, estos supuestos aliados de la revolución, estuvieron durante cierto tiempo apoyando los gobiernos de Arévalo y Arbenz, hasta que en 1954 se sumaron a la contrarrevolución.

La autocritica del PGT cuestionó la confianza depositada en estos sectores y la acción institucional en el proceso de reforma agraria y, sobre todo, en la ingenua confianza depositada en el Ejercito, así como en la persona de Jacobo Arbenz. Pero, contradictoriamente, critica que las luchas de las masas giraron hacia un economicismo excesivo, y que en los momentos de la invasión no se exigió con fuerza la exigencia de armas para la población. Esta autocritica desnuda las ilusiones de que el Ejercito era leal y defendería la revolución.

La gran debilidad de la autocrítica del PGT es que no revisó la estrategia de la revolución por etapas, ordenadas por Moscú, y más bien embelleció el error estratégico al afirmar que el proletariado y el campesinado no lograron hegemonizar el “frente democrático”, sin explicar porque ocurrió esto.

Por último, el documento del PGT hace una interesante referencia al papel manipulador de las imágenes católicas y de la religión en general, con el uso que la reacción hizo del Cristo negro de la ciudad de Esquipulas, se golpeó el pecho por no tener una política de combatir el clero reaccionario.

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El 27 de junio de 1954, fue derrocado el Gobierno democrático de Guatemala que desde el 15 de marzo de 1951, por libre elección popular, presidía el coronel Jacobo Arbenz. Desde aquella fecha el pueblo guatemalteco se ha preocupado por establecer cuáles fueron los factores que condujeron a la derrota temporal del movimiento revolucionario de Guatemala. A su vez los pueblos del mundo se han preguntado también por qué Guatemala no presentó una mayor y más prolongada resistencia a la agresión norteamericana. Se han dado diversas versiones de los acontecimientos, hasta se ha especulado con muy poca seriedad acerca de ellos, pero ha faltado un análisis serio y profundo que descubra la causa fundamental de la derrota, que extraiga las enseñanzas principales que se derivan de aquellos acontecimientos para el pueblo y que, por consiguiente, alumbre con la luz de la experiencia el camino que las masas populares siguen en su lucha por hacer de nuestra patria una Guatemala democrática, próspera e independiente.

La Comisión Política del Comité Central del Partido Guatemalteco del Trabajo, con la ayuda de la probada doctrina científica de la clase obrera, el marxismo-leninismo, ha realizado un serio esfuerzo para hacer un examen correcto de aquella experiencia, el cual por razones muy comprensibles puede hacerse público hasta ahora, y que sin duda será de gran utilidad para la elaboración de la línea política del Partido, al mismo tiempo que ayudará a la clase obrera y a las masas populares guatemaltecas para orientarse mejor en su lucha contra la falsificación de los hechos y por sacudirse el yugo de la tiranía y de la dominación imperialista norteamericana.

De dónde provino la agresión

El gobierno de los Estados Unidos ha tratado vanamente de disfrazar los hechos y ocultar sus responsabilidades de organizador de la intervención, atribuyéndole al pueblo guatemalteco el derrocamiento del régimen democrático que él mismo se diera, y bajo el cual disfrutó de las más amplias libertades de toda su historia. La verdad que conoce nuestro pueblo, y que comprueba cada día más, es que el derrocamiento del gobierno legítimo de Arbenz, el aplastamiento brutal de todas las libertades y la destrucción de todas las conquistas revolucionarias y democráticas alcanzadas, es la obra de los monopolios yanquis, particularmente de los que tienen inversiones en Guatemala, o que codician las riquezas naturales de nuestro país, tales como la United Fruit Company y otros; es la obra, por consiguiente, del gobierno de los Estados Unidos, el cual hace tiempo se encuentra bajo el control de los grandes monopolios norteamericanos, en cuyo nombre practica una política agresiva y de sojuzgamiento colonial de nuestros países; es la obra también de la camarilla terrateniente-burguesa reaccionaria en la que se apoya y se ha apoyado siempre el imperialismo norteamericano para oprimir a nuestro pueblo y para saquear el país sin freno alguno.

Los invasores que el 17 de junio, procediendo de Honduras, violaron por dos puntos la frontera de nuestra patria y se internaron en nuestro territorio sembrando a su paso la desolación, el terror y la muerte, eran guatemaltecos solo en una mínima parte, la mayoría abrumadora estaba compuesta por mercenarios nicaragüenses, hondureños, salvadoreños, dominicanos y cubanos, una verdadera gama de aventureros fracasados, de hampones de la más baja calaña y criminales de oficio, que fueron reclutados y pagados por la United Fruit Company y entrenados durante varios meses en territorio de Nicaragua y Honduras por oficiales del Ejército de los Estados Unidos. Estas bandas de maleantes fueron armadas hasta los dientes por las compañías yanquis, en primer lugar, por la United Fruit Company, habiendo suministrado las armas el gobierno de los Estados Unidos, que usó de pantalla a los gobiernos títeres de Honduras y Nicaragua.

El hecho de que al frente de la invasión apareciera un grupo de guatemaltecos traidores, encabezados por el más traidor de todos, Carlos Castillo Armas, no reduce en nada el carácter extranjero de la agresión. Todo el mundo sabe que Castillo Armas y su minúscula pandilla de aventureros no disponían de cinco centavos para financiar la invasión y también es sabido que las contribuciones de los finqueros, los grandes comerciantes y los patronos reaccionarios apenas alcanzaban para saciar la voracidad de ese grupo de vividores. Todo el mundo sabe que los dominios de la United Fruit Company en Honduras, que llegan hasta las fronteras de Guatemala, se convirtieron en los últimos años en el principal centro de conspiración contra el régimen democrático de Guatemala: allí se elaboraban los planes que luego aprobaban Washington y Boston; allí se reclutaba a los saboteadores y terroristas que luego se enviaban al interior de Guatemala; allí se cocinaba la propaganda de sucias mentiras y calumnias contra las fuerzas democráticas y el movimiento revolucionario guatemalteco; allí se proyectaban y ordenaban los llamados “desfiles cívicos anticomunistas”; allí se disponían los numerosos viajes de los conspiradores para coordinar la acción con Somoza, Pérez Jiménez, Trujillo y Batista, a quienes el Departamento de Estado yanqui había ordenado “cooperar” en la realización de los planes para aplastar la democracia en Guatemala; allí, en fin, se reclutaba y se pagaba a los mercenarios que debían integrar el mal llamado “ejército de liberación”.

El gobierno de los Estados Unidos suministró los aviones que durante diez días consecutivos volaron sobre ciudades y aldeas de Guatemala, bombardeando no solamente objetivos militares, sino también hogares humildes, iglesias y escuelas, e incendiándolos. Aquellos aviones que ametrallaron la población pacífica de la ciudad de Guatemala, Chiquimula, Zacapa y otros lugares, con el fin de sembrar el terror y la desesperación, estaban piloteados por aviadores norteamericanos que después se han jactado cínicamente de su “hazaña”.

El golpe de Estado de los jefes militares traidores que derrocó al gobierno del presidente Arbenz en los momentos en que existían todas las condiciones para rechazar victoriosamente la agresión extranjera, fue planeado, financiado y dirigido por la embajada de los Estados Unidos en Guatemala. El embajador yanqui, John Peurifoy, un gángster y provocador de triste recordación en Grecia, a donde fue comisionado para organizar la matanza de patriotas griegos, fue el hombre escogido por el gobierno de los Estados Unidos para que ejecutara las órdenes de los monopolios norteamericanos de ahogar en sangre el régimen democrático de Guatemala.

Para que pueda comprenderse mejor por qué los imperialistas yanquis organizaron la intervención y agredieron a nuestro país para aplastar el movimiento revolucionario y derrocar el gobierno de Arbenz, es conveniente recordar algunos rasgos sobresalientes de la vida y la lucha de nuestro pueblo[...]

Las experiencias del Partido

El desarrollo del partido de los comunistas guatemaltecos

Fundado el 28 de septiembre de 1949 el Partido Guatemalteco del Trabajo ha acumulado en corto tiempo una rica experiencia. Nuestro Partido ha tenido que enfrentar situaciones y problemas muy complejos y tareas que algunas veces fueron superiores a su propia fuerza, a su experiencia y a su nivel teórico. De estas situaciones salió muchas veces victorioso, en otras su inexperiencia y su debilidad teórica fueron un obstáculo para triunfar, o bien no tuvo la fuerza necesaria para salir adelante con éxito.

Nuestro Partido ha tenido que desarrollar su labor en un medio muy atrasado en el que los enemigos de la clase obrera y del pueblo han realizado una venenosa propaganda anticomunista durante decenas de años, mucho antes de que naciera nuestro Partido y de que hubiera una organización que diera respuesta adecuada a las sucias calumnias de la propaganda anticomunista; en un medio en el que el clericalismo y el alcoholismo han sido armas principales de las clases reaccionarias dominantes, destinadas a minar la voluntad y el espíritu combativo y rebelde de la clase obrera y de todas las masas trabajadoras oprimidas.

Nuestro Partido, gracias al trabajo abnegado de sus escasos cuadros y de sus militantes, en su mayoría ganados recientemente para la causa del socialismo, logró romper el bloqueo político que desde su nacimiento quisieron imponerle las fuerzas reaccionarias, conquistó el apoyo y la simpatía de un gran sector de la clase obrera, de importantes masas campesinas y de los intelectuales y profesionales progresistas. Nuestro Partido fue el motor principal, el organizador y el dirigente de la lucha por la unidad de la clase obrera, el defensor más consecuente de la unidad cuando ésta cristalizó en su forma orgánica con la constitución de la CGTG, el organizador y el dirigente de las principales batallas de los trabajadores por sus reivindicaciones, el guía de la clase obrera en defensa de las reivindicaciones de los campesinos, y, en primer lugar, por la realización de la reforma agraria, el impulsor de la lucha por la rápida entrega de la tierra a los campesinos.

Nuestro Partido fue el que más se preocupó por la defensa de los derechos y reivindicaciones de la Juventud y de las mujeres. Nuestro Partido fue el más batallador por la unidad de las fuerzas democráticas y antiimperialistas, el que con más firmeza y patriotismo apoyó y defendió el régimen democrático del coronel Arbenz en cuanto que éste se orientaba por una política de contenido antifeudal y antiimperialista.

La consecuencia de la lucha del Partido en defensa de los intereses de las masas trabajadoras, de la democracia y de la independencia nacional, le ha ganado el odio bestial de las clases reaccionarias, odio que está ampliamente compensado por el creciente cariño, el respeto y la simpatía de la clase obrera, las masas campesinas y los elementos honestos de la intelectualidad democrática.

Como el cariño y el respeto del pueblo trabajador los ha conquistado nuestro Partido, merced a la consecuencia y abnegación de su lucha, ninguna ley fascista, ninguna campaña calumniosa, ningún género de terror, por brutal que sea, puede impedir que el pueblo confíe cada día más en nuestro Partido; ninguna medida puede liquidar al Partido de los comunistas guatemaltecos, porque nuestro Partido no surgió de manera incidental sino que ha nacido en el proceso de la lucha de la clase obrera por la liberación nacional y contra la explotación clasista, y tiene unido su destino, su vida y su suerte al desarrollo histórico de la sociedad, a la cabeza del cual inevitablemente debe marchar la clase obrera.

El desarrollo del Partido Guatemalteco del Trabajo está indisolublemente ligado a su lucha en defensa de los intereses del pueblo y de la patria; en lo sucesivo ésta seguirá siendo la fuente de su fuerza y de su crecimiento.

Junto a los éxitos destacados de la actividad de nuestro Partido se han cometido errores graves que debemos señalar con franqueza para extraer las experiencias que de ellos se derivan, a fin de evitar que en el futuro puedan entorpecer de nuevo la lucha exitosa del Partido.

La Comisión Política del Comité Central del Partido considera que en lo fundamental sus errores y debilidades arrancan de su propia línea política. La línea política del Partido era en lo general correcta, sin embargo, era en algunos aspectos insuficiente e incompleta en tanto que no trazaba una perspectiva concreta para enfrentar determinados problemas a los que más tarde se vio abocada la dirección del Partido. Esta insuficiencia de nuestra línea se debió sin duda al bajo nivel teórico del Partido y a que nuestro Congreso (el II Congreso del Partido, diciembre de 1952) no profundizó lo bastante la discusión de los problemas de mayor importancia para el desarrollo de la revolución.

Pero, sobre todo, el origen de los errores del Partido está en la deficiente asimilación de la línea política y en su mala aplicación, ya que aun cuestiones subrayadas por el Congreso, tales como el carácter de la revolución democrático-burguesa en un país semicolonial como el nuestro, y el papel del proletariado como fuerza dirigente de dicha revolución, no se tuvieron en cuenta más tarde, se subestimaron en algunos casos y no se desarrollaron de manera consecuente en el curso de la lucha revolucionaria. Examinemos los errores principales del Partido.

La alianza con la burguesía nacional

El Partido Guatemalteco del Trabajo no siguió una línea suficientemente independiente en relación a la burguesía nacional democrática. En la alianza con la burguesía democrática tuvo éxitos señalados, pero a su vez la burguesía ejerció cierta influencia en nuestro Partido, influencia que en la práctica constituyó un freno para muchas de sus actividades.

El PGT no estimó correctamente la débil capacidad de resistencia de la burguesía y no siempre tuvo en cuenta su carácter conciliador frente al imperialismo y las clases reaccionarias, de allí que haya tenido algunas ilusiones en el patriotismo, la lealtad y la firmeza de la burguesía nacional frente a las embestidas del imperialismo norteamericano.

El PGT, aunque teóricamente sustentaba el criterio leninista de que la burguesía nacional ya no es en la época del imperialismo una clase consecuentemente revolucionaria, y, por consiguiente, que debe ser la clase obrera la que se ponga a la cabeza y ejerza la hegemonía en la revolución democrático-burguesa, en la práctica se limitó a repetir una y otra vez esta concepción leninista, sin comprenderla en toda su profundidad; no luchó con la debida tenacidad porque la clase obrera conquistara la dirección del movimiento revolucionario, no se plantearon ni resolvieron las tareas concretas que era necesario realizar para asegurar la hegemonía de la clase obrera en el movimiento revolucionario.

Nuestro Partido se percataba de que muchos líderes de los partidos burgueses y elementos importantes del gobierno, cuyas vacilaciones eran ya conocidas, capitularían frente al imperialismo; se daba cuenta de que las vacilaciones del movimiento revolucionario obedecían particularmente a que la burguesía era la clase que aun jugaba el papel dirigente de la mayor parte del movimiento revolucionario y que a éste le faltaba que la clase obrera pasara a ser la fuerza hegemónica del conjunto de fuerzas democráticas. Nuestro Partido abrigaba en el fondo la falsa concepción de que a la clase obrera guatemalteca no le era posible conquistar todavía la dirección del movimiento revolucionario, porque numéricamente era muy débil y políticamente estaba muy atrasada. Sin embargo, esta manera de plantear las cosas conducía a un callejón sin salida, más aun, conducía -como condujo- a que la dirección del movimiento revolucionario quedara en manos de la burguesía democrática hasta tanto la clase obrera no creciera y se desarrollara políticamente.

Es claro que nuestro Partido caía, sin proponérselo, en las posiciones oportunistas demolidas hace más de cincuenta años por el gran Lenin. A propósito de esta cuestión se dice lo siguiente en las Tesis del Instituto Marx-Engels-Lenin-Stalin, “El cincuenta aniversario de la primera revolución rusa":

La marcha de la revolución confirmó la justeza y la vitalidad de la estrategia y la táctica de los bolcheviques. Se confirmó plenamente la tesis leninista de que el proletariado puede y debe desempeñar el papel dirigente del movimiento revolucionario [...]

En un país campesino atrasado como Rusia, la clase obrera demostró que la verdadera fuerza y el papel del proletariado no dependen de que éste constituya o no la mayoría de la población del país, sino de su energía revolucionaria, de su conciencia política, de su capacidad para dirigir la lucha revolucionaria del pueblo, de su aptitud para atraer a la revolución, en calidad de aliado, a las masas campesinas.

Si nuestro Partido se hubiera detenido a examinar la cuestión a la luz del marxismo-leninismo habría comprendido que la pequeñez numérica de la clase obrera guatemalteca no era un obstáculo insuperable para que asumiera la dirección del movimiento revolucionario, y en lo que respecta al atraso político de la clase obrera la cuestión dependía enteramente del propio Partido, de lo que éste hiciera para pertrecharse a sí mismo y a la clase obrera con la teoría marxista-leninista, de la voluntad, la energía y la audacia que pusiera nuestro Partido en la tarea de elevar el nivel político de la clase obrera y. en particular, su conciencia del papel dirigente que le corresponde en la revolución antifeudal y antiimperialista.

Hay otras manifestaciones importantes de las concesiones que en la práctica hizo el Partido a la burguesía democrática.

El PGT, por ejemplo, cometió el grave error de no denunciar y combatir públicamente a aquella parte de la alta oficialidad del ejército que se sabía que era, por razones de clase y de ideología, enemiga del movimiento revolucionario y de las transformaciones fundamentales que estaban en marcha en Guatemala. El Partido no confiaba en los traidores como Monzón, Sánchez, Aldana Sandoval, Parinello y otros más, pero por una falsa manera de enfrentar el problema, aceptando en cierto modo la falsa concepción burguesa de la “apoliticidad” del ejército -cortina de humo tras de la cual los jefes han realizado siempre una política reaccionaria-, y temiendo que se pudiera acusar al Partido de actos provocadores, no los desenmascaró públicamente, limitándose a exponer sus puntos de vista en círculos estrechos del campo democrático y al presidente Arbenz. El PGT contribuyó a alimentar ilusiones en el ejército al no desenmascarar la verdadera posición y la actividad contrarrevolucionaria de los jefes del ejército, al publicar en su órgano central, sin la debida crítica, los discursos de Arbenz en que se hacía mención de la “lealtad” de los jefes militares, y las hipócritas declaraciones de éstos, a pesar de que no era de esperar que los jefes militares se enfrentaran al imperialismo yanqui aun en el caso de que éste agrediera nuestra patria.

Nuestro Partido no asumió una consecuente actitud crítica frente a la burguesía democrática, a veces se fue complaciente con ésta, olvidando que la alianza con la burguesía no debe atar las manos al Partido para criticarla y para censurar sus múltiples vicios y sus actos inconsecuentes con el pueblo y el movimiento revolucionario.

Al examinar nuestro trabajo de frente único volveremos sobre esta cuestión.

El trabajo del partido en la clase obrera

El Partido Guatemalteco del Trabajo desarrolló un enorme y fructífero trabajo en el seno de la clase obrera, llevó adelante una correcta política de frente único en el movimiento sindical, combatió el sectarismo y el espíritu de grupo dentro y fuera del Partido, encabezó grandes luchas victoriosas de los trabajadores en defensa de su salario y de sus reivindicaciones principales. Pero nuestro Partido se limitó a un trabajo de tipo economicista en el seno de la clase obrera, no supo ligar la lucha por las demandas económicas y el trabajo en el campo sindical con el trabajo político cotidiano que corresponde realizar al Partido revolucionario de la clase obrera, no supo realizar la agitación y la propaganda políticas en el seno de la clase obrera, a fin de que ésta comprendiera correctamente los fenómenos sociales y políticos que tenían lugar, la posición de los diversos partidos y de las distintas clases frente a dichos fenómenos, la posición y la línea política de nuestro Partido.

Al Partido le faltó tenacidad e intransigencia en el trabajo organizativo en el seno de la clase obrera, lo que nos impidió aprovechar al máximo la gran influencia y la autoridad del Partido, en general, y de algunos camaradas, en particular, en el movimiento obrero.

Aun mucho antes de producirse la agresión norteamericana y el golpe de Estado de los militares traidores, el PGT era decidido partidario de que se armara a los obreros y los campesinos, considerando esta tarea como la clave del triunfo de las fuerzas democráticas frente a una inminente intervención extranjera. Sin embargo, el Partido no planteó esta tarea ante la clase obrera con toda la energía y la audacia que era necesario, la planteó solamente a algunos aliados, y más tarde, frente a la inminente invasión extranjera, la planteó con retraso y con mucha debilidad ante las masas trabajadoras.

La principal gestión del Partido en este sentido se hizo por arriba, con algunos aliados. El Partido se había enredado en el temor de que se podía producir un golpe del ejército, o por lo menos una imposición política de éste, si planteaba abiertamente la cuestión de las armas para la clase obrera y los campesinos, y no supo encontrar la forma y la oportunidad de plantear la cuestión cuando anteriormente pudo haberlo hecho. Aun en el momento de iniciarse la agresión norteamericana el problema no fue bien planteado pues el Partido dio a las organizaciones populares la iniciativa de demandar primero instrucción militar, para después solicitar pelear junto al ejército en la defensa de la patria.

Esta manera de plantear las cosas alimentaba ilusiones en las masas sobre el papel que jugaría el ejército, pues hacía suponer que el ejército era leal en su totalidad, que combatiría dignamente contra el invasor y que mantendría honrosamente su juramento de defender la inviolabilidad del territorio nacional, la soberanía nacional, las instituciones democráticas y el gobierno legítimo electo por el pueblo.

Es cierto que el Partido organizó numerosas brigadas de obreros, campesinos y jóvenes para luchar contra la intervención, es bien cierto que estas brigadas, armadas solamente con machetes y palos, le hicieron frente a los grupos reaccionarios en diversos lugares del país, pero en lo fundamental se esperó a que las armas las diera el ejército en cumplimiento de una orden del presidente Arbenz. El ejército, por su parte, que no recibió tal orden hasta un día antes del golpe de Estado, rechazó una tras otra las solicitudes de los sindicatos, de las uniones campesinas y las organizaciones populares de recibir entrenamiento militar y armas.

Nuestro Partido no combatió con las masas la negativa del ejército a armar a los obreros y los campesinos, no desenmascaró públicamente el fondo de clase de esta negativa, encubierta hipócritamente con declaraciones de fingido patriotismo y de autosuficiencia para rechazar al invasor. Nuestro Partido no desplegó una enérgica actividad para que la consigna del armamento del pueblo fuera una consigna comprendida y sentida por cada obrero y por cada campesino, por cada luchador antiimperialista de tal manera que se desarrollara en cada uno la iniciativa de armarse a toda costa. Como no se hizo este trabajo los campesinos procedieron ingenuamente a entregar a las autoridades militares y civiles las armas que los aviones invasores arrojaban en paracaídas en distintos lugares del país. El Partido cometió un grave error al elogiar este acto ingenuo de los campesinos y al dar instrucciones en algunos lugares para que se procediera de igual forma, temiendo una “prematura” fricción con el ejército y abrigando la esperanza de que se podría conseguir por arriba la decisión de armar al pueblo. Es verdad que las armas arrojadas en paracaídas por los invasores no fueron muchas y que una buena parte era vieja o estaba inutilizada, pero esta circunstancia no atenúa en lo más mínimo el error del Partido.

Finalmente, el Partido cometió el error de no preocuparse por organizar el trabajo revolucionario en el seno del ejército. Se desaprovecharon magníficas oportunidades que brindaba la Reforma agraria para acercarse a los soldados, para ligar a los soldados, en su gran mayoría de origen campesino, a la clase obrera, para hacer un serio trabajo de agitación y propaganda por los objetivos del movimiento revolucionario, contra la venenosa labor anticomunista y contrarrevolucionaria de los jefes y oficiales reaccionarios.

El frente único de las fuerzas democráticas

El Partido siguió una correcta línea de alianza de todas las fuerzas democráticas y antiimperialistas contra los terratenientes feudales, la burguesía reaccionaria y el imperialismo yanqui. Sin embargo, en la aplicación de la justa línea de frente único el Partido concedió más importancia a la alianza con los partidos democrático-burgueses, que a la forja de una firme alianza de la clase obrera y los campesinos. El Partido no tuvo suficientemente en cuenta que el frente único de todas las fuerzas democráticas debía tener como núcleo fundamental la alianza de los obreros y los campesinos, que los campesinos son el aliado natural y más próximo de la clase obrera y que tal alianza es indispensable para que la clase obrera pueda ejercer la hegemonía del movimiento revolucionario y garantizar su desarrollo consecuente.

El Partido creó las condiciones para una estrecha alianza de los obreros y los campesinos al conducir la lucha de la clase obrera por la realización de la reforma agraria, haciendo de ésta una consigna propia de la clase obrera, al luchar de manera consecuente por la satisfacción de las demandas de los campesinos y exigir la entrega inmediata de la tierra a los campesinos, sin distinción de opinión política o religiosa, ni de que fueran o no miembros de alguna organización de masas. Sin embargo, estas condiciones favorables no se supo aprovecharlas al máximo, ni se supo encontrar las múltiples formas concretas de utilizarlas en interés del fortalecimiento de la alianza obrero-campesina.

En cuanto a la alianza del Partido con los partidos de la burguesía democrática, debe indicarse que fue el resultado de una justa táctica que correspondía a los intereses del pueblo y a los objetivos del movimiento revolucionario y democrático. El Partido fue perseverante en sus esfuerzos para mantenerla y perfeccionarla y es justo reconocer que en los partidos democrático-burgueses, junto a los elementos capituladores y reaccionarios incrustados había fuerzas y elementos que respondían consecuentemente a la línea de unidad de las fuerzas democráticas, gracias a la cual se alcanzaron importantes conquistas económicas, sociales y políticas. Las fallas de nuestra parte radicaron en cuatro cuestiones fundamentales: En primer lugar, la dirección del Partido realizaba un trabajo serio por arriba, con los dirigentes de los partidos que integraban el Frente Democrático Nacional en proceso de desarrollo, pero el conjunto de las organizaciones del Partido no realizaban igual esfuerzo con los miembros y las organizaciones locales de los partidos burgueses democráticos, desatendiendo las reiteradas indicaciones del Comité Central del Partido de realizar el trabajo de frente único por la base. Esto les permitía a los líderes de los partidos burgueses el incumplimiento de los acuerdos y el entorpecimiento del desarrollo del Frente Democrático, en el cual aquellos líderes veían solamente un instrumento electoral, cuando no participaban en las reuniones solo para “complacer al señor Presidente”, cuya posición unitaria era conocida.

En segundo lugar, el Partido, temeroso de caer en posiciones sectarias, o de que se le pudiera tildar de “provocador”, limitó muchas veces la propaganda por su propio Programa y por su propia línea marxista-leninista, y ciñó sus actividades al ritmo lento y tortuoso del Frente Democrático. Debido a este erróneo criterio el Partido accedió a suspender la manifestación popular del día 18 de junio de 1954, tomando en cuenta las informaciones que tenía el gobierno de que esa tarde los aviones invasores iban a bombardear la ciudad, como efectivamente sucedió, pero al mismo tiempo el Partido no propuso ninguna hora ni fecha distinta para llevar a cabo la manifestación, ni luchó por convencer a los aliados de la necesidad de sacar a las masas a la calle para patentizar el respaldo popular del gobierno en aquellos momentos en que era tan necesario hacerlo. Esto expresaba una concepción falsa acerca del trabajo de frente único, concepción que colocaba al Partido a la zaga de sus propios aliados.

En tercer lugar, por las mismas falsas concepciones, el Partido no realizó la debida crítica del gobierno del coronel Arbenz, en el cual, como bien se sabe, no todos sus miembros eran sinceramente demócratas y antiimperialistas, por el contrario, junto a los elementos que tenían una posición democrática se movían los elementos reaccionarios y proimperialistas, los desfalcadores del tesoro público, los traidores como Elfego H. Monzón, ministro sin cartera, Luis Ángel Sánchez, ministro de la Defensa, y tantos otros más que tenían igual o parecida actitud, en forma abierta o solapada. Algunos de los males del gobierno de Arbenz se veían con indiferencia por el Partido considerándolos simples “males propios de un régimen burgués”, cuando precisamente por serlo los comunistas debimos practicar una justa crítica de los mismos, con lo cual se conseguía, entre otras cosas, educar a las masas trabajadoras, en primer lugar, a la clase obrera.

En cuarto lugar, como ya lo hemos dicho, el Partido permitió que la burguesía ejerciera sobre él cierta influencia nociva, influencia que por la debilidad teórica y política del Partido era tanto más perjudicial y que se manifestó no solo en la base sino que hasta en determinadas opiniones políticas de algunos de los principales dirigentes del Partido. Aquella influencia actuó como un freno de la actividad del Partido y no siempre la dirección del Partido supo descubrirla y combatirla a tiempo.

Sabiendo que la posición democrática y antiimperialista del presidente Arbenz no era compartida por una parte muy importante de su gobierno, el Partido siguió la política de vigorizar el respaldo de las masas a Arbenz como una manera de afirmar la posición de éste en el seno de su gobierno y frente al ejército, pero el Partido cometió el error de no levantar al mismo tiempo ante las masas al Comité Central y a los principales dirigentes del Partido, por lo cual se mantuvo en las masas la concepción de Arbenz como jefe de la revolución, lo que hizo perder de vista que Arbenz era, a pesar de su respeto por las promesas que había hecho al pueblo, de su consecuencia y del arraigo de sus convicciones democráticas, un exponente y un líder de la burguesía nacional que no podía por sí solo decidir sobre su propia clase.

El Partido subestimó la necesidad de elaborar y practicar una política de frente único con los católicos, no prestó suficiente atención a la réplica a la calumniosa campaña reaccionaria que presenta a los comunistas como enemigos de la libertad de conciencia y a los cultos religiosos, campaña llevada a cabo con notorio desparpajo por los dirigentes de ideología fascista de la Iglesia Católica, cuyas vinculaciones con los monopolios extranjeros, con la burguesía reaccionaria y con los terratenientes feudales no fueron desenmascaradas oportunamente por nuestro Partido. Por ello el clero reaccionario pudo movilizar con relativa facilidad a algunos sectores católicos en favor de la intervención extranjera.

(Crítica retrospectiva de una derrota)

 Por Adolfo Gilly

Revista Coyoacán No 3, Abril-Junio de 1978

En memoria de Marco Antonio Yon sosa, Francisco Amado Granados, Augusto Vicente Loarca, David Aguilar Mora, Eunice Campirán, Iris Yon, Chinto, Paco y todos mis compañeros del MR-13 caldos en combate.

En memoria de Luis A. Turcios Lima y sus compañeros que, por otras vías, buscaban los mismos objetivos que nosotros.

I

El prolongado, lento y accidentado proceso de la ruptura del proletariado y de las masas explotadas de América Latina con la ideología nacional-burguesa, es decir, el proceso de la organización de su conciencia socialista de clase, es una larga tarea en la cual se combinan las · experiencias y enseñanzas que la lucha de clases misma deja en la conciencia obrera con las discusiones teóricas y políticas en el seno de la vanguardia revolucionaria.

Cuando estas discusiones teóricas quedan en los papeles, el tiempo las sedimenta o las olvida y la práctica da finalmente, por otros caminos, su veredicto. Pero cuando ellas se encarnan en las formas prácticas de organización de las luchas, entonces ese veredicto suele ser, a la vez, más confuso y más grandioso, porque en él se mezclan, a la lógica de los argumentos contrapuestos, la intervención violenta del enemigo de clase contra uno y otro sector de los revolucionarios y los errores subjetivos de éstos mismos en la aplicación concreta de sus programas -abstractos, La discusión se hace así inseparable de la lucha de clases, adquiere toda la violencia de ésta y queda marcada por una huella indeleble de sangre, de presos y de muertos. Si, peor aún, se salda con una derrota -pues por cada revolución victoriosa, cuántas hay derrotadas: la revolución es un largo camino sembrado de derrotas, no una taza de té a las cinco de la tarde-, entonces la discusión política suele convertirse en la búsqueda de responsables y culpables, y toda objetividad, condición primera de la verdad, queda perdida.

La lucha guerrillera, no es preciso repetirlo, fue en sus inicios una sublevación contra la ideología y la práctica reformistas de las viejas direcciones socialistas y comunistas de la izquierda tradicional. Pero al realizar una crítica práctica pero no teórica de este reformismo, dejó abiertas las puertas para que él penetrara en sus filas por otras vías.

Todos los caminos del reformismo, aún los más "radicales", llevan a un mismo punto: la equivocación sobre el carácter de clase del Estado; la creencia en la posibilidad de trasformar --de revolucionar, incluso- el Estado de la burguesía convirtiéndolo en un Estado "revolucionario"; la confusión entre Estado y gobierno; Y la idea de que no es imprescindible destrozar ese Estado y fundar otro sobre nuevas bases sociales proletarias, sino que simplemente basta capturar el gobierno y desde allí cambiar el Estado. Pero la equivocación sobre el Estado no es más que la forma de expresar un error más profundo: la incomprensión y la equivocación sobre la clase obrera, tanto en su dimensión teórica como· en su manifestación concreta en la formación· social dada. 

La ideología guerrillera de los años 60 en América Latina fue también víctima de esta doble confusión, que se expresó en sus programas tanto como en sus alianzas. Llegó a ella idealizando su propia experiencia de ruptura práctica con los viejos reformistas, ruptura en la cual el proletariado les parecía no desempeñar ningún papel y, antes bien, fo veían como adormecido y subordinado a aquellas corrientes reformistas, fueran estas socialistas, comunistas, nacionalistas o sindicalistas. Como fuerza activa de la revolución se les aparecía entonces el campesinado, los pobres entre los pobres, aquellos a quienes el capitalismo no podía "corromper". En la idealización del campesinado estaba implícito todo el contenido moral -en el buen sentido de la palabra- de la sublevación guerrillera contra las descomposiciones paralelas del capitalismo y de los diversos reformismos, promotores de las mil y unas "vías pacíficas al socialismo".

Pero la indignación moral, por justificada que ella sea, y la voluntad de militancia y de sacrificio en el combate, no pueden sustituir a la teoría revolucionaria: tienen que basarse en ella. Pues sin ella, no es posible tampoco basarse en la única clase antagónica al capitalismo y a su Estado: el proletariado, por distante que pueda parecer, en un momento dado, el proletariado concreto de un país determinado, de la comprensión concreta de su papel histórico. Sin este fundamento, la lucha revolucionaria se desvía, se estanca o se paraliza y la moral se decepciona o se descompone. Entonces el Estado, organización burguesa de la violencia y de la conciencia para la extracción del producto excedente mucho más vasta, ramificada y sutil que su núcleo central (el aparato represivo), queda nuevamente dueño del terreno y de las cabezas mismas de los revolucionarios.

La desintegración del guerrillerismo, que fue también la dolorosa dispersión de buena parte de la vanguardia más resuelta y entregada de toda una generación de revolucionarios latinoamericanos, jalona duramente la verdad de estas tesis básicas del análisis marxista.

En realidad, uno de los factores que contribuyó en Cuba (y puede repetirse en otros países) a que la lucha guerrillera sacudiera al conjunto del Estado ha sido la tradición de una lucha similar anterior (Martí y Gaiteras) por la independencia nacional junto con una débil e incompleta formación del Estado burgués, (enmienda Platt, Guantánamo, el sargento Batista como jefe del ejército nacional. .. ) y en consecuencia de la burguesía, y un proletariado aguerrido y relativamente fuerte. También en Nicaragua el Estado burgués nacional se formó tardíamente, con la retirada de los marines en 1934, y tomó la forma "anormal" de la llamada "dinastía somocista", y también allí persiste la tradición de la lucha guerrillera de Sandino contra el imperialismo. Pero una diferencia objetiva con Cuba -fuera de las subjetivas, que hacen tanto a les revolucionarios como a la conciencia adquirida por las clases dominantes- reside en la distinta solidez, tradición anterior y nivel de organización conquistados por la clase obrera, notoriamente superiores en Cuba en la época de la revolución castrista.

Allí donde el Estado nacional se constituyó normalmente en el siglo pasado, la lucha guerrillera, incluso en países con grandes masas campesinas, nunca ha podido superar el estadio de focos locales o movimientos regionales para abarcar el ámbito nacional donde se ejerce la soberanía de ese Estado.

Las guerrillas, no obstante, no se han extinguido totalmente, en la medida en que la crisis del capitalismo radicaliza a nuevos sectores de la pequeña burguesía sin que éstos encuentren la presencia política independiente del proletariado en la sociedad. Pero han declinado notablemente, también en la medida en que ese proletariado, particularmente en el último decenio, hace sentir en forma creciente su presencia social y, sin llegar todavía a constituirse en dirección política, ejerce un creciente poder de atracción sobre la radicalización de la pequeña burguesía.

Hace ya quince años, entre 1963 y 1966, todavía en pleno ascenso de la ideología guerrillera, tuvo lugar el primer intento de "ruptura" desde adentro de esa ideología para asumir un programa proletario. Fue en Guatemala. Del seno de un movimiento guerrillero, el Movimiento Revolucionario 13 de Noviembre, surgió una ... tendencia que planteaba el papel del proletariado como fuerza dirigente de la revolución, en alianza con la gran masa campesina del país. (Guatemala era y sigue siendo, estadísticamente, el país más agrario de Centroamérica, con apenas un 36% de población urbana, contra un 50.6% de Nicaragua y un 51 % de Panamá, en el otro extremo).

De este planteamiento surgían dos conclusiones. Una, el programa socialista de la revolución, en vez del programa democráticoburgués como límite infranqueable en esta etapa; destrucción, en consecuencia, del Estado burgués y su sustitución por un Estado de los obreros y campesinos fundado sobre sus propios órganos de autogobierno. La otra, la necesidad de un partido obrero, y no solamente de un movimiento guerrillero, que conquistara la dirección del proletariado y las masas con ese programa y organizara la lucha por él a escala nacional.

Este primer intento se saldó, en 1966, con una derrota muy grave. Pese a los años trascurridos nos parece útil, frente al nuevo curso de la revolución en América Latina en el cual crece y crecerá el papel de la clase obrera, hacer un escueto balance de aquella experiencia en términos marxistas, términos que, estamos convencidos, ninguno de los protagonistas estuvimos en aquel entonces en condiciones de utilizar a fondo en la polémica. Esta tuvo, así, una fuerte carga ideológica y pasional que oscureció completamente, entre la polvareda y el estruendo de las diatribas y las acusaciones, los errores reales y los aciertos reales de un episodio de la lucha de clases cargado de enseñanzas y digno de ser analizado y discutido objetivamente. Es este propósito, y no el de reabrir viejas querellas, el que nos lleva ahora a abordar el tema.

II.-

La clase obrera guatemalteca, a diferencia de aquellos años, es hoy notablemente más numerosa, más organizada y con mayor peso en la economía y en la sociedad. Ella avanza a ocupar el primer plano de las luchas sociales. Importantes huelgas de azucareros, mineros y otros sectores industriales y de servicios, así como el desarrollo en número y en actividad de los sindicatos y de fa central sindical, han marcado todo el año 1977, pese a la continuidad de una represión despiadada que, con pequeños altibajos, dura ya veinticuatro años.

En vísperas de las elecciones presidenciales de marzo de 1978 triunfó una huelga de trabajadores del Estado que luego se generalizó a los sectores de ferroviarios, telegrafistas, postales y médicos internos y residentes. Poco antes habían logrado aumentos los obreros panaderos y los trabajadores de la construcción de un importante proyecto hidroeléctrico. Estas movilizaciones se combinan con la agudización de la crisis interburguesa, cuyo testimonio más visible es la disputa en torno al resultado de las elecciones presidenciales.

La raíz de esta crisis, como la de Nicaragua, como la de otros países de Centroamérica, no está tanto en esas movilizaciones de los trabajadores, que atraviesan sólo sus estadios iniciales, como en las trasformaciones sufridas por la estructura económica del país en los últimos diez años. Junto con cierto crecimiento del sector industrial favorecido por el Mercado Común Centroamericano, se ha desarrollado un nuevo sector del capitalismo agrario ligado a la exportación y a las multinacionales. Este sector entra en conflicto con los terratenientes y burgueses beneficiarios de la estructura de propiedad agraria tradicional en Guatemala, basada en una baja inversión de capitales y una elevadísima explotación de la abundante y barata fuerza de trabajo campesina, que han sido el principal sostén local de la dictadura de Peralta Azurdia en 1963-66 y do 1m candidatura en las últimas elecciones.

Esta combinación de factores -crisis interburguesa, peso de los problemas agrarios, experiencias anteriores de las masas, paulatina reorganización y movilizaciones del proletariado en luchas económicas- anuncian la forma específica que toma en Guatemala la transición hacia la nueva fase de la revolución en América Latina.

Las masas no abandonan nunca del todo sus experiencias históricas. A nivel de esas masas, viejos militantes del período de Arbenz (cerrado con el golpe pro imperialista de junio de 1954), oscuros organizadores obreros, campesinos o maestros milagrosamente escapados a las represiones y las masacres de los veinticuatro años siguientes, han sido el eslabón que contribuyó a trasmitir a las nuevas generaciones de organizadores sindicales las enseñanzas y las tradiciones de aquella época.

A nivel de la vanguardia y de la lucha programática por la organización del partido marxista, nos parece útil rescatar en estas páginas algunos puntos fundamentales de la pequeña experiencia del Movimiento Revolucionario 13 de Noviembre y de su proyecto de revolución socialista. De sus aciertos y de sus errores podrá también sacar enseñanzas la nueva vanguardia revolucionaria y obrera que se está formando en este período en Guatemala.^[1]

III.-

El Movimiento Revolucionario 13 de Noviembre (MR-13), cuyo principal dirigente fue el comandante Marco Antonio Yon Sosa, en sus orígenes fue, como es sabido, un movimiento guerrillero iniciado por oficiales nacionalistas después del fracaso de su insurrección del 13 de noviembre de 1960, que dio nombre al movimiento. Entre sus fundadores se encontraba uno de los lugartenientes de Jacobo Arbenz, el teniente coronel Augusto Vicente Loarca, muerto en combate a mediados de 1965 en las calles de Guatemala.

Bajo la influencia de la revolución cubana y del campesinado de su país, el movimiento fue radicalizándose progresivamente^[2]. En este proceso, el movimiento hizo una infortunada experiencia de alianza con el PGT, en la cual éste trató de convertir a la guerrilla en un instrumento de presión (el "brazo armado") de su política de alianzas con un sector de la burguesía, bajo la perspectiva de la revolución democrático burguesa como objetivo y de la alianza de clases como medio para alcanzarla. Esta subordinación de la guerrilla a los fines del Partido Comunista se aseguraba mediante diversos tipos de presión, desde el control de los contactos internacionales por la dirección urbana (es decir, por el partido), hasta el control y la dosificación de los abastecimientos a los frentes guerrilleros según su docilidad (o no) a los virajes y las necesidades de la dirección del PGT.^[3]

En esa combinación de radicalización y decepción, que provocaba una constante crisis en su dirección y amenazaba extinguirlo, el MR-13 entró en contacto, a través de uno de sus dirigentes, Francisco Amado Granados, con los trotskistas mexicanos, agrupados entonces mayoritariamente en el Partido Obrero Revolucionario (Trotskista), hoy desaparecido, perteneciente a la tendencia del Buró Latinoamericano de la IV Internacional (llamada posadista).^[4] A partir de 1963, los trotskistas empezaron a ayudar al MR-13 a romper el cerco de abastecimientos y pertrechos militares a que lo tenían sometido sus aliados del PGT. Fueron -preciso es decirlo, y lo dicen incluso sus adversarios- eficaces, responsables y leales en sus compromisos. La guerrilla encontró los medios para recibir armas, municiones y dinero sin pasar por la "red de apoyo" ·controlada por los reformistas.

Pero esa nunca fue ni dijo ser una simple tarea "solidaria". Desde un principio, se entabló también una continua discusión política entre la dirección del MR-13 y los trotskistas. Sería ingenuo atribuir esto, así como la radicalización del MR-13, a "habilidad" de los trotskistas. Afirmarlo así, es empobrecer terriblemente la imagen de un proceso rico y complejo en sus determinaciones.

En realidad, esa radicalización era un curso que tenía hondas raíces objetivas, tanto en la experiencia vivida por los dirigentes del MR-13 como, sobre todo, en la tradición de 1a revolución guatemalteca misma. Durante el período del presidente Jacobo Arbenz, bruscamente cortado por la contrarrevolución de Castillo Armas y Foster Dulles en 1954, Guatemala había hecho la experiencia más completa y amarga de revolución democrático burguesa frustrada por no desarrollarse en revolución socialista y no destruir a la contrarrevolución burguesa, y de reforma agraria incompleta por no movilizar y armar a las masas campesinas para repartir las tierras y defenderlas. El trágico fin de la revolución guatemalteca en 1954, así como marcó a fondo a uno de los revolucionarios que vivieron esos acontecimientos, Ernesto Che Guevara, y lo preparó para contribuir a llevar hasta el fin socialista la revolución cubana, también quedó grabado en la conciencia de muchos obreros, campesinos, incluso militares guatemaltecos cercanos a Arbenz. Ei resultado contrario de la revolución cubana apenas seis o siete años después, que pudo afirmarse porque no se detuvo a mitad de camino en la etapa democrática, sino que continuó en forma ininterrumpida hasta destruir el Estado de la burguesía y culminar en revolución socialista, fue la otra gran enseñanza complementaria para muchos de esos guatemaltecos. No sólo esta última, sino la combinación de estas dos experiencias, la más dura de ellas· vivida en carne propia, fue lo decisivo para la maduración empírica de sus conciencias.

Allí hay que buscar la explicación de su encuentro con el trotskismo. Ninguna cantidad de "habilidad'' de los trotskistas hubiera servido para hacer aceptar a los militares nacionalistas revolucionarios guatemaltecos el programa de la revolución permanente, si esa experiencia empírica no hubiera estado grabada de antemano en sus cabezas. Por eso fue en Guatemala; no en Colombia o en Venezuela, donde primero apareció la revolución socialista en el programa de un movimiento guerrillero. Puede decirse que fueron los guatemaltecos quienes, impulsados por esas determinaciones no totalmente conscientes de sus experiencias anteriores, buscaron a la corriente del comunismo trotskista. La encontraron a través de una de sus tendencias que, con todas sus virtudes y defectos, como veremos más adelante, era entonces mayoritaria en América Latina y venía de una antigua tradición obrera.

De las discusiones entre esos trotskistas y el MR-13 y de la experiencia de colaboración práctica surgió un acuerdo programático. A fines de 1963, el MR-13 lanzó el programa de la revolución socialista para Guatemala. Esto quiere decir que rompió con la concepción reformista de que es inevitable una etapa histórica previa y extensa: de revolución democrático burguesa, diferenciada de la revolución socialista, antes de pasar a ésta, con una separación tajante entre ambas etapas. La concepción democrático burguesa de la revolución implica el mantenimiento de la estructura del Estado burgués y la introducción de reformas sociales por un gobierno progresista, tipo Arbenz en Guatemala o Salvador Allende en Chile; es decir, implica la concepción reformista del Estado de que hablábamos al comienzo de este artículo.

El MR-13, en cambio, hizo suya la perspectiva de la ligazón ininterrumpida entre la fase democrática y la fase socialista de la revolución, a través de un proceso de revolución permanente en el cual la primera se radicaliza y, bajo la dirección proletaria, se trasforma y culmina en la segunda. El MR-13 incluía así en su programa objetivo las conclusiones de la trasformación subjetiva que había sufrido su propia dirección, pasando del programa nacionalista democrático al programa socialista, bajo la influencia de su propia experiencia, de aquellas discusiones y de la observación empírica del proceso similar de la revolución cubana, entonces fresco y presente en la mente de todos los revolucionarios latinoamericanos.

Como resultado de ese acuerdo sobre el programa, os trotskistas se integraron en el movimiento guerrillero guatemalteco, al mismo tiempo que uno de los principales dirigentes de éste, Francisco Amado, ingresaba en la IV: Internacional (Buró Latinoamericano). No fue aquella una infiltración" clandestina, sino una integración abierta acordada con la dirección del MR-13. Inútil volver a explicar lo que cualquier revolucionario entiende en las condiciones de Guatemala: que ese ingreso no podía ser publicado en los periódicos y debía permanecer reservado a los marcos de la organización

Lo que en cambio fue publicado y propagandizado fue el programa socialista adoptado por el MR-13. Así fue como el movimiento guerrillero guatemalteco fue el primero --después de los trotskistas--- que proclamo clara y abiertamente el carácter socialista de la revolución latinoamericana, haciendo explícito lo que estaba implícito en la experiencia de Cuba, aunque contradecía el dogma democrático heredado de los Partidos Comunistas y sus aliados.^[5]

El paso dado por el MR-13 fue un momento importante de la batalla programática en toda América Latina. Así lo recibieron movimientos y militantes de otros países. Sus ecos se registraron en el curso de 1965, con mayor o menor profundidad, en Venezuela (un sector de las FALN), en Perú (el MIR de Luis de la Puente Uceda), en Uruguay (Raúl Sendic), en Ecuador, en Colombia, en Argentina, en Brasil e incluso en Estados Unidos. Podemos afirmar, sin temor a error, que llegaron hasta el último documento del Che Guevara en 1967, en una frase que luego dio la vuelta al mundo: “O revolución socialista, o caricatura de revolución”. Era la brecha, abierta por el MR-13.

IV.-

Pero el acuerdo programático constituía sólo el paso inicial de una vasta tarea. Para los trotskistas era evidente que no bastaba la aprobación de un programa para romper el cerco político del reformismo. Tenían mucho menos ilusiones que los revolucionarios del MR-13 en las virtudes mágicas de la proclamación de un programa socialista.

Un programa sin un partido que lo lleve a la práctica y cuya organización y educación corresponda precisamente a los fines y a los métodos de ese programa, no es más que una declaración intelectual de buenos deseos. Era necesario avanzar de movimiento guerrillero a partido obrero, y al mismo tiempo mantener la lucha armada. Estos objetivos, también explícitamente discutidos y acordados con la dirección del MR-13, marcaron la etapa subsiguiente.

No se trataba de construir un partido desde cero, a partir de un grupo de propaganda. Se trataba de la autotransformación de un movimiento existente, sobre la base del programa socialista, en medio de una lucha armada sin cuartel contra la dictadura militar de Peralta Azurdia. Esto obligaba a los trotskistas a ayudar al MR-13 con cuadros experimentados y, al mismo tiempo, a ganar la confianza de los dirigentes y militantes del movimiento hacia esos cuadros, que era la vía práctica a través de la cual ellos iban a medir al trotskismo.

Contra lo que afirmaron después algunos periodistas y narradores superficiales, Yon Sosa no era ningún ingenuo bonachón a quien convencían las palabras bonitas. Tenía la astucia y la inteligencia pragmática de los campesinos cuyo dirigente era, medía a los hombres por sus actos y no por sus discursos y los observaba larga y desconfiadamente antes de otorgarles su confianza (a diferencia de Turcios, más joven e impulsivo, menos reflexivo). Con ese criterio, sin decir palabra, iba juzgando a quienes llegaban a la guerrilla. Quien ha escrito lo contrario, no ha hecho más que ofender gratuitamente su memoria.

Así se incorporaron a la guerrilla guatemalteca, entre 1963 y 1965, por lo menos cinco dirigentes del trotskismo mexicano y algunos otros militantes en tareas de apoyo, además de los trotskistas de Guatemala. De tres de ellos —han muerto— conozco los nombres y puedo consignarlos aquí: David Aguilar Mora, Eunice Campirán, Felipe Galván. El POR de México tuvo que formar, en consecuencia, prácticamente una nueva dirección central de cuadros jóvenes para sustituir a los que había enviado a combatir a Guatemala. Cualesquiera hayan sido sus errores y su desintegración posterior como partido, algo dice de la educación militante de un pequeño movimiento el que haya aceptado semejante sangría en nombre de una tarea internacional.

Pero a esos militantes no les valían sus títulos en México.

Tenían que ganarse su autoridad sobre el terreno, como organizadores y como combatientes (ni más ni menos, para tomar un ejemplo clásico, como se la ganó el Che en las guerrillas de Cuba). Los trotskistas participaron, pues, en el abastecimiento de armas y pertrechos, en las tareas de propaganda, en las acciones armadas y en las más modestas, pero no menos importantes de cortar leña e ir por agua en la montaña o de manejar el mimeógrafo, hacer la comida, o repartir volantes en la ciudad. Así, con la responsabilidad expresa de ser los primeros en la acción y el esfuerzo y los últimos el el reparto de alimentos o de ropa, ganaron la confianza de Yon Sosa y de sus compañeros por la sola vía posible: no la palabra florida, sino la acción práctica y el ejemplo militante, única prueba veraz de la teoría. Ese comportamiento severo y austero, normal en un militante comunista, más todavía en la lucha clandestina cuya tradición se remonta a la III Internacional de los años 20, servía además para educar a un movimiento cuyos hábitos no venían de la clase obrera sino de su origen pequeñoburgués radical.

A la dictadura no la pueden derribar las solas acciones guerrilleras. La puede conmover, descomponer y finalmente tumbar la movilización social de las masas. Al ejército no lo disuelve la guerrilla o la ejecución de uno o diez de sus jefes, a quienes de inmediato. sustituye con otros (cosa que no puede hacer la guerrilla cuando matan a los suyos). Lo puede desintegrar la influencia de las movilizaciones sociales sobre los soldados y suboficiales. Las acciones guerrilleras no pueden reemplazar a esas movilizaciones. Su función es estimularlas o apoyarlas. facilitar las condiciones para que se organicen. Pero, a su vez, esas movilizaciones se disuelven en el aire si no tienen a su frente un partido revolucionario, arraigado en las masas, que las pueda organizar en objetivos políticos contra la dictadura y darles un programa y una perspectiva. Esta serie de verdades elementales de la lucha de clases y de la concepción marxista de la organización, vívidamente ejemplificadas en la experiencia vietnamita, se discutieron en el MR-13 antes que en cualquier movimiento guerrillero latinoamericano de esa etapa. Quedaron incorporadas a sus documentos públicos e internos donde se explica la necesidad de construir el partido.

Había que organizar ese partido en el seno de los trabajadores, partiendo de lo que ya era como organización el propio MR-13. Había que pasar de la concepción casi puramente militarista del pasado a la concepción marxista proletaria de la revolución. Esto significaba comprender la realidad social del país, formular consignas transitorias adecuadas, organizar células obreras y comités campesinos (forzosamente clandestinos en las condiciones terribles de la dictadura), favorecer la discusión política y la formación política de los militantes en torno a sus problemas concretos, educarlos en una severa disciplina militante que abarcara en una sola unidad vida política y vida "privada", editar un periódico central que llevara a la población las ideas, las propuestas, los análisis políticos y las acciones del movimiento guerrillero, formar un equipo de redactores y corresponsales de ese periódico, asegurar su circulación en los lugares de trabajo de la ciudad y en las zonas de influencia campesina del movimiento. Como la experiencia lo mostró todo esto era el paso. más difícil, aquel en que aparecerían a plena luz los errores, los esquematismos, las insuficiencias de tinos y otros, y en particular de los trotskistas. 

Ese paso se inició con una medida concreta: la publicación del periódico "Revolución Socialista" a partir de la mitad de 1964, primero mensual, luego quincenal, del cual alcanzaron a salir veinte números. No era un órgano de difusión de las acciones armadas o de simple denuncia de la dictadura. Esto se hacía sobre todo en volantes. Era un instrumento de formación y discusión, un orientador político, un "organizador colectivo" del partido. Imperfecto, con errores políticos, unos superados progresivamente, otros no, muy bien hecho técnicamente, sus dieciséis pequeñas páginas se centraban en el análisis internacional y nacional y en los problemas de organización del movimiento' obrero y campesino. "Revolución Socialista", mientras apareció, se convirtió en el centro político de los órganos de base en formación -obreros, campesinos, estudiantiles- del MR-13, y en su lazo más amplio con los sectores de la población influidos por fas acciones de la guerrilla.

En aquellos organismos -comités campesinos en las aldeas, patrullas de la guerrilla, células obreras y estudiantiles en la ciudad- "Revolución Socialista" era leído 'y discutido colectivamente, como material de información y de formación y como requisito para que los militantes del movimiento pudieran a su vez discutir su contenido en sus sectores de trabajo e intervenir en la formulación de la política del MR-13. El periódico llego a circular en la ciudad, en sectores de trabajadores electricistas; ferroviarios, telegrafistas; camioneros, de la salud y en el movimiento estudiantil; así como en el trabajo barrial. Posiblemente llegó a otros sectores también, pero no podernos asegurarlo. A fines de 1965 o comienzos de 1966, había penetrado en ingenios azucareros.

Los progresos políticos del movimiento tuvieron una afirmación decisiva en la· Conferencia de la Sierra de las Minas, realizada en el campamento Las Orquídeas, en diciembre de 1964. Allí se aprobó la Declaración de la Sierra de las Minas, que se convirtió en el programa central del MR-13. Regís Debray^[6] y algunos otros han dado versiones fantásticas de tercera mano, de esa reunión. Lo que habrían debido hacer, en cambio, es discutir el contenido y el significado del programa allí aprobado. Ni él ni sus amigos lo han hecho. En esa discusión podría verse que, en medio de muchos límites de esquematismo y falta de profundización de la realidad, ese programa era el único; en ese momento, que aparecía trazando una perspectiva socialista para la revolución guatemalteca y proponiendo las vías, las formas organizativas de masas y las consignas de lucha intermedias para alcanzar aquel objetivo. Su elaboración fue producto de fa discusión y la experiencia del movimiento, incluidas las pocas ideas contenidas en un documento que a esa misma conferencia presentó el Frente Guerrillero Édgar Ibarra, encabezado por Luis A. Turcios Lima. En todo eso radica, aún con todas sus limitaciones, su, valor perdurable en la lucha de clases guatemalteca y en el movimiento guerrillero latinoamericano, así como el eco que tuvo en otros movimientos más allá de las fronteras de Guatemala. Todo el año siguiente fue, para el MR-13, principalmente la implementación de las resoluciones y del programa de esa conferencia.^[7] 

V.-

Esta evolución de un sector importante de la guerrilla guatemalteca —que de un modo u otro influía también a los otros sectores, y en especial a las FAR de Turcios, el cual se había separado del MR-13 en febrero de 1965 pero sin haber roto jamás del todo sus viejos lazos con él— llevaba inevitablemente a un conflicto programático de envergadura y consecuencias que trotskistas y no trotskistas no alcanzaban, posiblemente, a imaginar. Ciertamente no lo imaginábamos nosotros, envueltos en el optimismo acrítico y la exaltación guerrillera.

Esa lucha programática estaba lejos de las formas educadas de los debates académicos. Se desarrollaba bajo la feroz represión de la dictadura y pagaba el precio de la clandestinidad y del atraso político del conjunto del movimiento revolucionario guatemalteco, que agudizaban el sectarismo y el ultimatismo en unos y otros.

Ella se combinó con un viraje acentuado de la situación mundial, que los trotskistas del Buró Latinoamericano fuimos totalmente incapaces de medir y comprender. El golpe de marzo de 1964 en Brasil ya lo anunciaba. El año 1965 fue testigo de una ofensiva del imperialismo norteamericano: los incidentes del golfo de Tonkín y la invasión de Vietnam del Norte a principios de año, la invasión a la República Dominicana, la caída de Nkrumáh en Ghana y —parcialmente distinta-— la de Ben Bella en Argelia, la terrible y profundísima derrota de la revolución en Indonesia a comienzos de octubre, la muerte de Luis de la Puente Uceda y la derrota de las incipientes guerrillas peruanas —cercanas a las posiciones del MR-13— en octubre de 1965. Esta ofensiva iba a culminar en 1967 en la guerra de Israel contra Egipto y, en América Latina, en las masacres mineras en Bolivia que preludiaron el exterminio de la guerrilla del Che.

Ese curso fue después progresivamente quebrado entre la ofensiva del Tet en Vietnam en enero de 1968, las grandes luchas del proletariado europeo a partir del mayo francés de 1968, la victoria definitiva de Vietnam entre 1973 y 1975 y la recesión generalizada de las economías imperialistas entre 1974 y 1976. Pero en 1965 estaba todavía ascendiendo, y se cernía sobre Guatemala anunciando las derrotas que amenazaban a las guerrillas y que se hicieron reales a partir de 1966-67.

En estas condiciones tuvo lugar la lucha entre el programa de la revolución permanente y el programa de la revolución por etapas, lucha que en realidad se dio y se resolvió en los hechos, más que en las palabras y en los documentos.

Ella fue agravada por un acontecimiento interno que, a su modo, era también un reflejo de ese curso de la revolución en el mundo. En octubre de 1965, Fidel Castro anunció la salida del Che de Cuba. Esta salida era, indiscutiblemente, una derrota del ala izquierda de la revolución cubana (sin que significara, por eso, un triunfo de su ala derecha, ya golpeada en la época de Escalante). Significaba que la dirección cubana se alejaría progresivamente de su política de extensión de la revolución en América Latina. Sin duda, no sólo las dificultades de Cuba y la situación internacional tuvieron un papel importante en estas decisiones, sino también, en forma determinante, la presión de la burocracia soviética en pleno auge de su política de "coexistencia pacífica". La Conferencia Tricontinental fue sólo una cobertura "de izquierda," para este viraje, que se haría mucho más evidente para todo el mundo a partir de 1967. Un síntoma inconfundible del significado de esta conferencia fue no sólo el peso del reformismo en sus delegaciones, sino sobre todo el ataque de Fidel Castro al programa de la revolución permanente y a los trotskistas del MR-13 en su discurso de clausura. Lanzado desde esa tribuna. y por el dirigente de la revolución cubana, este ataque tuvo consecuencias terribles para el MR-13.^[8]

El MR-13 se vio atrapado entre dos fuegos. La lucha por el programa se convirtió, bruscamente, en un combate por la supervivencia. El último episodio, tal vez, de aquella lucha fue la toma de posición frente a la candidatura de Mario Méndez Montenegro a la presidencia de Guatemala. El MR-13, fiel a su programa, llamó a boicotear la farsa electoral y a anular el voto con un "13" o con una consigna de apoyo a las guerrillas. Su posición --confirmada con creces por los hechos- era que Méndez Montenegro establecería una dictadura tanto o más feroz que la de Peralta Azurdia y que los revolucionarios no tenían por qué apoyar a un sector, de la burguesía contra el otro ni legitimar esas elecciones fraudulentas. El PGT y las FAR, también siguiendo su concepción de revolución democrático burguesa, llamaron en cambio a votar por Méndez Montenegro para favorecer, supuestamente, un cambio democrático en el Estado. En vísperas de la elección, anunciando los días terribles que vendrían, el ejército apresó, torturó y asesinó a veintiocho dirigentes y militantes del MR-13, el PGT y las FAR, arrojando luego sus cadáveres al mar. En la masacre perecieron Francisco Amado, Eunice Campirán (su compañero David Aguílar había sido asesinado en diciembre· de 1965), Iris Yon y toda la dirección trotskista de la ciudad de Guatemala.

La liquidación física del principal dirigente trotskista guatemalteco, Francisco Amado, precipitó los acontecimientos. En abril la represión se abatió sobre los trotskistas de México y, en pocos meses, toda su dirección fue a la cárcel, donde pasaría varios años. En la primera represión^[9], la policía se apoderó de una cantidad de dinero guatemalteco. No nos interesa ahora entrar en la ola de mentiras y calumnias antítrotskistas, algunas cínicas y otras irresponsables, que este hecho desencadenó. Bástenos registrar que en el proceso campesino realizado con motivo de esas acusaciones en las montañas de Guatemala, en presencia de Yon Sosa, los trotskistas supervivientes en la guerrilla pudieron demostrar sin lugar a equívoco que eran falsas todas las acusaciones de robo de dinero a las guerrillas y que, más bien, ellos habían contribuido, a asegurar más de una vez  que éstas dispusieran de fondos y de medios de lucha. El proceso duró ocho días y los trotskistas fueron declarados inocentes de esos cargos por los campesinos presentes. Se les pidió, no obstante, a los mexicanos que abandonaran la guerrilla y regresaran a su país, para evitar nuevos conflictos con cubanos y soviéticos que, al parecer, exigían la salida de los trotskistas del MR-13; y se les devolvieron sus armas (que les habían quitado al inicio del proceso) . Este solo gesto, devolverles sus armas, debería bastar para ilustrar el resultado de ese proceso a quienes entienden algo de psicología y de principios de las guerrillas. Ultimo gesto, entre curioso y trágico: antes de partir, Yon Sosa les pidió que lo ayudaran a redactar una declaración del MR-13 sobre la situación política post-electoral. Discutieron con él y así lo hicieron entre todos. Nunca después, a nuestro conocimiento, hasta su asesinato en junio de 1970, Marco Antonio Yon Sosa atacó o hizo campaña política contra los trotskistas.^[10]

Nada de esto quita el profundo retroceso político que significó la salida de los trotskistas de la guerrilla guatemalteca, así corno la muerte de sus principales cuadros en la ciudad. El MR-13, aunque declaró que seguiría defendiendo el programa socialista, no se recuperó del golpe, y se fue extinguiendo hasta la muerte de su jefe' cuatro años después.

VI.-

Las derrotas, sin embargo, no pueden explicarse simplemente por la maldad del enemigo o por las disputas y divisiones del movimiento. La unidad por sí sola, sin Una política correcta, no es garantía suficiente del éxito. Contra lo que dice una consigna tan vacía como engañadora, una y otra vez el pueblo unido ha sido vencido a causa de la política desastrosa de sus dirigentes.

Si uña necesidad tenemos en el movimiento revolucionario latinoamericano, es la de hacer la crítica de nuestros errores, como condición previa para criticar los que veamos en los demás. Es un método equivocado el que consiste en decir que mientras los demás no reconozcan los suyos, uno no reconocerá los propios. La autocrítica no es para dar satisfacción al adversario político o para que éste tenga el gusto de decir: “teníamos razón”. En general, los que buscan sólo tener razón en todo momento antes que hacer progresar objetivamente los intereses y el frente de clase del proletariado, no valen gran cosa como organizadores revolucionarios. En cambio, para favorecer ese progreso y para intervenir en él es una contribución indispensable el análisis crítico de los propios errores y; sobre todo, del método que los engendró. Pocas de las muchas autocríticas en circulación alcanzan a cumplir este último requisito.

Seguimos creyendo que el objetivo central planteado por J los trotskistas en Guatemala —programa socialista, partido obrero marxista a partir de la lucha guerrillera en curso y de sus objetivos agrarios y antimperialistas— era esencialmente correcto. Fue la contribución principal del movimiento trotskista en Guatemala a la revolución latinoamericana y al conjunto de los movimientos guerrilleros que en ese momento atravesaban una crisis —que luego demostró ser i fatal— proveniente de la contradicción entre sus métodos radicales de lucha y el contenido democrático-burgués de su programa.

En cambio, la misma magnitud del objetivo agigantó los efectos de los errores políticos de la tendencia trotskista que intentó llevarlo adelante, la del Buró Latinoamericano (po-sadista). Esos errores, cuyos resultados fueron catastróficos, estaban todos ligados a una concepción esencialmente subjetiva de la revolución, separada del análisis de las bases económicas de la sociedad en general y de la formación social dada en particular. Esta concepción terminaba por convertir a la revolución mundial en una entidad mítica, que explicaba todo y resolvía todo, fuente permanente de estímulos y de victorias cualesquiera fueran las situaciones específicas locales. Esta visión se complementaba con la postulación de un proletariado nacional igualmente mítico, que* terminaba por ignorar las determinaciones concretas del proletariado real del país, aunque hiciera ciertos esfuerzos para comprenderlas. No eran los esfuerzos concretos de · 1os militantes trotskistas en la clase obrera de Guatemala, que no faltaron los que fallaban para explicar la realidad, sino la teoría Idealista y subjetiva que estaba debajo de ellos e impedía generalizar correctamente las· comprobaciones de la experiencia empírica.^[11]

A la idealización de la función del campesinado, e incluso de los indígenas, en la revolución, que distinguía a otras tendencias del movimiento revolucionario guatemalteco; o a la idealización de las posibilidades de presión sobre la burguesía, de alianza con la supuesta "burguesía democrática" y de establecimiento de una democracia burguesa en Guatemala, que distinguía a las diversas tendencias del reformismo; el MR-13 y los trotskistas respondían con una idealización del papel concreto e inmediato -no de la función histórica, que es otra cosa- de la clase obrera guatemalteca. La discusión tomaba, entonces, un carácter marcadamente ideológico.

Había una separación insalvable entré la afirmación teórica de la función de la clase obrera en la revolución socialista, que los trotskistas querían llevar inmediatamente y sin mediaciones a la realidad, y el curso real de los acontecimientos en el país y en América Latina, donde algunas de las condiciones que aquéllos daban por realizadas ya entonces sólo comenzarían a presentarse diez años después. Esto no significa que el programa era equivocado o que ninguna lucha por él era posible, sino que era precisa una táctica concreta completamente diferente, infinitamente más apegada a la realidad; para poder llevarlo adelante. Esa separación, como un abismo, se tragó entera en ese lapso de años a la tendencia posadista en toda América Latina.

Dicho subjetivismo político se expresó, fundamentalmente, en los siguientes errores: 1) Falsa apreciación de la situación internacional, que impedía ver la ofensiva imperialista y su próxima proyección sobre Guatemala, y en consecuencia preparar al movimiento para ella. 2) Esquematismo en la comprensión de las fuerzas sociales y de la estructura económica del país, y en consecuencia, falso cálculo de los plazos y de la relación de fuerzas real entre, el movimiento revolucionario y el Estado, entre el campesinado y la represión militar y entre el proletariado, la burguesía y el imperialismo. 3) Como resultado, acentuación del voluntarismo organizativo y subestimación del enemigo (error compartido por todas las tendencias del movimiento guerrillero de entonces). 4) Particularmente a fines de 1965, bajo la presión del propio Posadas, curso más y más sectario emprendido por los trotskistas de Guatemala, buscando acelerar el proceso interior del MR-13 y violentando en la práctica el ritmo y la lógica según los cuales, se desarrollaba la comprensión socialista y marxista de sus dirigentes y cuadros.

En estos errores de cuatro tipos: subjetivos, vanguardistas, sectarios y burocráticos, se mezclaban las inclinaciones provenientes de los trotskistas con las originarias del propio MR-13. No eran tales errores, preciso es recordarlo, un monopolio de esas tendencias. Bajo formas y en combinaciones diferentes, estuvieron presentes en todos los movimientos guerrilleros, incluida la tentativa del Che en Bolivia en 1967. Aparecieron tanto entre quienes sostenían el programa socialista como entre quienes proponían el programa democrático. No eran, pues, un producto del programa: en otra parte hay que buscar su origen.

Creemos que podemos reducirlos a un común denominador: desconocimiento; teórico o práctico, del papel de la clase obrera en la revolución; sustitución, por lo tanto, de la clase real por su imagen mítica o por la acción de las vanguardias; incapacidad, en consecuencia, de organizar. a la clase y a sus luchas a su nivel real y, a partir de allí, elevar éste mediante la experiencia hasta el programa histórico.

Esto es mucho. más fácil de detectar en los movimientos de origen guerrillero: está presente directamente en su concepción militarista de la lucha que subordina el programa a las normas' organizativas, y se expresa en forma nítida en la teoría del “foco”.

Se presenta más mediado, en cambio, en el caso de los trotskistas, porque éstos aparecen defendiendo el programa histórico del proletariado, el programa de la revolución socialista, y la necesidad de partido obrero para llevarlo adelante. Pero entre la teoría y la historia, entre el programa y los niveles reales de conciencia y de organización de la clase que es su portadora en la historia, hay una distancia que es el partido marxista quien debe saber franquear. En el caso concreto de Guatemala, los trotskistas no supieron ni comprendieron cómo organizar esa transición. Y sin embargo, en esta tarea se resume, en definitiva, el arte de la dirección revolucionaria.

En los trotskistas del Buró Latinoamericano, este distanciamiento entre sus proposiciones y la realidad de la clase obrera y el campesinado dados —distanciamiento que, repetimos, no, era sólo monopolio de ellos— tomaba tintes incluso trágicos. Los rasgos que les habían permitido ligarse a los revolucionarios guatemaltecos y les habían ganado su confianza, en los cuales se basaba su autoridad moral indiscutida, eran rasgos propios de una tendencia formada en el seno de la clase obrera latinoamericana, en sus (luchas, sus huelgas, sus sindicatos. La experiencia organizativa que trasmitían, invalorable para el MR-13, tenía el mismo origen. La certidumbre de su programa, confirmada por la experiencia negativa anterior de los guatemaltecos, también. Pero ninguno de esos rasgos empíricos, corno tampoco la afirmación general de un programa correcto, alcanzaba a compensar sus errores teóricos y a traducir, en consecuencia, ese programa en la realidad.

Sin una fundamentación teórica correcta, la relación empírica con la clase obrera, por determinante que ella pueda parecer a quienes la viven, no basta para comprender a la clase real. Y la ausencia de esa comprensión, que se expresa en la política concreta, no puede ser sustituida por declaraciones “proletarias” o por invocaciones a las experiencias pasadas o presentes en el seno de la clase. El desconocimiento de esta verdad elemental del marxismo —y, en general, del conocimiento científico— está en la raíz de ésta y de otras derrotas — y no sólo de las de esta tendencia del trotskismo.

Precisamente por esto, creemos que las enseñanzas que se desprenden de esta derrota en Guatemala trascienden ampliamente los límites de la tendencia que la vivió y pueden ser útiles, si se interpretan correctamente, para el movimiento revolucionario latinoamericano y sus tareas futuras.

La presencia activa de la clase obrera es hoy mucho' más visible y evidente en el conjunto de América Latina, en Centroamérica e incluso en Guatemala. Esa presencia plantea en nuevos términos, pero no los resuelve, los antiguos problemas: programa socialista de la revolución, partido revolucionario de la clase obrera, ruptura de ésta con las ideologías burguesas y con el Estado, alianza obrera y campesina.

Creemos que para responder a ellos, es necesaria la discusión crítica de las experiencias anteriores de la revolución latinoamericana, el balance de fracasos y aciertos sin detenerse en consideraciones de prestigio personal o partidario, y la contribución política de los revolucionarios formados en esas experiencias, una buena parte de los cuales ha pasado, en un momento u otro, por distintas tendencias del movimiento guerrillero latinoamericano.

El partido marxista no puede construirse sin hacer confluir esas experiencias, decantadas críticamente, con las que vienen del movimiento sindical obrero, y también campesino, de estos países. Todas ellas son parte de la larga, dura y difícil acumulación originaria de fuerzas de la revolución latinoamericana. Por eso son imprescindibles para fundamentar su porvenir.

Marzo 1978

^[1] Tanto por método de exposición como por falta de información suficiente para emitir juicios, nos abstenemos en este artículo de analizar la política de las organizaciones obreras y revolucionarias que intervienen actualmente en las luchas políticas guatemaltecas, en particular el Partido Guatemalteco del Trabajo · (PGT), las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP).

^[2] En un trabajo de 1965, hemos descrito esta evolución: Adolfo Gilly, El movimiento guerrillero en Guatemala, en "Monthly Review", núm. 22/23, junio de 1965, Buenos Aires, Argentina. Sobre esta evolución del MR-13, ver en dicho folleto las entrevistas a Marco Antonio Sosa y Francisco Amado Granados.

^[3] Una visión reaccionaria de la desmoralización a que pueden llevar a militantes individuales tanto estos métodos como la falta de programa y de política que ellos encubren, la da el libro el cuentos de Marco Antonio Flores Los compañeros, Editorial Joaquín Mortiz, México, 1976.

^[4] Salvo indicación en contrario, cuando en lo sucesivo nos refiramos al trotskismo o a los trotskistas, damos por entendido que se trata de esta tendencia específica de la IV Internacional, que fue la que participó en el movimiento guerrillero guatemalteco.

^[5] Fue sobre todo esta ruptura programática capital con el reformismo lo que llevó a los editores de "Monthly Review", Leo Huberman y Paul Sweezy, a dar cabida en su revista a las crónicas del movimiento guerrillero guatemalteco…. Así lo manifestaron expresamente en el editorial titulado “Breakthrough in Guatemala” (Brecha abierta en Guatemala, en la edición en castellano) con el cual presentaban dichas crónicas en abril de 1965

^[6] 6 Ver Regis Debray, Las pruebas de fuego, tomó 2, Siglo XXI, México, 1975

^[7] Asistieron a la conferencia como· delegados por el Frente Guerrillero Edgar Ibarra: Turcios, Socorro, Pascual, Efigenio; por el Frente Alejandro de León: Yon, Sosa, Evaristo, Ismael, Tamagaz, Monte y César; por el Frente Urbano: Amado, Loarca; David Aguilar y el autor de este artículo. Socorro fue el guerrillero que murió junto con Yon Sosa, en territorio mexicano en 1970, a manos de una patrulla militar. De los catorce que recordamos y mencionamos, once, al menos, han muerto en combate. La Declaración- de la Sierra de las Minas fue publicada en "Revolución Socialista", número 8, enero 1965, Guatemala, Centroamérica.

^[8] Estamos convencidos de que ese ataque no obedeció a ninguna causa anecdótica particular, sino sobre todo al viraje en la política cubana marcado por la salida del Che. Pero es preciso recordar, por otro lado, que fue precedido por una toma de posición prepotente, atrozmente subjetiva y calumniosa de J. Posadas a fines de 1965, acusando a Fidel Castro de encubrir el supuesto asesinato del Che en Cuba. Esta actitud, a la vez criminal y suicida, de un político cada vez más alejado de la realidad, precipitó todos los peligros que ya se cernían sobre el MR-13 y los trotskistas guatemaltecos. El autor de este articulo tomó en ese entonces, desde Guatemala misma, una posición diferente, dando una explicación política de la renuncia del Che, que en esencia es la que repetimos ahora. Ella fue publicada en "Mondo Nuovo" de Italia y en "Marcha" de Montevideo, y allí está registrada. Sin embargo, por disciplina partidaria mal entendida, no sostuvo después su posición y se sometió a la línea oficial de su tendencia, la de J. Posadas. Comparte, por lo tanto, la plena. responsabilidad por esos desatinos políticos, que indicaban ya la progresiva descomposición política y moral de J. Posadas. Nada de esto alcanzamos a comprender en aquel tiempo.

^[9] En dicha ocasión fue apresado el autor de este artículo. Salió de la cárcel de Lecumberri seis años después, en marzo de 1972.

^[10] Regis Debray, en Las pruebas de fuego, da una versión falsa y, en partes, voluntariamente equívoca, sobre estos acontecimientos. No se atreve ya a sostener abiertamente la versión del “robo de fondos a la guerrilla” por parte de los trotskistas. Pero falsea tanto el desarrollo como el resultado del proceso en la montaña y deja, según su costumbre, planear la duda, la insinuación y la desconfianza. Allá él: no nos interesa polemizar, en estos momentos, con quien pasó de supuesto teórico de la lucha armada a asesor efectivo de Francois Mitterrand. Los libros tienen su destino, y los autores de los libros también.

^[11] Esta concepción llevó a esta tendencia a un creciente aislamiento de la realidad y a responder a los golpes que por ello recibía en todas partes con una exacerbación de sus propios rasgos voluntaristas. La derrota de Guatemala aceleró ese proceso y el cambio de la situación mundial, a partir de 1968-69, para el cual no estaba ni lejanamente preparada, lo completó. Fue cuestión de unos años más el que esta corriente, pese a haber contado con un número notable de cuadros probados, templados y educados en el seno de la clase obrera, entrara en un proceso de disgregación organizativa irreversible. La teoría es implacable con quienes creen que pueden pasar impunemente por encima de ella. En otros documentos, algunos de los militantes provenientes de dicha tendencia hemos hecho el balance autocrítico de ese proceso, que no es el caso retomar aquí: ver, en especial, Balance crítico de la ex-tendencia del Buró Latinoamericano de la IV Internacional, en "Boletín Marxista", Génova, Italia, número 8, abril 1977.

Por Alejandro del Aguila

La propuesta del Estado Plurinacional impulsada por el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) contempla la creación de la Asamblea Constituyente Plurinacional y Popular, para llevar a cabo esta magna tarea de transformación de la realidad social y política de Guatemala. Si bien existe otras propuestas similares como la de Wakíb Quej y la del Consejo de Pueblos de Occidente, en este trabajo nos centramos en la primera organización, porque a nuestro entender, es la que más establece una visión revolucionaria de cambio social.

En este capítulo se enfoca en los elementos epistemológicos y metodológicos, pues en el caso de lo primero se abordará desde el punto de vista de que el objeto de conocimiento parte de la construcción de un sujeto en construcción, el sujeto plurinacional, como ente depositario del proceso revolucionario impulsado por CODECA. En el caso de lo metodológico, se parte de la misma premisa, el objeto a conocer está vinculado a un sujeto en movimiento y a partir de ahí consideramos que una categoría como totalidad concreta pensada por el filósofo marxista checo Karen Kosic, puede ayudar en esta actividad comprensiva ((Kosic, 1969, Pág. 16).

La totalidad concreta ayuda a establecer que se parte de la unidad material de la sociedad, pero que tal unidad no existe per se fuera de la actividad de los sujetos, sino en el movimiento mismo que estos le impregnan. También en el hecho de que debemos sobre pasar los fenómenos visibles, lo que Kosic denominó la seudo concreción, para encontrar las relaciones fundantes de los hechos. Ojo no se pretende con este abordaje procedente del materialismo filosófico dialéctico abarcar la multiplicidad de los objetos y hechos sociales lo cual es imposible, sino los elementos esenciales que generan esa variedad  (Kosic, 1969, Pág 39).

Por ende, considerando que en la propuesta de CODECA en su carácter revolucionaria, cuestiona la esencia misma de la formación económica y social y del modelo de dominación: el Estado liberal oligárquico.  Planteando aunque es un pendiente a desarrollar al sujeto plurinacional popular, el ente que le corresponde  llevar a cabo esta transformación por medio de la Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional. De ahí que las siguientes líneas esbozarán los elementos empíricos constituidos históricamente de ese marco de dominación actual, los fenómenos que arman la totalidad social actual.

Este capítulo se dividirá en cuatro partes a saber:

a) La propuesta de la Asamblea Constituyente Plurinacional y Popular (ACPP) y el quiebre con el dualismo colonial que subyace en la en la configuración del Estado capitalista actual.

b) La naturaleza rupturista con la visión lineal positivista y por ende como superación de ese colonialidad dependiente de los centros imperialistas.

c) El modelo contrahegemónico de uno nuevo bloque de clase popular y revolucionario.

d) Y el aparecimiento de nuevo sujeto plurinacional con sus características populares (por ende de clase proletaria) pero a la vez interétnico e intercultural.

A continuación se desarrollará estos cuatros elementos en el presente capítulo,  con el objeto de darle rigurosidad epistémica-metodológica para esta tesis y mostrar como la propuesta de ACPP adquiere una necesidad real para los derroteros de transformación social, con una base científica.

La ACPP y la quiebre con el dualismo colonial

Partimos del punto que el Estado guatemalteco se conformó para garantizar los intereses de una élite que se volvió hegemónica a partir de las reformas liberal de 1871 y que en la historiografía oficial fue considerada como una revolución. Este movimiento fue protagonizado por sectores de la pequeña burguesía y de la aristocracia criolla que en su conversión en burguesía a partir de la explotación cafetalera, realizan  por medio de la confiscación de tierras propiedad del clero católico y de las comunidades indígenas, acelerando la acumulación capitalista y asignándole a Guatemala un lugar en la División Internacional del Trabajo.

Hay que recordar que el régimen político conservador fue continuador del modelo económico colonial,  manteniendo los ejidos comunitarios lo que en la colonial se denominó como Pueblos de Indios. De hecho, el gobierno de Rafael Carrera se caracterizó por un estilo de gobierno caudillista, mediando entre los intereses de la aristócrata de procedencia hacendaria y comercial, campesinos mestizos sobre todo de oriente y los principales indígenas del altiplano.

Así, mucha de estas tierras fueron apropiadas con la venia de los nuevos gobiernos liberales (Manuel García-Granados pero sobre todo Justo Rufino Barrios)  por medio de la violencia aunque amparada en una nueva legislación, lo que en los Pueblos Mayas identificaron con razón como una forma de despojo,  porque la apropiación de tierras  fue acompañado de  la conversión de población campesina y comunitaria,  en trabajo forzado o semiasalariado por medio del peonaje de dueñas, en las fincas de café, producto con que Guatemala se insertó en en el mercado internacional. No todas las tierras fueron totalmente expropiadas, otras las mismas comunidades pudieron comprarla por medio de títulos obtenidos en el período colonial y otras quedaron en manos de las municipalidades ladinas, donde la población campesina tuvo que trabajarla en usufructo  (Cardenal, 2000, Pág. 283).

De esa forma, se fue creando un Estado que bajo la figura de una forma liberal (división de poderes,  marco constitucional de derecho, elecciones limitadas para las asambleas legislativas) en los hechos fue una serie de dictaduras que no finalizaron sino hasta la revolución democrática burguesa de 1944, siendo el Ejército el poder fundamental formado tras 1871, donde descansaron. Este fue fundamental para asegurar el modelo de acumulación centrado en la exportación del café, para garantizar por la fuerza la explotación de la fuerza de trabajo de origen maya, de la boca costa a finales del siglo XIX  y más tarde a inicios del siglo XX en la región de las Verapaces otorgada a propietarios alemanes y en menor medida belgas; a la par que se fueron estableciendo concesiones a empresas estadunidenses para la exportación de banano y con ello apareció un nuevo sujeto, el obrero asalariado  (Cardenal, 2000, Pág. 316).

Es importante denotar otra característica del Estado que por medio de la expropiación a las tierras comunales y de la Iglesia, adquiere una fisonomía oligarca entendido este como el gobierno de los pocos,  pero a la vez asume un carácter ladino. Este ente se volvió depositario de lo que se denominó como identidad nacional esculpida como parte de la ideología dominante; procediendo del mestizaje entre el europeo y el indígena durante la época colonial y en los primeros años de la periodo republicano, que durante la primer época estuvo bloqueado de acceder a tierra  (Martinez Severo, 1982, Pág. 408) ubicándose en las periferias de los Pueblos de Indios, en las afueras de las villas españolas, dedicándose actividades artesanales o también al trabajo asalariado agrícola.

El Estado pos 1871, retoma este ente como el ethos de ser del Estado, a diferencia del indio calificado como un lastre para las nuevas relaciones capitalistas internacionales donde Guatemala se inserta y al ladino como el ente que representa el progreso.  Pero esta operación ideológica encubre una realidad, que fue solo un sector de esta población mestiza, el cual se apropia de tierra y poder en las alcaldías ladinas –con la desaparición de las alcaldías indígenas– el cual ascendiendo socialmente desde pequeño propietario se convierte en gran propietario de tierra, en esa operación algunos indígenas no maceguales adoptan la identidad ladina; pero a la vez el antiguo propietario criollo asumió el discurso del ser ladino, escondiendo su origen aristocrático colonial.

Estas características dan forma a otra condición de este Estado, su carácter racista. Porque desparecer lo indígena y considerarlo fuerza de trabajo despojándolo de su medio de vida, implica  negar su cultura y ladinizarlo, es decir que adopte los valores y los saberes de la cultura occidental; en ese sentido los gobiernos liberales del siglo antepasado intentaron extender la educación bajo formas positivistas y la alfabetización en castellano. Eso fue tan ineficaz porque afectaba los intereses de los grupos dominantes que fue dejado y hasta la fecha los conocimientos mínimos de lectoescritura  de la población en general son tan deficientes y aunque en número de población alfabeta haya aumentado. La enseñanza de los idiomas mayas, xincas y garífunas, solo reconocido y medianamente fomentado con la Academia de Lenguas Mayas en el marco del multiculturalismo neoliberal, la apertura democrática y la firma de los Acuerdos de Paz de 1996.

Todo esto genera una forma de Estado y los distintos regímenes políticos existentes,  construido bajo una ontología dualista, es decir en contraposición y sobre la sociedad en su conjunto,  aunque ese elemento tampoco es absoluto, pues la estatalidad misma se enraíza en una sociedad civil que como se observa en los hechos de la reforma liberal, el bloque que se afinca en el poder parte de la hegemonía en la sociedad civil en su forma mercantil   (Marx, 1932, Pág. 72) que para el caso de esta formación social, fue  la expropiación y despojo de los mayas y del control ideológico y político de los mestizos, es decir los grandes segmentos de la población donde germinará la clase trabajadora.

Tan solo durante la revolución democrática burguesa entre 1944-1954 se intentó transformar la estructura social y movilizar a los sectores revolucionarios de la sociedad civil para derrocar el poder político de la burguesía agraria,  pero sin confiar totalmente en esa capacidad de los pueblos y de la clase trabajadora de instaurar un nuevo Estado,  pese al quiebre que implicó la reforma agraria de 1952 durante el gobierno Jacobo Arbenz  en la concentración de la tierra y que por ende afectó el poder  de la oligarquía; pero esa desconfianza mencionada vulneró a los gobiernos revolucionarios y sobre todo al tejido social revolucionario que sufrió a la hora de la contrarrevolución y la invasión propiciadas por Estados Unidos en 1954, una fuerte derrota (Tezucún, 2007, Pág. 13). Además dejó pendiente otro factor, pues la ladinización como proyecto cultural se mantuvo, pese al reconocimiento de las tierras comunales indígenas por la reforma agraria, se buscó no resaltar la identidad cultural maya, sino incorporarla a una cultura democrática ladina.  

Las formas de Estado posterior a 1954 adquirió las características de regímenes políticos autoritarios, bajo un discurso anticomunista que fue una reedición del ethos ladino, ahora bajo la perspectiva de destrucción del enemigo interno, es decir de todo opositor al orden instituido. El régimen adquiere una forma claramente militarista a partir de 1963 donde el Ejército se vuelve la institución gobernante, que a partir de 1965 instaura un multipartidismo reaccionario y que asume una visión desarrollista bajo el Mercado Común Centroamericano.  Pero que a finales de los setenta del siglo pasado, en una onda regional la lucha de clases se radicaliza provocando la insurrección popular en Nicaragua y poniendo entre dicho la dominación de clase en toda Centroamérica.

Lo anterior obligó a los factores de poder (oligarquía y bloque burgués, militares y Estados Unidos) a que para derrotar la movilización popular, la cual adquiere vistos insurreccionales y a las insurgencias aplicar la represión política, el genocidio y accionar propiamente militar, a lo que se considera el otro como un enemigo interno a destruir.  A la par de estos factores, la instauración de un régimen democrático formal a partir de 1984 y la Asamblea Constituyente de 1985, se garantiza el poder a las distintas fracciones burguesas y a los nacientes sectores emergentes,  reafirmando la sacrosanta propiedad privada, bajo cierto garantía democrática y de respeto a los derechos humanos exigido por los países desarrollados capitalistas occidentales, la llamada comunidad internacional  y la Organización de las Naciones Unidas junto a la Organización de los Estados Americanos, en el contexto de implosión del socialismo burocratizado de la Unión Soviética y la emergencia de la unipolaridad mundial dominada por Estados Unidos.

Sin embargo, la conformación de tal régimen no es completo, previo reajuste con las reformas constitucionales de 1994 y la celebración de una consulta popular con una participación reducida tras el auto golpe de Jorge Serrano Elías, que bajo un aspecto de formalidad con la firma de los Acuerdos de Paz en 1996 y la incorporación de la insurgencia aglutinada en la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, un marco democrático al Estado liberal oligárquico (Mojica, 2012, Pág. 16).

Así,  tras el fracaso y parcial derrota la URNG y por ende de la estrategia de Guerra Popular Revolucionaria, terminó de configurarse el actual régimen político. Se estableció así una serie de mecanismos de cumplimiento la agenda de la paz que se pensaba garantía para democratizar la sociedad.  De esa forma para ilustrar el proyecto que se contemplaba,  se estableció el reparto de tierras vía el Fondo de Tierras,  la desmilitarización del Estado y la sociedad y el reconocimiento de los derechos de los Pueblos Indígenas bajo una idea de la nación multicultural, multilingüe y multiétnica (Mejía, 2021, párrafo 58).

El intento de democratizar a la sociedad no se pudo materializar por dos aspectos,  primero por la derrota de la Consulta Popular de 1999 que buscaba incorporar aspectos de los Acuerdos de Paz a la Constitución Política y segundo porque las instituciones creadas para materializar los acuerdos perdieron fuerza, por la capacidad de sectores de la derecha reaccionaria para bloquearlas, porque tampoco tocaron los naturaleza reaccionaria de clase del Estado y sobre todo debido a las fuerzas democráticas y de izquierda que no lograron movilizar a la población para ese fin  (Del Águila, 2019, Pág. 29).  

Naturaleza rupturista de la propuesta de ACPP

La tónica de los últimos gobiernos, Otto Pérez Molina, Alejandro Maldonado, Jimmy Morales y Alejandro Giammattei (2012-2024) aunque eso no quiere decir que los gobiernos posteriores a la  firma de los Acuerdos de Paz (Arzú, Portillo y Colom)  hayan refrendado y ejecutado la agenda de la paz, porque sin excepción ha continuado el modelo económico y social  neoliberal extractivista, ya que los núcleos de la oligarquía tradicional se han concentrado en grupos monopólicos y el capital financiero se ha vuelto preponderante,  a lo que se agregan estos ejes de acumulación, la extracción de bienes naturales y de mantenimiento de la exportación agrícola con la incorporación nuevos productos y sectores  (Illescas, 2013, Pág. 5) pero sin generar una verdadero proceso de valor agregado, por ejemplo algún tipo de industrialización agraria.

De tal forma que el proceso de democratización como se esperaba con el cumplimiento de la agenda de la paz, sobre todo en lo que se respecta al acceso de tierras que al orientarlo en clave de compra y venta de propiedades por parte del Estado, solo fue generando un endeudamiento del campesinado al no contar con asesoría técnica, ni formas de pago justas y para finales de la primera década del siglo, el Estado dejó de comprar a particularidades tierra,  dedicándose solamente al programas de arrendamiento. De igual forma quedaron sin aplicar una serie de mecanismos contemplado en el Acuerdo Socioeconómico y Situación Agraria, que buscarían democratizar el acceso a la tierra, tales como: el catastro que iba a identificar los excesos mal habidos de los finqueros inscritos anómalamente en el Registro de la Propiedad, los tribunales y la fiscalía agraria, la política de desarrollo rural que tenía como centro priorizar al campesino, etc.  (Del Águila Mejía, Alejandro, 2020, Pág. 18)

Todas estas medidas nunca tocaron lo fundamental y con el gobierno de Giammattei se han desmontado,  entre ellas la concentración de la tierra y la imposibilidad de generar desarrollo rural, que sí se mantiene la gran propiedad, situación que la propuesta de la ACPP de CODECA es la única que menciona establecer un límite a la concentración de la tierra.

Lo mismo se puede decir con uno de los elementos fundamentes del nuevo pacto social que se buscaba refundar con los Acuerdos de Paz, el cual era garantizar un marco democrático de ejercicio de los derechos civiles y políticos como nunca se ha vivido plenamente en la historia nacional. Aunque la Constitución Política de 1985  garantizaba el cumplimiento del marco internacional de derechos humanos, en la Asamblea Constituyente 1985 no se permitió la participación de la izquierda insurgente, tan solo dos expresiones de la socialdemocracia, el Frente Unido de la Revolución y el Partido Socialista Democrático sin lograr escaños.

Como es sabido los primeros 10 años posteriores a promulgación de la Constitución, el papel del ejército como factor de poder y  la continuación de la política represiva con graves violaciones a los derechos humanos, entre ellos el de la vida, el de la libertad, la organización, la libre expresión, fue la tónica. Con la firma del Acuerdo Sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejercito en una Sociedad Democrática,  se buscaba que el Ejército y sobre todo la Inteligencia Militar dejaran de actuar sobre la población civil, que partía de la idea de combatir al enemigo interno,  pero obviamente no se tuvo la fuerza para desmantelar estas instancias,  situación que solo se hubiera permitido con la derrota del Estado.  Por ende se buscó en los Acuerdos de Paz,  que el poder civil constitucional controlara el actuar de los ministerios de Defensa y de Gobernación.  (Mejía, 2021, párrafo 65).

 Posterior a la  firma de la paz,  la represión aunque sí se redujo notablemente, dejo de ser política de Estado; los cuerpos de seguridad en teoría abandonaron la política de aniquilación del enemigo interno. Pero la represión pasó a manos de órganos privados a través de los llamados Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS), de igual forma,  aunque el Ejército dejó de ser el poder real por lo menos de forma visible,  emergieron de su seno,  nuevas élites de poder que han sido parte de los gobiernos en los últimos años y que junto a los ya mencionados CIACS,  han evolucionado a las denominadas Redes Políticos Económicas Ilícitas como las señaladas por la desaparecida Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala  (Ponce, 2021, Pág. 340)

Es hasta el gobierno de Ramiro de León Carpio en 1995 que se permitió por primera vez que las fuerzas provenientes de la izquierda denominada revolucionaria, que hechos utilizaron la lucha armada, tenían un programa político reformista y logran participar bajo la sombrilla del Frente Democrático Nueva Guatemala.

En los años siguientes las fuerzas de izquierda participaron en un primer momento unificado en 1999 como Alianza Nueva Nación, para luego fracturarse. En 2007 se registraron nuevos intentos unitarios con la creación del Movimiento Amplio de Izquierdas; en 2011 con el  Frente Amplio,  y en 2015  con la organización de la Convergencia para la Revolución Democrática.  Un proceso de acumulación política y también de quiebre con otra expresión tal como la URNG, desde el seno de CODECA aparecerá el partido Movimiento  de Liberación de los Pueblos,  que en su primera participación electoral de 2019,  logrará un cuarto lugar para la elección presidencial  (Del Águila, 2019, Pág. 46).

El otro aspecto que marco la agenda de la paz,  fue el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, que implicó una afirmación en el plano formal de los derechos de los Pueblos Indígenas,  complementado con el reconocimiento constitucional de las comunidades indígenas de 1985. Este acuerdo buscaba que a partir de una serie de mecanismos en el Estado y de instancias públicas en materia de derechos asistidos a la población indígena y de reconocimiento de los idiomas,  reafirmar el carácter multicultural de la nación guatemalteca.

El carácter multicultural estaba contemplado en el marco constitucional de 1985 y es más, fue visualizado por el mismo general Efraín Ríos Montt en clave corporativista en su Consejo de Estado, bajo una modalidad contrainsurgente. Así,  con la firma de la paz se buscó darle mayor  contenido real bajo la visión de un Estado liberal avanzado  (Mejía, 2021, párrafo 45).

 Ese andamiaje actuó como ropaje al no lograr incorporar el reconocimiento constitucional de los derechos de los Pueblos Indígenas, tras la derrota electoral de las fuerzas progresistas en la Consulta Popular de 1999,  lo cual ha servido para sostener el modelo de acumulación capitalista. Por ejemplo con la lógica privatizadora y desnacionalizadora,  se han aprobado una serie de licencias para la extracción de bienes naturales minerales, hídricos y petroleros.

Esa situación ha generado el rechazo de las comunidades indígenas sobre todo y mestizas también, contra una serie de proyectos de inversión de conglomerados empresariales nacionales y trasnacionales. Las comunidades se han manifestado mediante la realización de consultas de buena fe y consultas municipales, con base en acuerdos de Derechos Humanos Internacionales y del Código Municipal, específicamente por el incumpliendo del Acuerdo 169 de la Organización Internacional del Trabajo  (OIT) sobre consulta a los Pueblos Indígenas ante medidas administrativas que afectan su territorio.

 Recientemente, el Estado por mandato de la Corte de Constitucionalidad, con base en el Acuerdo 169 de la OIT, ha realizado en los municipios de El Estor en Izabal y San Rafael en Jalapa, proceso de consultas, los cuales han sido denunciado por estar manipuladas. La alta corte  además ha reconocido en el pasado reciente, que los resultados de las consultas de buena fe y municipales, tienen vinculación jurídica, aunque también en sus resoluciones ha equiparado las actividades de los inversionistas como un derecho a realizar proyectos extractivos.

Esa situación pone en la discusión un aspecto relevante, es decir la defensa del territorio y la idea misma como espacio de autonomía para las comunidades, sin que implique separación del Estado nacional, sí adquiere el reconocimiento pleno de derechos para la población que habita en esos espacios; ello va de la mano de otro de los temas contemplados en el AIDPI que se refiere a la jurisdicción indígena, que se había tratado de materializar con las reformas judiciales que propuso CICIG en 2016,  pero que el sector oligárquico se opuso vehementemente aduciendo una falsa unidad nacional, que provocaría el resquebrajamiento sistema de  impartición de la justicia. Lo que realmente temían era que la justicia ancestral, surgida previa  a la  creación del Estado liberal, de la Republica y de la colonización hispana, se pusieran en entre dicho los privilegios de la burguesía monopólica,  los cuales descansan en la tradicional propiedad terrateniente y en la concentración actual de la tierra.

Otra situación importante contemplada en los Acuerdo de Paz, era el Acuerdo sobre Reformas y Regímenes Constitucionales, consustancial a la desmilitarización de la sociedad civil,  la democratización del Estado y el respeto a  diversas expresiones de pensamiento, lo que se denominó una poliarquía, es decir el gobierno ejercido por muchos.

Se buscaba  institucionalizar con ello el sistema de partidos políticos, que paradójicamente en la etapa contrainsurgente ya existía un nivel de institucionalización,  aunque bajo la tutela militar y a la aceptación de la ideología anticomunista. Con la Constitución Política de 1985 esa institucionalización se mantuvo,  pero a partir de la depuración del Congreso en 1994,  tras el autogolpe de Serrano Elías de 1993, se va fragmentando y si bien posterior a 1995 existieron partidos fuertes, fueron absorbidos por prácticas clientelistas  (Sáenz de Tejada, 2015). Luego de las movilizaciones de 2015 contra la corrupción se evidenció el rechazo a la partidocracia; pero las prácticas del clientelismo junto al caudillismo y la transfuguismo informal, contrariamente ha lo que se buscaba con el Movimiento de la Plaza, se ha consolidado.

El Acuerdo sobre Reformas y Regímenes Constitucionales contemplaba una agenda completa de modificaciones en materia electoral,  sin embargo tras la derrota de la Consulta Popular de 1999, esos cambios se fueron aplicando a cuenta gotas. Con las reformas electorales de 2004 y  2005, así como  las mas completas pero aun insuficientes de 2016 –que recogía el rechazo de la  Movilización de la Plaza– en algunos aspectos como era el control de los recursos financieros y la fiscalización a los partidos, cierta democratización por medio de la elección de órganos de dirección por representación de minorías y la disposición  del voto nulo vinculante obligando la repetición del tipo de elección,  sí logra el 50 por ciento más uno.

Atrás quedaron una serie de reformas que los legisladores por conveniencia no aprobaron, como la alteridad de hombres y mujeres en listas trenzadas; la obligatoriedad de candidaturas según las pertenencia étnica, la vinculación del registro de personas con el empadronamiento; la obligatoriedad de que los partido si tengan presencia territorial en los municipios donde buscan competir, y que los órganos de estos no elijan a los candidatos en esos municipios si no existe organización partidaria, entre otras (El Observador, 2016. Pág 18).

Queda pendiente la discusión de si lograr un mayor democratización del sistema político,  aun dentro del régimen político, es viable o no,  lo que implicaría repensarlo en la estrategia de la convocatoria de una Asamblea Plurinacional, es plausible

El modelo contrahegemónico que esboza la Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional

En ese sentido,  la categoría de la totalidad concreta como el elemento central del análisis, donde los niveles de la formación social, que constituyen la hegemonía burguesa,  ha construido históricamente el  Estado liberal. La ACPP invoca  una propuesta de carácter contrahegemónica que rompe la colonialidad y la dependencia de los centros imperialistas

La crisis política e institucional por un lado, pero también las políticas económicas emanadas de los gobiernos que empeoran las condiciones de vida de las mayorías pues responden a los ejes de acumulación capitalista, sirve para determinar la dialéctica global de la formación social  (modelo económico y régimen político). Esto a partir  del sentido de que el centro de esta –la formación social– responde al poder político y económico de la gran propiedad monopólica.

De ahí que la contrahegemonía encarna el sujeto político popular plurinacional,  no puede olvidar esa realidad si busca serlo realmente.  De igual forma,  la vía para realizar el Estado Plurinacional como es la Asamblea Constitucional Plurinacional y Popular no puede convocarse desde los marcos de este Estado, sino que debe ser construida a partir de la organización popular de abajo, CODECA  podria ser la instancia catalizadora,  pero no la única.

Ese abajo se refiere a la sociedad oprimida y sin posibilidades de lograr una vida plena o un buen vivir. Ahora ese abajo también no es mecánico, sino que debe partir de los sectores que luchan más directamente contra el poder de la clase capitalista y plasmar esas lucha en consejos populares, que contagie a los de abajo, es decir al proletariado y las capas medias en su conjunto, estos consejos populares serían la base de la ACPP (Albamonte & Maiello, 2017, Pág. 558).  

La convocatoria de una asamblea constituyente parte de su naturaleza originaria, es decir que adquiera una cualidad destituyente, pero a la vez propone constituir un nuevo estado de cosas y ahí se abre el interrogante ya planteado líneas arriba, si es posible hacerlo en los marcos del entramado constitucional, que como se sabe contempla una forma de actualización constitucional por medio de una reforma o una nueva Asamblea Constitucional.

La realización de reformas esta amparada en el articulo 277 constitucional que otorga las vías por medio de quienes tienen iniciativa para promover reformas a la Constitución: el Poder Ejecutivo, diez o más diputados, la Corte de Constitucionalidad,  el pueblo mediante petición dirigida al Congreso por no menos de cinco mil ciudadanos empadronados en el Registro de Ciudadanos y refrendada por la legislatura siguiente. En el caso de una nueva Constitución, es por medio  de la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, la cual debe ser convocada con dos terceras partes de los integrantes de la legislatura vigente en el momento que se convoque.

Los constituyentes de 1985 idearon un mecanismo de reformas funcionalista para evitar un rompimiento del estatus quo,  identificaron que las modificaciones deberían ser desde el ordenamiento jurídico y estatal vigente; de hecho buscaban por encargo de los poderes fácticos (militares y empresarios) que no se saliera de la mano –hay que recordar que existía un contexto de guerra y agudización de la lucha de clases–  al grado de establecer los artículos modificables en el nuevo marco constitucional

Además,  prohibieron tocar cuatro artículos y el inciso de uno de estos. Estos son,  el 140 sobre la forma de Estado;  el artículo 141 referido a la forma representativa del Estado y de la composición de los poderes públicos; las prohibiciones constitucionales para optar a los cargos de presidente y vicepresidente en el articulo 186;  la prohibición de la reelección establecido en el artículo 187;  y el artículo 165 inciso (g) sobre la atribución del Congreso de la República en lo que respecta a la capacidad del Congreso de desconocer al presidente,  si continuara en su cargo al vencer el periodo.

Como se observa hay una combinación de control e institucionalización para cualquier movimiento de reformas o una nueva constitución y un antídoto para mantener la forma representativa del Estado, es decir el actual régimen político. A la par que se santifica el Estado liberal con su división y equilibrio de poderes sobre cualquier otra forma de Estado.

La apuesta política de CODECA  y su brazo político-electoral el Movimiento de Liberación de los Pueblos formado en 2018, pretende  tener mayorías en el Congreso,  aunque por otro lado haga referencia al tema de alegalidad como forma hibrida popular y de abajo, junto con lo institucional/estatal.

Es extremadamente riesgoso centrar su estrategia en la primera vía, porque siempre esta el peligro de que esa institucionalización, similar a como ha ocurrido a otras fuerzas de izquierda,  terminen ahogadas en el fango de la institucionalización burguesa. Peor aun,  que las fuerzas de derecha y los factores tradicionales que se mantienen vivos por los acuerdos con esas  mismas izquierdas,  den golpe de Estado como sucedió en Bolivia,  contra Evo Morales en 2019.

La apuesta sería a la movilización revolucionaria de la población,  no para simplemente presionar a una posible mayoría en el Congreso, sino para que desde ese movimiento social y con el apoyo de los legisladores obtenidos,  pongan sus cúreles  al servicio de una asamblea originaria constituyente,  a partir de los sectores que luchan y  contagien a otros (Maiello, 2022, Pág 129).

La asamblea constituyente debe garantizar su naturaleza originaria, porque a diferencia de la que convoco la carta magna vigente, derivada del control  militar; la popular y plurinacional debe ser totalmente procedente de la voluntad mayoritaria. Pero esa acepción,  no debe ser solo entendida bajo una significancia liberal, de un voto una persona,  lo cual no se niega en una faceta de la escogencia de ese órgano constituyente,  sino para que realmente sea contrahegemónica,  es importante que se estructure desde abajo como ya se dijo,  por medio de órganos de poder popular sobre todo de los sectores que luchan contra bloque de poder burgués (Maiello, 2022, Pág. 155).

Tal propuesta de cambio social revolucionario como se pretende asumir con la Asamblea Constituyente Plurinacional y Popular,  debe partir  del hecho de recomponer un entramado social que le dé sustento y fortaleza político organizativa, en especial desde los sectores que luchan.

El nuevo sujeto popular plurinacional

Esta operación de carácter estratégico implica crear un nuevo sujeto social que se desarrollara en este acápite a saber.   Primero se describirán  las tradiciones de lucha política y social y segundo,  la  composición orgánica de este sujeto en la actualidad.

Sobre lo primero, hay que partir de las tradiciones de lucha de los sectores subalternos, de las denominadas clases populares y del proletariado, entendiéndolo no solamente a partir de las relaciones directas obrero-patronal,  sino en las distintas formas de producción del valor y de la apropiación de la riqueza en su conjunto.

Con la modernización capitalista de la década de los cincuenta del siglo pasado en toda Centroamérica,  nuevos sectores sociales como el obrero industrial, los asalariados profesionales, la pequeña burguesía y el estudiantado fueron adquiriendo grados de  politización; de la mano de un proceso de urbanización incipiente que se fue consolidando con más fuerza a partir de la década de los sesenta, estos sujetos se volvieron relevantes contra el poder oligárquico, demostrado con el derrocamiento de Manuel Estrada Cabrera en 1920 y la insurrección cívico militar de 1944.

A  partir de eso,  el sujeto obrero y la izquierda de impronta marxista, junto al campesinado organizado se vuelve relevante en la lucha contra el sistema de dominación capitalista. Con el proceso de urbanización se suman los sectores populares urbanos, protagonizando luchas fundamentales como las jornadas de marzo y abril de 1962, o las serie de movilizaciones y fuertes huelgas de finales de la década de los setentas, que ponen entre dicho la existencia del régimen político militar y el modelo de acumulación capitalista dependiente.

A nivel rural los semiproletarios agrícolas y su corolario en las comunidades indígenas,  mantenidos en una sujeción cuasi feudal desde finales del siglo XIX hasta 1945, habían protagonizado sublevaciones  de índole local,  es con la Declaración de Iximché de 1981 el sujeto indígena adquirió su fisonomía actual, lo cual no quiere decir que estuviera ausente.  Pues es  a partir de la revolución de 1944 con el proceso de reforma agraria y el reconocimiento de las tierras comunales indígenas y luego en la década de los sesenta y setenta con la creación de cooperativas en el marco de la transformación agraria, que adquirieren mayor organización política.

 La imposibilidad de una mutación real en la tenencia de la tierra hizo que el modelo de transformación agraria promovido por los gobiernos militares,  radicalizara las posiciones que exigían una reforma agraria y  que rompiera con la concentración de la propiedad de la tierra de los grandes latifundistas.  Así,  aparecerá  el Comité de Unidad Campesinas en 1978,  CODECA en 1989 y  otras organizaciones tales como el Comité Campesino de Desarrollo Campesino o la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinos, que conformaron en la década de los noventas,  la  hoy desparecida Coordinadora Nacional Indígena Campesina.  

Desde la década de los ochentas,  nuevos sujetos se fueron incorporando a las luchas sociales, como el movimiento de derechos humanos al calor de la búsqueda de los detenidos y desaparecidos,  el movimiento de mujeres que nace del seno de comités femeninos en los sindicatos, que retoma aspectos de las distintos enfoques feministas,  ya en los noventa adquiere la fisonomía de organizaciones no gubernamentales.

Se entra  entonces al último punto de este acápite: la formación del sujeto plurinacional.

Se parte que las relaciones de dominación desde el Estado capitalista y del manejo en la sociedad civil de sectores del capital, debe entenderse que esas relaciones son procesuales, es decir no están dadas de una vez,  sino que se recrean bajo la fórmula gramcsiana de consenso y violencia.

Ello  genera otro elemento en el seno de la sociedad civil,  donde los actores no ligados al capital o que no se convierten en una fracción más de la burguesía, asumen la aceptación, el acomodamiento y cooptación, al beneficiarse de tales mecanismos de dominación sobre ellos mismos. A partir de allí se crean marcos comunes de  actuación y que en general impregnan,  el campo de las disputas políticas en toda la sociedad, las cuales solo en crisis revolucionarias se destrozan  (Josephs & Nugent, 2002, Pág. 216)

La última afirmación también la identificó Trotsky sobre los sindicatos,  pero que se puede aplicar a otras fuerzas sociales populares, que es lo que el marxista ruso denomino la estatización de estos cuerpos sociales y como al igual que Gramsci coincidieron,  en que las direcciones y  burocracias de estos, actúan como policía política a lo interno del campo popular,  para evitar que las demandas no se salgan de ese marco de significación común. (Josephs & Nugent, 2002, Pág. 232)

Para en el caso de Guatemala, Marco Fonseca menciona que a partir de ciertos hechos políticos en los gobiernos de Portillo y Berger,  se fue generando una sociedad civil buena permisiva que venía del mismo campo popular anteriormente impregnado por tradiciones de lucha revolucionaria.  (Fonseca, 2018, Pág. 68).

Aunque a esa fórmula explicada por Fonseca, con el cierre de espacios materializados de forma más claro en el saliente gobierno de Giammattei, es decir esa permisibilidad para la actuación en un marco de significación común para los grupos subalternos, se limita aun más o se clausura  (Mejia, 2021, parraf 85)

Por tanto,  el sujeto plurinacional y popular que debe encarnar ese procesos de transformación social tiene que quebrar con los marcos establecidos; asumir una línea rebelde, porque la legalidad constitucional es una camisa de fuerza que no permite modificar las estructuras sociales. Sin embargo, a este escenario hay que darle aun un contenido estratégico,  porque queda todavía en el aire si la propuesta de la nueva constitución plurinacional, estaría organizándose por fuera de los marcos impuestos de significancia común del régimen de reacción democrática.

Esto es una designación que el marxista argentino Nahuel Moreno estableció para cambios en los regímenes político, que salían de dictaduras instalando gobiernos de apariencia democrática, pero que esas modificaciones no fueron producto del triunfo de la movilizaciones de las masas, como en Argentina o Portugal, sino de la derrota  como en Perú, España o Brasil; que en el caso de Centroamérica paso por la derrota estratégica,  aunque no total,  del movimiento revolucionario (Moreno, 2001, párrafo 58, capitulo 2)

Se habla de  reacción democrática hasta este momento,  porque está relacionado con esos marcos de actuación mediados por la significación que el sentido común dominante ejerce en  favor  del bloque en el poder. La idea de un sujeto plurinacional y popular como el que esboza la propuesta de CODECA,  implica la transformación de ese marco, de ese andamiaje institucional y constitucional,  de convertirse en un sujeto como ya se dijo, destituyente y constituyente de un nueva institucionalidad revolucionaria y un nuevo sentido común contrahegemónico.

Este sujeto por ende parte de la interculturalidad,  pero entendiendo esta no en clave multicultural, sino reconociendo que existen segmentos de la población con ciertas pertenencias  y auto identificaciones étnicas (maya, xínca, garífuna y mestizo/ladino). Pero sin que esta segmentación sea una forma a priori  y funcional de entender la realidad, porque lo cierto es que la realidad es más compleja.

Por ejemplo, el pueblo maya está compuesta por una diversidad de naciones que a su vez conglomeran una nación,  a la cual se agregan las naciones xíncas y garífuna; la categoría ladino/mestizo es equívoca porque la primera se superpuso sobre la segunda como se mencionó en la primera parte de este trabajo, aunque en la actualidad existan sectores que se puedan autodeterminar así;  el mestizo es el complejo producto de la mezcla racial y étnica y que en términos ideológicos, no debiera adquirir la superioridad racista del ladino.

Por tanto, una parte del sujeto plurinacional nacería de esa interculturalidad construida bajo relaciones de igualdad, desde la discriminación de unos a otros y en contra del racismo estructural de minusvaloración a lo maya, xínca y garífuna.

Sin embargo hay otro factor poco estudiado por la Antropología,  producto de los procesos de urbanización de los últimos años, en los que se encuentra esa variedad poblacional caracterizada por la multiplicidad en las actividades económicas. Nos referimos que existe una diversidad de población que no se encuadra entre esas categorías,  por ejemplo en los centros urbanos, donde  la mayoría son emigrantes de regiones rurales con orígenes indígenas,  pero también mestizos. Entonces es en ese complejo proceso de mestizaje, proletarización y multiplicidad económica,  que puede nacer el sujeto síntesis, hibrido, el caldo de cultivo para una nación plurinacional.

A eso se le agrega otro elemento vital. Este sujeto plurinacional debe partir de su situación de clase, es decir más allá de las particularidades étnicas y de las reivindicaciones como pueblos, las cuales no se soslayan sino se integraran. Partir de la complejidad del proletariado y de los sectores populares,  junto a capas medias asalariadas o en proceso de, que no han sido parte de los procesos de acumulación de riqueza económica y de poder político que han caído en el enriquecimiento fácil o del uso del Estado como forma de enriquecimiento; centrándose este sujeto político, en el obrero manual o intelectual con empleo formal,  en el trabajador independiente y en el pequeño propietario, allí nace la condición más importante del sujeto plurinacional y popular..

Bibliografía

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Por Lic. Josué Sevilla

Desde la primera década del siglo XXI, he tenido cierto grado de sin sabor en percibir cómo los argumentos de la tradición historiográfica liberal más inteligente de los siglos XIX y XX, y las posturas desde el materialismo histórico pasaron de ser interesantes a burdas para las nuevas generaciones de cientistas sociales. Esto se debe a la influencia de nuevas interpretaciones historiográficas desde el posmodernismo, algunas con las que no comulgo ni una cuartilla, pero hay que conocerlas.  

Empero, más alarmante es para mí, el lenguaje extraño que se explana en ciertas narrativas que ocultan en ocasiones su concepción burguesa de la sociedad para disfrazarse de academia o academicismo neutral y objetivo. Es decir, aquel tipo de intelectuales orgánicos y sistémicos que suspiran por la modernidad burguesa y el eurocentrismo.

Anclado a ello, con las celebraciones de diferentes bicentenarios en nuestro ambiente Centroamericano –independencia de España (1821), independencia absoluta de Centroamérica (1823)– y mi malograda Honduras, he traído en la cabeza al republicano radical Dionisio de Herrera quien tránsito en aquellos años de principios del siglo XIX, por una coyuntura histórica de cambio de mentalidades, de rupturas con la corona española, de noticias impresionantes de independencias populares en México y Sudamérica, y de formación de la Federación Centroamérica.

Cuando Dionisio de Herrera cursó sus estudios en Guatemala se empapó de los diferentes liberalismos tanto el moderado y el radical que provenía de los filósofos iluministas que incubaron las ideas de la facción jacobina alrededor de la revolución francesa.  En la praxis a juicio de ciertos colegas, Dionisio de Herrera se inclinó por el ala liberal más radical, al igual que Morazán como representantes de una burguesía capitalista, según Filander Díaz Chávez (1986). Las independencias en Latinoamérica al ser hijas de la revolución francesa, fueron parte de la oleada de revoluciones burguesas en la primera mitad del siglo XIX (2005).

La Alcaldía Mayor de Tegucigalpa en el periodo colonial y las redes de poder en la historiografía posmoderna

Los y las historiadoras que han estudiado el periodo colonial y han centrado su atención en la lucha de clases que se dio entre Comayagua y la Alcaldía Mayor de Tegucigalpa a finales del siglo del siglo XVIII, y principios del siglo XIX, son de la opinión que existió una élite económica de mucho peso en la provincia de Honduras.

Tal es el caso de la historiadora Ethel García Buchard (2021) –aunque se suman a la lista Leticia de Oyuela (2003), Luis Pedro Taracena (1998), Oscar Zelaya (1995) y otros– quien ha estudiado las redes de poder de ciertas regiones en Honduras y de la élite de Tegucigalpa, en uno de sus más recientes trabajos.  La alcaldía mayor de Tegucigalpa representó un foco de poder y territorialidad debido al peso que tuvo la economía de extracción minera y otros rubros que devinieron de esta actividad. El estudio de estas redes de poder es el punto de partida de la historiografía actual. Al respecto nos dice la historiadora García Buchard.

Buscando en esta dirección, la historiografía reciente ha puesto su atención en el estudio de los municipios y las oligarquías locales, ya que pueden ser de gran utilidad como categorías de análisis si se pretende identificar y explicar las particularidades de las dinámicas sociopolíticas que ocurren en una sociedad concreta (p. 14)

En tanto existen otro tipo de discusiones fuera de nuestro ambiente, los intelectuales hondureños imaginaron y definieron la formación socioeconómica colonial como feudal, marcados por un eurocentrismo altamente interiorizado en su mentalidad. Y aunque, la historiadora citada hace énfasis en los nuevos debates que ha despertado la historiografía posmoderna, la tendencia siempre apunta al estudio de las elites, mas no los subalternos y menos aún, a estudios bien definidos sobre las estructuras de clases en Centroamérica. Algo característico de la historiografía posmoderna es que evita utilizar de forma abierta categorías como lucha de clases, formaciones sociales, relaciones económicas, modo de producción, estructura de clases, etc.

El historiador Julio Cesar Pinto Soria (1994), al analizar las independencias manifestó que “el nivel económico alcanzado en la época colonial” determinó la beligerancia de ciertos grupos locales y los intereses que defendían, como fue el caso de la Alcaldía Mayor de Tegucigalpa.

En síntesis, son notables los estudios sobre las elites, pero con un discurso precavido, donde los negros, los indígenas o pueblos originarios, las mujeres, los desposeídos siguen sin tener rostros; sujetos sociales que puedan ser presos de ese discurso o narrativa, que considera la historia como ficción. Salvo de la historiografía posmoderna aquellos científicos sociales honestos con su trabajo mas no a los que ocultan su conservadurismo con este lenguaje y que siguen siendo altamente eurocéntricos teóricamente.  

Dionisio de Herrera el conspirador de la independencia en la Alcaldía Mayor de Tegucigalpa

En el momento previo a las independencias de las provincias de Centroamérica, la Alcaldía Mayor de Tegucigalpa había ganado su batalla por mantener su autonomía del régimen de intendencias que introdujo las reformas borbónicas y que lo supeditada a Comayagua. La lucha de clases entre estas localidades se hizo presente en el momento en que la separación de España, era más que inminente e irreversible.

Ahora bien ¿Predominaban en Centroamérica élites económicas feudales o mercantilistas? Pues bien, habría que ver dicen los expertos, pero me parece que Centroamérica ya había hecho su transición al capitalismo mercantilista de forma paulatina. Sobre este particular los teóricos de la dependencia aludieron que la conquista misma de América dio inicio al capitalismo, al igual que la postura descolonial. Estos análisis fueron producto de un debate heterodoxo, dentro de corrientes estructuralistas, y marxistas (Hurtado, 1999, p. 162-173).  

En este sentido, la historiografía hondureña –la menos desarrollada en historia económica en Centroamérica– debe de explicar cuándo, y como ocurrieron estos cambios, y qué efectos tuvo en el modo de producción colonial. No soy especialista en el tema, pero hipotéticamente deseo desmarcarme de aquellas posturas que enmarcaron el periodo colonial como una trasposición en su totalidad del mundo feudal europeo, en la América Colonial y por ende, en Honduras.

La familia de la cual proviene Dionisio de Herrera pertenecieron a la élite terrateniente y ganadera del sur de Honduras, igual que sus parientes Díaz del Valle. Las discrepancias que se generaron entre Juan Jacinto Herrera y José Díaz del Valle, padre de Dionisio y José Cecilio, fueron superadas por estos personajes que tuvieron el privilegio de estudiar en la capital del Reino de Guatemala y tener una amena relación. El primero retorna a Honduras en 1820 y se avecinda en la rica Tegucigalpa –como la designó Francisco Morazán en algún momento– y donde empezó a ocupar puestos fundamentales, en tanto el segundo consolido su vida en Guatemala, y aunque visto con desdén por la oligarquía guatemalteca, tuvieron que bancar su inteligencia, virtud y conocimiento de la administración pública.

Dionisio de Herrera comenzó a hacer partido y dio paso a tertulias con la juventud de la Alcaldía Mayor de Tegucigalpa, en pro de la separación de España e independencia. Como buen conspirador del orden colonial, reunió adeptos entre la élite de Tegucigalpa, y empezó a ser señalado por el representante de la autoridad española, Narciso Mallol como agitador (Becerra, 2007, p. 15).

Su privilegiada posición, su nivel cultural, su vasta biblioteca personal, lo hicieron maestro de Francisco Morazán con quien mantuvo una prolongada amistad. Además, Dionisio de Herrera perteneció al grupo de liberales que abanderaron la forma de gobierno Federal como Joaquín Rivera, José Antonio Márquez, y Diego Vigil. En este sentido, los estudios sobre las pugnas entre liberales y conservadores como aludió la vieja escuela historiográfica yace un en proceso de revisión en las narrativas posmodernas, la cual se ha enfocado en provocar líneas de investigaciones de redes de poder, y redes familiares; mismas que se apoyan entre sí, desde las independencias, hasta llegar a la construcción de estados nacionales bajo los criterios del liberalismo político, según Ethel García.

En verdad, vale la pena problematizar si es preciso señalar como un proceso de revoluciones burguesas la coyuntura independentista, federal y de los estados nacionales, pues, al fin y al cabo, bajo la influencia eurocéntrica y su modernidad, las élites eligieron el camino de la democracia burguesa, y la supuesta libertad económica, que a todas luces siguió siendo desigual con las clases subalternas. Sin embargo, considero que la generación de liberales a la que perteneció Dionisio de Herrera, si le apostó a un choque frontal con las oligarquías coloniales y promover el liberalismo en todas sus dimensiones para suplantar la herencia colonial. Es decir, promovieron la transición de la formación socioeconómica colonial a la capitalista.

El aporte de Dionisio de Herrera como demócrata radical

Es posible que un par de colegas no estén de acuerdo con la idea que las luchas independentistas fueron en realidad la pujanza de esas redes de poder o familiares, por establecer el liberalismo político, donde el principal propósito era degollar la formación socioeconómica colonial, según sus intereses económicos. Después del cisma que tuvo la anexión a México y la intentona imperial, el camino quedo abierto para que el pensamiento de Montesquieu, John Locke, y Tomas Hobbes, se pusieran en práctica. Sin embargo, la lucha de clases tomo pronto otros matices cuando estas redes de poder o familiares vieron en peligro privilegios pasados y el estado laico someramente toco sus intereses de clases. Un bloque histórico es sustituido por otro en teoría, y así la pacífica y elitista independencia de las provincias de Centroamérica se encaminó hacia las guerras civiles entre 1827-29.

Los liberales radicales, más enfocados en la idea del contrato social de Rousseau llevaron a cabo reformas que no gustaron a ciertos sectores. En ese contexto, Dionisio de Herrera casi es asesinado en Comayagua en su casa de habitación. Al parecer, este plan fue diseñado por el religioso Nicolás Irías, según Louis E. Bumgartner quien nos comenta que. 

Escribiendo en las vísperas de la guerra civil de 1827-1829 el presidente Dionisio de Herrera describió el atentado que se hizo contra su vida, a su primo y amigo de toda la vida José Cecilio del Valle. La tragedia que casi se consumó fue una de las manifestaciones más violentas de la rivalidad entre Herrera y el Provisor Nicolás Irías por el control del Estado de Honduras (Bumgartner, 1980, p 211).

Si bien es cierto que hay una disputa por el control de estado como afirma, uno de los mejores biógrafos de José Cecilio del Valle, también es evidente como sectores afectados por la aplicación del liberalismo político, consternaron sus privilegios de clase.

Una deuda historiográfica sobre el primer jefe de Estado de Honduras

Las y los historiadores hondureños tenemos una deuda historiográfica sobre la figura de Dionisio de Herrera. Es decir, del principal conspirador de la independencia en la Alcaldía Mayor de Tegucigalpa y del primer jefe de estado de Honduras (1824). En septiembre de este año se cumplió el bicentenario en que la asamblea constituyente lo eligió para este cargo en medio de una disputa abierta por controlar la administración por diferentes redes de poder regionales de Honduras. Este hecho pasó por alto, por nuestra academia, el gobierno de Honduras y los aficionados a los detalles históricos. Pero mi impaciencia no lo pasó por alto pues siempre me pareció interesante el personaje acusado de masón, al que la iglesia en un acto de intolerancia quemó su biblioteca y que murió en la miseria en la hermana república de El Salvador. Qué bueno sería que en Honduras conserváramos la biblioteca de Dionisio de Herrera como la de José Cecilio del Valle custodiada por la Universidad Francisco Marroquín, en Guatemala. Demás está decir lo intolerantes que fueron algunos líderes de la iglesia católica en Honduras con los liberales radicales, como Herrera y Morazán.

Al revisar la historiografía existente sobre Dionisio Herrera me resulta impresionante lo poco que se ha escrito, si se compara con la cantidad de obras que hay sobre José Cecilio del Valle (su pariente) y Francisco Morazán; partiendo del hecho que esté último fue formado ideológicamente, en su exquisita biblioteca. Otro aspecto que me causó impresión son las erratas que hubo en torno a la fecha de su nacimiento.

Antonio R. Vallejo (1882) manifestó en su momento que “no se conoce con seguridad ni el lugar ni el año en que nació. Algunos de sus biógrafos afirman que nació en Tegucigalpa; otros que nació en Choluteca.” El historiador liberal Rómulo E. Durón (1927), situó la fecha de nacimiento de Herrera en 1788, y Félix Salgado (1941) manifestó que fue el 8 de abril de 1783. Estas tres lumbreras de la historiografía liberal se equivocaron.

Fue el señor Juan B. Valladares quien situó la fecha de nacimiento de Herrera el 9 de octubre de 1781 (Honduras, 1950, p. 22-23), apoyado en la fe de bautismo, que publicó para la Revista de la Sociedad de Geografía e Historia de Honduras, en el año de 1950, donde se conmemoró el centenario de su fallecimiento, en Honduras.

En la misma edición de la revista citada aparece un apartado que hizo Rafael Heliodoro Valle donde expuso un balance referencial de lo que se había escrito sobre Dionisio de Herrera en periódicos y revistas en nuestro país (Honduras, 1950, p. 143-149); en 1981 Juan Ramón Ardon publicó una biografía de Herrera. Más recientemente, el historiador José Manuel Cardona a través de la Editorial Sabio Valle, abordó el asunto de la constituyente de 1824, donde nos encontramos a Dionisio de Herrera en esa trama que lo constituyo como el primer jefe de estado –el historiador José Manuel Cardona es el único que puso atención a la coyuntura histórica entre 1821-25 haciendo un balance excepcional de la constituyente de esos años y el sistema de las primeras votaciones en Honduras– y en una compilación de escritos donde participó el Ministro de la Secretaría Educación de Honduras (SEDUC) Daniel Esponda, con otros colegas, donde se incorporó una biografía escrita por Rafael Heliodoro Valle que “se publicó por primera vez en 1950, en el número 30 del tomo 4 de la revista Hispanic American Historical Review, mientras su autor era embajador de Honduras en Estados Unidos (Esponda et al, 2023, p. 2.).”

Posibles líneas de trabajos

Tal vez en años posteriores se pueda estudiar a este criollo radical y analizar su asidero más detenidamente pero no solo en el contexto de su participación en Honduras, sus años preso en Guatemala hasta la llegada de Morazán abril de 1829, el desempeño que tuvo como jefe de estado de Nicaragua (1830-1833). Así como los intelectuales Morazanista estudiaron fuentes en Costa Rica, Guatemala, El Salvador, sería de gran importancia revisar los archivos nicaragüenses, en ese lapso de tiempo en que Dionisio de Herrera estuvo en la conducción de este estado. De ser posible, estudiar cómo fue perseguido por las redes de poder o familiares, o clases sociales que consolidaron su hegemonía, posterior a la caída de la federación y ese grupo de liberales radicales que estuvieron en la misma empresa, como acusó Ramón Rosa, a Francisco Morazán en su biografía.

Pero además de ello, se debe procurar no perder la lectura de la historia, desde la visión antisistémica, del materialismo histórico, y analizar sin miedos el impacto que tuvo esta transición de la formación social colonial a la burguesa liberal.

Hasta este momento ha predominado el estudio de las élites tanto por la tradición historiográfica clásica, como por esta nueva oleada posmoderna, siempre leal al liberalismo, aunque algunos y algunas lo oculten. Los historiadores sociales, antisistémicos y dialécticos, debemos de dejar de romantizar al extremo a esta generación fundadora de la democracia burguesa en el siglo XIX y analizar sus vidas como seres humanos con sus aciertos y erratas, aunque apartándose de esa pseudo ciencia, neutral y objetiva.

Referencias

Arriola, L. P. (1998). Ilusión minera y poder político. La alcaldía mayor de de Tegucigalpa, siglo XVIII. Tegucigalpa : Guaymuras .

Becerra, L. (1992). Morazán revolucionario . Tegucigalpa : Baktún.

Buchard, E. G. (2021). De una élite regional a una fracción política: un viaje a los orígines de los grupos de poder en Honduras . Tegucigalpa : Ediciones Subirana .

Bumgartner, L. E. (1980). El asesinato frustrado del presidente Dionisio de Herrera el 3 de noviembre de 1826. Yaxkin, 211-213.

Cardona, J. M. (2023). De la independencia de Centroamérica a la primera constitución del estado de Honduras 1821-1825. Tegucigalpa : Editorial Sabio Valle .

Chávez, F. D. (1986). Pobre Morazán pobre. Tegucigalpa: Editorial Universitaria .

Daniel Esponda, J. M. (2023). Constructores de la nación, soñadores de la nación. Tegucigalpa: Editorial Sabio Valle .

Duron, R. E. (1927). Bosquejo histórico de Honduras. San Pedro Sula : Tipografía del Comercio.

Félix Maximiano Briones Quiroz, C. E. (2005). Las revoluciones burguesas del siglo XIX: 1815-1848. Theoria, Vol. 14, 17-23.

Garay, O. Z. (1995). Raíces del poder local en el departamento de Tegucigalpa siglo XIX, tesis de licenciatura en historia. Tegucigalpa : UNAH .

Honduras, S. d. (1950). Vida y escritos de Don Dionisio de Herrera. Tegucigalpa: Talleres tipográficos nacionales.

Hurtado, R. V. (1999). La sociología latinoamericana y su influencia sobre la historiografía (siglo XIX-1980). En H. P. Brignoli, Historia General de América Latina (págs. 162-173). Ediciones UNESCO .

Oyuela, L. d. (2003). Esplendor y miseria en la míneria de Honduras . Tegucigalpa : Guaymuras .

Salgado, F. (1941). Elementos de historia de Honduras. Tegucigalpa : Imprenta Calderon.

Soria, J. C. (1994). La independencia y la Federación . En H. P. Brignoli, Historia General de Centroamérica, Tomo III. (págs. 73-140). San José : FLACSO .

Vallejo, A. R. (1882). Compendio de la historia social y política de Honduras . Tegucigalpa : Tipografía Nacional .

Por: Tomas Andino Mencía

Desde el 27 de enero de 2022, cuando la primera mujer tomo posesión de la Presidencia de Honduras, nuestro país entró en una nueva etapa del conflicto social y político que históricamente ha dividido a nuestra sociedad, entre quienes queremos el cambio social y quienes, desde sus posiciones de poder económico, político y militar, se resisten a este. Esta nueva etapa se caracteriza por la pérdida del hegemonismo sobre el Estado por parte de las fuerzas políticas de la gran burguesía, pero tambien por la conducta incoherente del nuevo gobierno en el que se han depositado las expectativas del cambio que anhela el país.

El horizonte pro-capitalista de las reformas del zelayismo

Con los mencionados hechos históricos, muchos sectores populares vieron renovadas sus esperanzas de que sus demandas por un mejor país serían resueltas. Había motivos para creerlo porque el partido LIBRE lo integran la mayoría de los que anduvimos en las calles después del Golpe de Estado; pero también por otra razón, y es que Xiomara inició una ruta de reformas importantes a varios niveles, que han desperado mucho entusiasmo en buena parte del Pueblo que participó en la Resistencia popular.

Pero estas reformas no son exactamente lo que muchos piensan, así que vamos a lo concreto y hablemos de estas.

Entre las reformas aprobadas en el nuevo gobierno en sus primeros dos años, y sin ánimo de ser exhaustivo sino únicamente de apreciar tendencias, encontramos decisiones claves como las siguientes:

Se aprobaron leyes que favorecen el rescate de la empresa de energía eléctrica, que había sido descuartizada para entregar sus pedazos a inversionistas privados vinculados al narco gobierno de JOH, mientras se renegocian y revisan los leoninos contratos con los generadores de energía.

Se ha prohibido la “minería a cielo abierto”, que tanto daño causaba en las fuentes de agua de las comunidades. Se prohibieron las concesiones a las cuencas hidrográficas, parques nacionales y bosques nublados, entonces privatizadas, porque prácticamente nos íbamos a quedar sin estas.

Se derogó la Ley de Trabajo por horas y la Ley Marco de Protección Social, que vulneraban los derechos de los trabajadores.

Se derogó la Ley Orgánica de las ZEDE, que estaba entregado a pedazos al país a anarco capitalistas extremos. Se eliminaron 19 decretos que legalizaban la práctica del fideicomiso bancario.

Se derogó la Ley Especial de Alianzas Público-Privadas y las cuentas que cada entidad del estado llevaba por separado, uniéndolas en una Caja Única del estado, pues aquellas eran fuente de una tremenda corrupción y saqueo a manos llenas.

Se han fortalecido las principales empresas de servicios públicos (en la ENEE, Hondutel y SANAA) de las manos de empresas privadas voraces, que amenazaban con destruirlas.

Se abrieron relaciones diplomáticas y de cooperación con China; y se diversificó la cartera de organismos financieros con la adhesión al CAF y al Banco de Desarrollo de los BRICS.

Así como estas, muchas otras reformas están en la agenda del nuevo gobierno.

Puede notarse que la intencionalidad de estas reformas es revertir el neoliberalismo salvaje a que fue sometido el país después del golpe de Estado de 2009, en particular por la narco dictadura de JOH, rescatando al Estado burgués y sus instituciones claves del pequeño grupo criminal enquistado en el poder que prácticamente estaba desmantelándolo. Pero tambien puede observarse que estas medidas no pretenden desmontar las estructuras de explotación del sistema capitalista y sustituirlas por un sistema de economía estatal, donde el poder resida en organismos de Poder popular. Su propósito es restaurar el Estado capitalista y modernizarlo, haciéndolo más incluyente, menos despilfarrador, más abierto a la participación de toda la clase capitalista y menos dependiente de un sola fuente externa de mercancías y capitales; es decir, hacerlo más funcional para desarrollar un capitalismo nacional.

El proyecto reformista y sus límites de clase

¿Coincide este proyecto histórico con nuestros intereses como Pueblo? Hasta cierto punto. Coincide en que este sector capitalista busca hacer cambios que contradicen los intereses de la oligárquia semifeudal dominante, algo que tambien quiere el movimiento popular; pero dejamos de coincidir cuando el reformismo burgués comienza a perseguir su objetivo final, que es acumular capital, no beneficiar a las mayorías populares en sí, como haría un Socialismo en manos del Pueblo. Ese es su objetivo primordial, fuera de los adornos de la propaganda oficial. En ese sentido, no podemos coincidir en muchos aspectos con el reformismo liberal porque este obedece a una clase social diferente a la nuestra.

Eso explica por qué los proyectos del nuevo gobierno no se orientan a generar leyes que afecten la propiedad privada burguesa, mucho menos que la expropien, como una transformación agraria profunda; tampoco se orientan a generar formas de economía popular que sustituyan a las empresas capitalistas, elevar el nivel de vida de la clase trabajadora a niveles superiores, fomentar la organización autónoma del Pueblo a lo largo y ancho del país, ni construir un estratégico sector estatal de la industria, la banca, el comercio y los servicios en base a la nacionalización de los sectores claves de la economía ni los sucios negocios de la gran burguesía y del capital extranjero. Se limita a fomentar y apoyar la inversión privada nacional e internacional, fortaleciendo al Estado capitalista para que sirva de soporte a esa inversión, siempre que esta no la acapare un puñado reducido de grandes burgueses, pues los pequeños y medianos burgueses que ahora tienen las riendas del gobierno, tambien aspiran a ser “grandes”.

En ese esquema, se parte del supuesto de que el pueblo se beneficiaría como efecto colateral del “derrame” de riqueza que tal modernización produciría, porque en la teoría keynesiana que le sirve de sustento, requiere que el Estado capitalista se fortalezca para que haya una población con capacidad de compra, aunque no con salarios muy elevados de la mano de obra pues salarios altos ahuyentan la inversión capitalista nacional y extranjera.

Esta fue la misma estrategia de desarrollo y tambien la fuente de conflictos de todos gobiernos liberales y reformistas que han existido en nuestra historia, como Marco Aurelio Soto, Ramon Villeda Morales, y en su momento Manuel Zelaya Rosales, incluido el reformismo militar del segundo mandato de Oswaldo López Arellano, que pusieron su esperanza de desarrollo en el fomento de la inversión extranjera y nacional.

El gran adversario del reformismo liberal, a lo largo de la historia, han sido los partidos y gobiernos conservadores que siempre han abogado por un sistema cerrado de privilegios basados en la propiedad latifundista. Estos sectores abogan por un sistema no competitivo, basado en feudos, en el despojo, la usura, la corrupción, la eliminación de las regulaciones del Estado, en someter a la clase trabajadora a relaciones de servidumbre; en mantener mercados cautivos no desarrollados; y para rematar, en ser sumisos al gran capital imperialista hegemónico. Desagraciadamente, este ha estado en el poder en Honduras por mas de un siglo.

En comparación con estos últimos, los reformadores liberales son progresistas, en el sentido burgués del término, y por eso no es casual que su discurso seduzca a un movimiento popular que carece de proyecto propio. Como ya se dijo, si bien, el Pueblo explotado puede acompañar al proyecto reformista hasta cierto punto, para deshacerse de la vieja oligarquia vendepatria y corrupta, sin embargo, no se debe tener la ilusión de que el proyecto liberal reformista coincide con las aspiraciones más profundas del movimiento popular hondureño, que es acabar con el sistema de explotación de raíz. Basta recordar que fueron los liberales reformistas del siglo XIX quienes abrieron las puertas a la inversión de los monopolios imperialistas, como las empresas mineras y bananeras.

En tal sentido, el pregonado “Socialismo Democrático” no es en sí un proyecto realmente Socialista, construido desde una revolución popular, sino un proyecto ideológicamente liberal burgués que busca su objetivo mediante un proceso de reformas del actual Estado, al que aspira gobernar hegemónicamente, no a destruirlo. En otras palabras, lo que le interesa es promover una apertura y modernización de lo que ya tenemos como Estado.

Pero aquí viene un tema que nos ayudara a comprender lo que hoy día pasa en el pais. Dado que tanto la gran burguesía conservadora como la emergente burguesía y pequeña burguesía reformista, aspiran en el fondo a mantener el sistema capitalista y su Estado, esto hace que la contradicción que las enfrenta no sea una contradicción irreconciliable, antagónica, fundamental; sino una contradicción secundaria, no antagónica y por tanto potencialmente reconciliable. Nuestra historia esta llena de episodios de confrontación entre ambas facciones de la burguesía, pero tambien de claudicaciones y traiciones del liberalismo ante el conservadurismo.

Ahí reside su novedad y a la vez la limitación de clase del actual proyecto del gobierno de Xiomara Castro y del Partido LIBRE.

Estancamiento del proceso de reformas

Dicho lo anterior ¿cómo le está yendo al gobierno y al Partido en el poder en su conflicto con los neoconservadores?

A pesar de tener el control de importantes cuotas de poder en el Estado, no todo ha sido color de rosa, ni todo va viento en popa en este proyecto. Hasta ahora, en la mayoría de los casos estos cambios se han quedado en buenas intenciones. Los cambios perceptibles se han dado a nivel de algunas decisiones del Poder Ejecutivo que no pasan de ser paliativos poco sostenibles, como el subsidio de la tarifa eléctrica, el subsidio al transporte y al combustible, el apoyo con bonos solidarios a campesinos o un pobre aumento al salario mínimo, entre otros; que sin duda son necesarios, pero que por si mismos no transforman nada, ni sacan a nadie de la miseria, porque caen en la práctica de un asistencialismo básico.

La mayoría de las leyes que implican cambios o reformas algo más profundas, hasta ahora han tenido cualquiera de los siguientes destinos:  

• Algunas leyes reformistas no han concluido su proceso de aprobación en el Congreso, como la Ley de Justicia Tributaria y la Ley Integral de Protección Social;
• otras han fracasado en ser aprobadas, como la no aprobación de la Ley contra el Embarazo Adolescente y la no ratificación de la derogación de reformas constitucionales que sustentan las ZEDE; y,
• la mayoría de las que lograron ser aprobadas, encuentran un muro de oposición de los enemigos del proceso, o no cuentan con los recursos económicos suficientes para hacerlas efectivas, como ocurre con las nuevas políticas de vivienda social, apoyo a los campesinos, a los micro productores, la reparación de escuelas, equipamiento de hospitales, entre otros.

Es paradójico que, para impulsar algunos de estos programas, el gobierno tiene que recurrir al financiamiento externo, y el más disponible es el de su principal adversario internacional, el gobierno gringo, a través de la USAID, quienes inundan de recursos los programas gubernamentales para condicionar su orientación, obviamente opuesta a todo lo que huela a transformación reformista.

No obstante, el principal problema que tiene este proceso reformista es que el gobierno que lo impulsa está comenzando a mostrar síntomas de retroceso respecto al impulso inicial.

1.- Cediendo terreno a las fuerzas empresariales de la oligarquía

El primer síntoma de este retroceso es que varias de las más importantes reformas tocan con “pinzas” a la gran burguesía y les dan concesiones en la práctica. Para muestra tres botones.

La derogación de la Ley Orgánica de las ZEDE no fue complementada con la ratificación de la derogación de los artículos constitucionales que permiten estas zonas neocoloniales, de lo cual se vale la ZEDE Prospera para continuar expandiéndose en total impunidad, incluso haciendo experimentos con seres humanos, según han denunciado científicas hondureñas.

La redacción del proyecto de Ley de Justicia Tributaria fue modificada después de someterla a consulta con los grupos empresariales, de manera que, si fuera aprobada, no afectará en los próximos diez años a los actuales burgueses que utilizan las exenciones fiscales sino solo a los nuevos que pretendan utilizarlas, con lo cual la oligarquía metida en sus sucios negocios continuara exenta y enriqueciéndose por diez años más.

En contravención de la prohibición de la explotación forestal y minera, en varias regiones del país estas empresas continúan operando sin control gubernamental, pese a no tener licencias ambientales o a afectar áreas protegidas, con lo cual destruyen los ecosistemas, afectan las fuentes de agua y la salud de muchas comunidades, como ocurre en el norte de Olancho, Guapinol (Tocoa) y en La Mosquitia, entre otros.

2.- ¿Gobierno “socialista” desalojando a pobres a petición de ricos, y a su propia base?

Relacionado con el anterior, el segundo síntoma de retroceso del proceso reformista es que algunas medidas que ha tomado la actual administración se dirigen contra las fuerzas populares que la llevaron al gobierno. Ejemplo de esto son los desalojos a campesinos, pobladores pobres e indígenas, ejecutados por presión del COHEP y los terratenientes, tal como lo denuncia la Plataforma Agraria y diversos organismos de derechos humanos. Asimismo, las fuerzas de seguridad no hacen nada por desmantelar los grupos de matones que asesinan defensores de derechos humanos y defensores ambientales, sino que más bien estos últimos son reprimidos y judicializados por las autoridades, como denuncian varios de estos organismos.

Por otro lado, son escandalosos los despidos de miembros de LIBRE para colocar cachurecos en su lugar. Esto ha provocado múltiples conflictos entre el personal y los funcionarios de diversas instituciones que son cuestionados por ese motivo.

3.- ¿Militares represores y torturadores ahora son guardianes del gobierno socialista?

El tercer síntoma de retroceso consiste en el empoderamiento que el gobierno le ha dado a los militares y en especial a la Policía Militar del Orden Público, supuestamente para garantizar la seguridad interna. De la consigna en época de campaña “Los militares a sus cuarteles” ahora se ha pasado a colocarlos como la gran panacea para combatir el crimen ¡Habrase visto!

La PMOP que la presidenta ha puesto para dar “seguridad” al público es la misma que nos disparaba a la cabeza en las manifestaciones del 2017 y 2019. Ahora vienen a ser los salvadores de la crisis en los centros penales, cuando estos ya estuvieron por varios años bajo administración militar. Tampoco se entiende que se les de toda la confianza cuando el propio responsable Comisionado para la Libertad de los Presos Políticos, denunció que la Policía Militar practica torturas contra los presos y el propio Director de la PMOP fue captado en un audio haciendo amenazas a muerte a subalternos. Asimismo, se presenta la construcción de una cárcel en las Islas del Cisne como una gran solución al problema de la criminalidad organizada, como si el problema fuera que la corrupción en los centros penales se combatiera con aislamiento de los reos y no llevando a los tribunales a los narco diputados, narco empresarios o a las cabezas responsables de la administración penitenciaria.

4.- Componendas tripartitas con la gran burguesía que ponen en desventaja a LIBRE

El cuarto síntoma de este retroceso, en el que me detendré un poco más, es la política de componendas que practica LIBRE con los partidos tradicionales (PL-PN) en una evidente repartición del pastel en instituciones estatales claves para fiscalizar el manejo de los recursos públicos y para combatir el crimen organizado.

Tal componenda se viene dando desde la misma instalación del gobierno de Xiomara Castro, al mantener en los principales cargos de confianza y técnicos a cuadros de la vieja administración cachureca, a pesar de la gran presión de su base; lo cual no era nada casual. De hecho, en la administración pública altos funcionarios miembros del Partido Nacional no sólo no han sido sustituidos por personal de LIBRE, sino que se nombra a más funcionarios cachurecos y se despide a activistas de su propio partido, generando escándalos mayúsculos, que se entremezclan con intereses pre-electorales de liderazgos de LIBRE, como han sido las confrontaciones con los “colectivos” en BANPROVIH, Secretaria del Trabajo, SANAA, Secretaria de Derechos Humanos, Secretaria de Cultura, COPECO, SENAF, y suma y sigue.

La componenda tambien fue evidente en la selección de los magistrados(as) de la Corte Suprema de Justicia en 2023, cuando de la lista de 45 candidatos, en la cual había excelentes elementos con elevadas calificaciones, se escogió a algunos de los más cuestionados, “casualmente” tambien leales cachurecos y liberales.

Iniciado este año, los arreglos fueron notorios en la elección de la nueva Junta Directiva del Congreso Nacional y en la aprobación del presupuesto general de la Republica, y recientemente, el conciliábulo es más que evidente con la elección de los Fiscales general y adjunto al Ministerio Publico, y de magistrados el Tribunal Superior de Cuentas, la Unidad de Política Limpia, el Instituto de Acceso a la Informacion Publica y el Tribunal de Justicia Electoral, llegando al descaro de presentarlos “en combo” al Congreso Nacional. Nadie sabe qué negociaron ni a que acuerdos llegaron, pero no se necesitan tres dedos de frente para entender que, si fueran positivos para el interés nacional, no los ocultarían al público.

Por cierto, resulta interesante constatar que este último acuerdo “express” tuvo lugar después de que lideres de los tres partidos han sido mencionados en el juicio contra JOH en el Distrito Sur de New York, por lo cual es muy probable que haya una relación entre ambos hechos; el tiempo lo dirá.

¿En que beneficia esta situación al proyecto reformista del gobierno? Prácticamente en nada porque no cabe duda de que el gran ganador de estas componendas ha sido el bipartidismo, y en especial, el Partido Nacional. Basta apreciar cómo, después de que estas fuerzas de la gran burguesía estaban acorraladas e iban en retroceso, ahora resultan con cuotas de poder que eran impensables meses atrás.

El caso del cachurequismo es inconcebible. Cuando la dirigencia del Partido Nacional se encontraba en su peor momento político, desprestigiado, con sus lideres perseguidos por la justicia, nacional e internacional, y autoexiliados, ahora LIBRE transa con estos, incluso dándoles cuotas de poder que les permitirán influir para impedir la mano de la justicia. Sino véase como le fue concedida la Dirección de Fiscales del Ministerio Publico al Partido Nacional; y como tiene un representante en cada una de las instituciones contraloras del Estado.

Todo  indica que ahora el bipartidismo PL-PN será mayoría en todos esos organismos, lo cual será decisivo en el caso del Tribunal de Justicia Electoral, de cara a las próximas elecciones, con lo cual LIBRE se estaría haciendo un disparo a su propio pie al aceptar esa distribución de funcionarios. Eso explica por qué el susodicho acuerdo fue aceptado por las cupulas de los partidos tradicionales y tambien fue objeto de felicitación por la Embajada gringa en Honduras.

Gobierno de refundación, pero ¿qué está refundando?

Se puede argumentar que, como el gobierno está en minoría en el Congreso, no tiene manera de hacer las cosas de forma diferente. Pero eso no es un argumento convincente. ¿Acaso no es este un gobierno que ascendió para hacer las cosas diferente? Baste un ejemplo, con la Fiscalía en sus manos, nombrada por la Comisión Permanente del Congreso, se marchaba por buen camino, desempolvando expedientes convenientemente ocultados por la anterior administración de esa entidad del Estado e iniciando la persecución penal de esos delincuentes; pero ¿por qué se cambió a una situación en la que esos logros podrán serán frenados por el Partido Nacional? No había necesidad de hacer ese cambio. Era preferible sostener la situación anterior en el MP, porque estaba dando frutos.

Entonces ¿por qué carajos un gobierno “refundacional” está cediendo a sus enemigos, quedando en desventaja en las principales instituciones contraloras del Estado? Si el problema es el sistema ¿Por qué no se está refundando este sistema, por ejemplo, mediante la consulta al Pueblo en Plebiscitos o Referéndum, o convocando a una Constituyente?

Algo se está haciendo mal para que el gobierno se someta sin luchar a las reglas del juego de sus enemigos y les ceda cuotas importantes de poder que después utilizaran en su contra. No es lo que se espera de un gobierno de cambio, menos de un gobierno y de un partido que abiertamente profesa la “Refundacion”. Por ese camino, las fuerzas políticas de la oligarquía están en camino de recuperar la hegemonía que siempre han tenido en el Estado y crear condiciones para procurar la salida de LIBRE del gobierno en el próximo proceso electoral.

Entonces es aquí donde volvemos a lo ya dicho. Primero, este es un gobierno liberal y reformista, no popular ni revolucionario; y segundo, las contradicciones entre las fuerzas políticas del reformismo y del conservadurismo, no son antagónicas, son reconciliables, especialmente cuando ambas se sienten amenazadas por los mismos riesgos.

El gobierno atrapado en las reglas de su enemigo

Tal vez el principal factor que le impide avanzar al nuevo gobierno, es que estos procesos se están haciendo guardando respeto por las normas jurídicas del sistema que la oligarquía construyó por décadas en Honduras, diseñadas para hacer difíciles o imposibles los cambios. Este viejo orden jurídico defiende a ultranza la propiedad burguesa por sobre el interés colectivo de la sociedad, establece miles de trabas para no afectar a los poderosos y coloca mil candados en la Constitución y las leyes para hacer imposible modificar el actual modelo de representación política y así impedir el Poder Popular. En este viejo estado oligárquico no puede funcionar ningún proyecto reformista burgués, mucho menos socialista.

Hugo Chávez, Evo Morales, y otros reformadores latinoamericanos comprendieron que, para producir cambios efectivos en el sistema, aun tratándose de reformas burguesas, se requiere modificar las reglas del juego establecidas por las viejas oligarquías, y por eso sus primeras decisiones fueron convocar a Asambleas Constituyentes para “reiniciar” el sistema sobre nuevas bases. En varios países donde estos cambios de paradigma no se han hecho, donde los procesos constituyente fueron superficiales o donde no lograron ser aprobados, los gobiernos no han logrado avanzar (Colombia, Chile), han retrocedido a gobiernos ultraderechistas (Argentina, Ecuador, EL Salvador), están siendo acorralados por los conservadores (Guatemala, México) y algunos hasta fueron derrocados (ver casos de Honduras en 2009, Paraguay y Perú, entre otros).

La razón es sencilla; mientras la oligarquía mantenga su poder económico, mientras el país siga dependiendo del sistema financiero de la banca capitalista nacional e internacional y mientras el Pueblo no luche con su propia agenda por obtener cuotas de poder reales, los conservadores se recuperan rápido y pasan a la contraofensiva.

Honduras la encrucijada: avanzamos o retrocedemos.

Por todas estas situaciones, el proceso de “refundación” no solo se ha estancado, sino que retrocede. Contrario a lo que se pueda pensar, estos retrocesos del gobierno no tienen el efecto de que los enemigos del Pueblo cesen sus conspiraciones, sino todo lo contrario; los envalentona porque detectan su punto débil y prosiguen conspirando para sacar al gobierno o impedir que continue.

De seguir las cosas así, al largo plazo quienes saldrán beneficiados en los hechos nuevamente será la oligarquía, mientras que el sueño de cambiar el actual sistema capitalista neoliberal, quedará en papel.

En tal sentido el país se encuentra en una encrucijada; o se avanza hacia la solución de esos y otros problemas, aprovechando la coyuntura histórica de contar con el decidido apoyo del Pueblo para derrotar la resistencia de la oligarquía; o el gobierno sigue retrocediendo, tanto que cada vez tendera a parecerse e identificarse con el bipartidismo tradicional.

Solo la ciudadanía critica de este país, y en especial la base de LIBRE que realmente quiera una refundación de Honduras, puede cambiar ese destino.

Por Tomas Andino Mencía

El 29 de agosto fue un día histórico. La Resistencia Popular se reencontró consigo misma en todo su esplendor ahí donde nació, en la calle. Decenas de miles de personas inundaron el centro de Tegucigalpa en una gran manifestación convocada por la presidenta Xiomara Castro, que superó las expectativas de sus organizadores y dejo en shock a sus detractores. Para comprender el impacto que ha tenido y su relación con el proceso de elección del Fiscal General y Adjunto, es necesario analizar el contexto en el que se han dado los últimos acontecimientos.

LA OFENSIVA CONSPIRATIVA, VIENTO EN POPA

Sin duda, los grupos de poder económico y criminales desplazados del gobierno en las últimas elecciones han venido trabajando sistemáticamente para desacreditar la administración de Xiomara Castro, como parte de una estrategia conspirativa bien orquestada desde antes que asumiera el poder. Han aprovechado la desastrosa situación económica que le dejaron, como también, hay que decirlo, los errores que el gobierno ha cometido.

Confiada en ese trabajo de zapa, hemos visto en los últimos meses una febril actividad abiertamente opositora de los partidos Nacional, Liberal y PSH; y también de un sector muy conservador de la “sociedad civil”, de la empresa privada y de militares retirados, que han pasado de la ofensiva mediática a una ofensiva material con el perverso objetivo de boicotear la actividad gubernamental, generar ingobernabilidad e incluso atentar contra algunos funcionarios.

Esto se ha venido cumpliendo en etapas: la primera ha sido el ablandamiento mediático, a cargo de los principales medios de comunicación, que responsabilizan al gobierno de todo lo malo que ocurre en el país; y ahora, la segunda etapa, que consiste en disputarle la calle a la Resistencia popular y, de parte de aquellos sectores más recalcitrantes, fraguar un nuevo Golpe de Estado.

Tres hechos que muestran el “envalentonamiento” de la burguesía opositora son los siguientes:

El primero fue la “insurrección parlamentaria” iniciada en julio por el Partido Nacional, con la cual lograron semiparalizar las labores del Congreso Nacional, retrasando la aprobación de diversos decretos, como la Ley de Justicia Tributaria; pero con la mira puesta a impedir la elección del nuevo Fiscal General y Fiscal Adjunto del Estado, a fin de que continuaran en esos cargos Oscar Chinchilla y Daniel Sibrián, respectivamente, títeres del sector más corrupto del anterior gobierno y del narcotráfico.

El segundo hecho fue la denuncia de un Golpe de Estado que se estaría fraguando de parte de un sector de los militares, presuntamente encabezados por varios generales ya retirados. Esta denuncia se suma a un antecedente reciente del atentado magnicida contra el titular del Congreso Nacional, Luis Redondo, a quien, según informo la Policía Nacional, se le intento envenenar; y a acciones de sabotaje físico contra instalaciones de generación hidroeléctrica y educativas.

Y el tercero fue la manifestación que hizo el llamado Bloque de Oposición Ciudadana (BOC) el pasado 19 de agosto, fruto de la alianza establecida entre el Partido Nacional y un sector del Partido Salvador de Honduras, que logro movilizar, con mucho, a unas 10 mil personas; señal inequívoca de que las fuerzas vinculadas al atraso y la corrupción buscan iniciar un proceso de movilización política en las calles para cosechar el descontento social inducido en importantes sectores de la población, y así darle base social a sus intentos conspirativos.

Esto llevo al gobierno, en un acto defensivo, a organizar una demostración de fuerza para el 29 de agosto, convocando a las bases de LIBRE desde la misma Presidencia de la República, algo que por primera vez se hace en este gobierno, y a amenazar con acciones legales a los pretendidos militares neo-golpistas.

La convocatoria a la movilización, contrario a lo que cabía esperar de un gobierno que ha tenido un rápido desgaste, tuvo una gran acogida pues dio la oportunidad a la base de la Resistencia Popular para canalizar el repudio y dar una muestra de su espíritu de cuerpo, aún a pesar del descontento que buena parte de esta tiene contra la cúpula de su partido por problemas de empleo, la carestía de la vida y su rechazo a algunas prácticas de su liderazgo.

EL PUEBLO EN LA CALLE CAMBIO TEMPORALMENTE LA CORRELACION DE FUERZAS

¿Fue efectiva esa demostración de fuerza? ¿Qué efecto real tuvo? La prensa burguesa la minimiza afirmando que no tuvo ningún impacto y que los manifestantes se fueron “con las manos vacías”. Pero viendo los resultados concretos, puede decirse que tuvo un efecto importante en la correlación de fuerzas, lo que se expresa en aspectos como los siguientes:

El Partido Nacional anuncio, pocos días después de la convocatoria a la manifestación, que suspendería su “insurrección parlamentaria” el día de la elección del Fiscal, y llegado ese día, cuando decenas de miles rodearon el Palacio Legislativo, en efecto lo cumplió por temor a la reacción popular. Eso permitió temporalmente que el juego parlamentario entre las distintas fuerzas políticas se produjera sin la presión de la “insurrección cachureca”. Por otro lado, el musculo demostrado por el pueblo y la oportuna denuncia de la conspiración de los generales, enfrió las pretensiones golpistas que venían manifestándose impunemente en los medios de comunicación; complementado por la contundente expresión del Gral. José Jorge Fortín, Jeje del Estado Mayor conjunto de las Fuerzas Armadas, que expresó su respaldo al gobierno de Xiomara y rechazó esas pretensiones.

Hoy día ni Nasralla ni el Partido Nacional ni ningún sector de la llamada “sociedad civil” se atreven a convocar a una nueva manifestación opositora, a hacer llamados públicos a un golpe de Estado o a hacer “insurrección parlamentaria” por temor a la reacción de la Resistencia. Hasta la empresa privada ha moderado su lenguaje, abogando por bajar la confrontación.

En el plano legislativo, la manifestación en sí no influyó en cambiar las votaciones, pero dio pie para que la bancada de LIBRE se unificara y se sintiera con la fuerza política necesaria para trancarse en su propuesta de Fiscal General y Fiscal Adjunto, rechazando negociar sus candidatos con las demás bancadas. Asimismo, Luis Redondo se sintió alentado a “amagar” a los diputados y diputadas propietarios que tienen cuentas pendientes con la justicia –en su mayoría diputados cachurecos-- para impedir que voten en la elección del nuevo Fiscal General, aplicando una prohibición que al respecto establece la Ley Orgánica del Poder Legislativo. En cumplimiento de dicha ley, que tanto Naciones Unidas (OACNUDH) y la misma “sociedad civil”, han exigido, el cachurequismo se vería afectado en su votación ¡Vaya cosas de la vida!

Con lo dicho, puede decirse que, al menos temporalmente, la demostración popular del 29 de agosto ha tenido como consecuencia revertir la correlación de fuerzas sociales, y ahora esa correlación está del lado de la Resistencia popular y del partido de gobierno, lo cual debería ser aprovechado por este para tomar la iniciativa de forma adecuada --y cuando digo adecuada es también corregir los errores que está cometiendo-- en todos los campos y no solo en el tema de la elección de la Fiscalía General del Estado, como proponemos más adelante.

Esta es la buena noticia. Sin embargo, estamos obligados a hacer algunas reflexiones, sobre si esta nueva correlación está siendo aprovechada positivamente, o por el contrario está siendo desperdiciada.

CHINCHILLA HUYO Y SIBRIAN TAMBIEN DEBE IRSE

Tras el fracaso de las negociaciones en el Congreso Nacional, las fuerzas oligárquicas pretendieron en un principio que Oscar Chinchilla y Daniel Sibrián prolongaran el periodo de su cargo hasta que fuera electo su sustituto, seguramente para asegurarse de que no queden evidencia en pie contra sus protegidos, los corruptos del anterior régimen.

El principal argumento jurídico con el cual se pretende mantenerlos en el cargo es invocar el artículo 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, según el cual “las autoridades electas por el Congreso Nacional continuaran en sus cargos hasta que sus sustitutos sean electos por este órgano del Estado”. Esa ley, elaborada en la época de la narcodictadura para prolongar el periodo de estos funcionarios (por cierto, ambos impuestos ilegalmente en esos cargos, como es de dominio público) contradice lo establecido en la Constitución de la República, que define el periodo de duración de su cargo para cinco años, el que finalizó el 31 de agosto recién pasado, sin ninguna mención de que podría prolongarse en casos especiales.

En situaciones de conflicto como esta, la misma Constitución establece el camino a seguir en su artículo 320: “En caso de incompatibilidad entre una norma constitucional y una legal ordinaria, se aplicará la primera”. Por tanto, la continuidad de Sibrián no tiene asidero jurídico constitucional y también debe irse. En su lugar, debe quedar el Director de Fiscales, para los casos ordinarios, y el Fiscal Especial de la UFERCO, para los casos de alto impacto, es decir de corrupción de altos funcionarios públicos.

Empero, la huida de Chinchilla a Nicaragua debilita esta estrategia, pues se quedan sin su peón principal, mientras que el ex Fiscal Adjunto, ha quedado hecho un manojo de nervios ante la iniciativa que Redondo presento en el Congreso de integrar una comisión investigadora sobre el desempeño de estos funcionarios. Por tanto, no creo que dure mucho en el cargo. En fin, veremos.

En las últimas horas circula la especie de que Chinchilla salió como resultado de una “negociación” con el gobierno, por la que este se ofreció a colaborar a cambio de protección, sobre lo cual aún no existe evidencia. Pero ciertamente es sospechoso de que este funcionario, que estaba en la mira de todo el país, haya abandonado Honduras así de fácil, sin que se le haya adelantado ningún proceso acusatorio en su contra previendo esa situación y sin que ninguna autoridad lo haya detenido.

Pero ¿y qué hay del proceso de elección del Fiscal General y Adjunto? ¿En qué va a quedar todo eso?

EL TORTUOSO CAMINO HACIA LA ELECCION DEL FISCAL GENERAL Y ADJUNTO

Todo indica que este malogrado proceso va camino a naufragar y que al parecer puede tener otra salida por fuera del Congreso Nacional, sobre lo cual, en la última parte de este artículo, hago una propuesta. Pero es importante echar una mirada crítica a como ha sido manejado desde la primera etapa a cargo de la Junta Proponente, y después por los partidos políticos en el Congreso Nacional.

En cuanto a la Junta Proponente, esta no garantizó un proceso imparcial y objetivo de las y los precandidatos. Recordemos que la mayoría de la Junta Proponente excluyó del proceso con argumentos muy débiles a dos de los candidatos que, por sus méritos y compromiso social demostrado, hubieran sido una excelente cabeza del Ministerio Publico para luchar contra la corrupción institucionalizada: Luis Javier Santos y Mario Urquía.

Luis Javier Santos fue excluido por una injusta evaluación que hizo la CIDH de su rol en el caso emblemático de Janneth Kawas; un caso que fue revisado por la MACCIH, quienes lo exculparon de responsabilidad, pues fue el único fiscal que actuó de todos los que conocieron del asunto, según reporta el reconocido jurisconsulto Joaquín Mejía. Por su parte, Mario Urquía también fue injustamente excluido, en este caso por haber sido presidente de la anterior Junta Nominadora para nombrar candidatos a la Corte Suprema de Justicia, sin que esto sea una causal de inhabilitación, ya que el Ministerio Publico es una entidad autónoma que no forma parte de ninguno de los tres poderes del Estado.

Ambos profesionales elevaron sendos Recursos de Amparo ante la Corte Suprema de Justicia, que hasta el día de hoy no han sido resueltos previo a la elección del Fiscal, como debió haber ocurrido. ¿Por qué? Vaya usted a saber. Pero lo que es claro es que “los astros” se alinearon a fin de impedir que ocuparan tan alto cargo.

En la lista final quedaron los cinco candidatos oficializados (entre paréntesis, con su nota de promoción): Jenny Gabriela Almendares Flores (95.55%), Mario Alexis Morazán Aguilera (87.98%), Marcio Cabañas Cadillo (84.36%), Johel Antonio Zelaya Álvarez (80.94%) y Pablo Emilio Reyes Theodore (75.26%).

Sin embargo, el presidente del Congreso Nacional, en un abuso de sus atribuciones, nombro una comisión multipartidaria para que hiciera su propia evaluación de los candidatos, sin tomar en cuenta lo hecho por la Junta Proponente (nombrada por el mismo Congreso en base a Ley), incluso le asigno nuevas calificaciones. Si bien es cierto, el proceso llevado a cabo por la Junta Proponente no fue del todo satisfactorio, al menos fue transparente; pero este otro, solo las cuatro paredes del Congreso fueron testigos de una “evaluación” hecha a la carrera por los diputados(as) y la cual, por lo visto se hizo para justificar sus propias propuestas.

¿PROPUESTAS PARA UN MEJOR MINISTERIO PUBLICO O PARA "ARREGLARSE" ENTRE CORRUPTOS?

Al hacer sus propuestas, los partidos políticos dejaron fuera a dos de estos cinco candidatos. Uno de los excluidos fue el segundo mejor calificado por la JN, Mario Alexis Morazán Aguilera, miembro de LIBRE, profesional con doctorados, maestrías y amplia experiencia profesional, quien recientemente fue condecorado por la presidenta Xiomara Castro por haber sido uno de los profesionales que defendieron el Estado de Derecho y la democracia en contra del Golpe de estado de 2009; solo tuvo una tacha en el proceso de selección y la desvaneció. Como dato curioso, Mario Morazán quedó fuera porque no fue postulado por su propio partido, LIBRE, ni siquiera como Adjunto.

El otro excluido fue el cachureco Pablo Emilio Reyes Theodore, hombre de confianza de la ex directora de la DEI, Miriam Guzmán, a quien sirvió contra el sindicato de esa institución. De manera similar, este candidato tampoco fue apoyado por su partido, el Partido Nacional.

Al ser excluidos estos dos, quedaron tres que son objeto de consideración en las propuestas de los partidos políticos: Marcio Cabañas Cadillo, Johel Zelaya Álvarez y Jenny Almendares Flores. Los dos primeros liberales y la última sin afiliación declarada.

LIBRE propone en su fórmula a Johel Zelaya Álvarez y Marcio Cabañas Cadillo (que resultaron mejor evaluados por la comisión nombrada por el Congreso); mientras que el BOC propone a Marcio Cabañas Cadillo y Jenny Almendares Flores. Como se ve ambas formulas tienen en común que proponen a Marcio Cabañas Cadillo, liberal del lado oscuro, por lo que pareciera que la estrategia de LIBRE y del BOC, en esta primera etapa, fue coquetear con el Partido Liberal, llevando a la cabeza de sus respectivas formulas a este profesional para obtener su apoyo en la votación, aunque para ello hayan sacrificado a sus propios compañeros de partido, como ya se explicó.

Pero ¿será que alguna de estas dos fórmulas de postulados reúne condiciones para dirigir el Ministerio Publico? Puede decirse que individualmente algunos de los candidatos reúnen esas condiciones, pero no en las fórmulas propuestas. Veamos.

Marcio Cabañas Cadillo, el candidato en quien todos los partidos coinciden (tuvo la mejor nota en su evaluación “rapidita” de los diputados), no es precisamente una blanca paloma; en 2009 beneficio al dueño de “Pronto”, el empresario Mauricio Gabriel Kattan Salem, en el sonado caso del “Trafico gris”, recomendando al entonces fiscal General cachureco, Leónidas Rosa Bautista, para que cerrara todas las diligencias investigativas del caso; caso que hasta ahora está en la impunidad. Tenerlo en el Ministerio Publico, aun como Fiscal Adjunto, equivale a que los corruptos tengan un pie dentro de esa institución.

Que a Cabañas Cadillo lo recomienden los cachurecos y sus aliados no es extraño, pero la pregunta obligada es: ¿cómo puede LIBRE tener estómago de haber sacrificado a un buen candidato de su partido, como Mario Morazán, y proponer a este otro señor que carga con semejante cuestionamiento? El mismo diputado de LIBRE, Jari Dixon, quien conoce a Cabañas Cadillo desde la época del entonces Fiscal General, Leónidas Rosa Bautista, de quien era asistente, repudió esa postulación. Eso significa que, para llegar a componendas con los liberales, LIBRE y los del BOC están dispuesto a llevar de candidato a un personaje co-responsable de la impunidad. Juzguen ustedes.

Como se dijo, las coincidencias entre los partidos terminan con este último personaje, porque las propuestas se dividen respecto a los otros. LIBRE propone a la cabeza de su fórmula a Johel Antonio Zelaya Álvarez y el BOC propone de Fiscal Adjunta a Jenny Gabriela Almendares Flores. ¿Qué méritos y deméritos tienen estos?

Johel Zelaya Álvarez, quien ocupo el 4º lugar de calificaciones en la evaluación de la Junta Nominadora (y el 1er puesto en la “rapidita” de los diputados) tiene como merito que está limpio de antecedentes reñidos con la ética; ni en este proceso ni cuando fue candidato a la Corte Suprema de Justicia tuvo ninguna tacha, según me consta, y es además un reconocido defensor de su etnia lenca en su lucha contra la industria extractiva que afecta sus comunidades, según refiere la organización lenca ONILH.

Sus detractores desde la derecha en los medios de comunicación alegan que ocultó su condición de regidor en la municipalidad de Reitoca, pero en realidad ni lo ocultó en el expediente que entregó a la Junta Proponente ni en su entrevista publica, como lo atestiguan Odir Fernández y Julio Raudales, miembros de la Junta Proponente ; además, ser Regidor no es causal de inhabilitación, según la Ley Orgánica del Ministerio Publico en su artículo 20 numeral 4 (según esa misma ley, si lo es haber sido “directivo activo de un partido político”, algo de lo que nadie lo acusa).

Su lado débil es su nivel académico universitario básico y su poca experiencia; no tiene postgrados, incluso cuando fue candidato a la Corte Suprema no pasó el examen escrito, y no tiene experiencia como fiscal ni conocimientos especializados de derecho penal. De manera que Johel Zelaya, es un buen candidato en términos éticos y de compromiso social entre los cinco finalistas, pero no es el candidato académica ni profesionalmente idóneo para encabezar esa fórmula a un cargo de tan elevada responsabilidad. Esta es la persona que postula LIBRE encabezando su fórmula, además del mencionado Marcio Cabañas Cadillo, como Fiscal Adjunto.

En cuanto a Jenny Almendares, cuya afinidad partidaria es desconocida, fue la mejor calificada por la Junta Proponente con 95.55%, aunque la evaluación “rapidita” de los diputados la rebajo a un 78%. No cuenta con doctorados, pero si con maestrías y especialidades, con sobresaliente experiencia técnica en el Ministerio Publico, donde ejerció por 20 años, y en materia de derechos humanos con organizaciones no gubernamentales. No tiene cuestionamientos éticos de ningún tipo en todo el tiempo que laboro en el Ministerio Publico y se sabe que se ha dedicado profesionalmente a la causa de los derechos de los privados de libertad, actividad a la que también se ha dedicado su padre, el respetado Dr. Juan Almendares Bonilla, por lo que se asume que tiene sensibilidad social.

Sus detractores difunden rumores de que estuvo del lado del Golpe de Estado en 2009, presentando requerimientos ordenados por el Ministerio Publico contra varios funcionarios del gobierno de Zelaya, de lo cual no he tenido a la vista ninguna evidencia, sino solo rumores en las redes sociales. Mientras esas evidencias llegan, la abogada Almendares es una de las mejor posicionadas para ocupar el ansiado cargo.

Por todo lo dicho, una fórmula que contara con la abogada Mario Morazán, Jenny Almendares y Johel Zelaya Alvares de Adjunto, sería aceptable. Pero como vimos, uno quedo excluido y a los otros los hacen acompañar de personajes de dudosa reputación en sus fórmulas.

De lo anterior se deduce que, aun cuando hay buenos profesionales participando, las propuestas presentadas por ambos bandos en el Congreso Nacional fueron organizadas pensando más en llegar a arreglos entre partidos para garantizarse impunidad unos a otros, que en darnos un Ministerio Publico de calidad. Desafortunadamente no hay apertura para reconsiderarlas y eso a lo único que nos lleva es a tener más de lo mismo en esa institución de justicia.

¿JUSTICIA REAL O UN “SOMBRERAZO” PARA UNA NUEVA RONDA DE NEGOCIACIONES?

Así las cosas, temporalmente las negociaciones en el Congreso sobre la elección del Fiscal General se han suspendido, y en el ínterin, el presidente del Congreso Nacional y la presidenta Xiomara anuncian varias medidas que parecieran un giro completo en la estrategia sobre este tema: 1) Se ha anunciado un apoyo total a la UFERCO, incrementando su presupuesto y dándole todo el apoyo que necesite para que lleve a los corruptos a los tribunales, aprovechando que no existe la traba del Decreto 116-2019 para retrasar los procesos; 2) Luis Redondo integro una comisión de diputados(as) para investigar el desempeño de Chinchilla y Sibrián; y, 3) amenaza con aplicar la prohibición establecida en la Ley Orgánica del Poder Legislativo por la cual no podrán votar en la elección del Fiscal General y Adjunto las diputadas y diputados que tienen causas pendientes con el Ministerio Publico. ¿Sera cierta tanta belleza?

Esto que parece ser un buen síntoma de voluntad política contra la corrupción, me lleva a las siguientes reflexiones: La UFERCO en los últimos dos gobiernos ha clamado por apoyo para su trabajo, sin ser escuchada ¿por qué antes no se le dio “todo el apoyo” y ahora sí? ¿Es una real intención de hacer justicia o solo es un recurso táctico para condicionar otra ronda de negociaciones con liberales y cachurecos, para después volver a olvidarse de esta noble fiscalía?

Con todo mi corazón deseo que se haga justicia, pero ese camino no parece algo serio ni sostenible. Todo parece indicar que se trata solo de un improvisado “amago de justicia”, que de repente sacrifique a uno que otro, pero con el fin de ablandar a los lideres y diputados del Partido Nacional y Liberal para someterlos a una nueva ronda de negociaciones sobre la elección del Fiscal General, ya que esta solo puede hacerse con 86 votos. De seguir ese camino, el resultado no tendrá nada que ver con los intereses de la sociedad sino con los intereses de las cupulas del partido o coalición de partidos que logre imponer sus fórmulas de componendas. Por el bien de este país, ojalá me equivoque.

CAMBIAR EL MODELO POLITICO A TRAVES DE UNA CONSTITUYENTE

Como vimos al inicio de este artículo, el Pueblo que vino a Tegucigalpa el pasado 29 de agosto a exigir un nuevo Fiscal, quiere y merece algo de calidad. Pero también merece que el gobierno en sus tres poderes realice cambios estructurales con los cuales no tengamos que estar “apagando incendios”, como ocurre hoy día, sino que den respuesta a los anhelos de vivir en un país con real democracia e inclusión. Si nos vamos a movilizar de nuevo, que sea para un cambio real, trascendente, un cambio de estructuras; no para seguir en más de lo mismo.

¿Y CÓMO HACER ESE CAMBIO DE ESTRUCTURAS?

Cambiar las estructuras significa cambiar la causa del problema, y esta causa es el modelo político que nos rige. Un modelo es una forma sistemática de organizar y hacer las cosas constantemente. El modelo político que está detrás de la decepcionante conducta de los diputados(as) en la elección del Fiscal General y Adjunto, así como en el pasado ocurrió con la elección de la Corte Suprema de Justicia, y mañana ocurrirá con el Tribunal Superior de Cuentas, entre otras instituciones claves, es un modelo de “democracia representativa” de tipo capitalista, que ya está agotado, caduco y desfasado.

Si realmente este modelo fuera representativo, los diputados y diputadas tendrían que ir a nuestras comunidades a preguntarnos que queremos y seguramente regresarían con decisiones diferentes a las que suelen tomar. Pero nada los obliga a hacerlo. Y no es su culpa porque todos hemos sido educados de que este es el mejor de los sistemas. A tal punto llega la alienación del Pueblo que se ve como lo más normal del mundo que un puñado de 128 diputados y diputadas, bajo el mando de las cupulas de sus partidos, sigan decidiendo por millones de hondureños(as) en todo aquello que afecta sus vidas.

Antes la crisis de este modelo no era evidente porque en el pasado se ajustaba a un bipartidismo que todo lo resolvía con componendas amistosas entre los oligarcas y ricachones; ya que ellos eran los únicos “representados”. Cualquier cambio que ocurriera no ponía en peligro sus intereses materiales más profundos, porque se relacionaban entre iguales. Pero en la actualidad, después del surgimiento de la Resistencia Popular, cualquier proceso de selección en el que estén en juego cuotas de poder, son peleadas a patadas y arañazos por los representantes de la oligarquía conservadora de este país. Este conflicto tiene como escenario el Congreso Nacional, la Corte Suprema, como también las municipalidades, las instituciones descentralizadas, las Juntas nominadoras y proponentes, entre otras instancias. Por lo dicho, este modelo no genera soluciones para nada, sino que solo genera conflictos y crisis políticas que escapan al control del Pueblo.

La primera solución a este problema es abandonar este modelo de “democracia representativa”, pues a los únicos que representa es a los empresarios y burócratas del sistema capitalista; y, en sustitución de este, adoptar un modelo de “Democracia Participativa Directa”, verdaderamente socialista, en el que el protagonista de la toma de decisiones sea el Soberano, es decir, el Pueblo mismo.

Esto significa que en un modelo de Democracia Participativa Directa, el Pueblo seria quien elegiría de manera directa a los magistrados(as) a la Corte Suprema, el Fiscal General y Adjunto, el Tribunal Superior de Cuentas, o a los Secretarios de Estado, de entre aquellos candidatos y candidatas que pasen por el filtro de las Juntas Nominadora o Proponentes, a través de procesos bien diseñados y auditados con participación ciudadana, organizados de manera que la participación ciudadana no dependa de su afiliación a un partido político.

La segunda medida debe ser introducir la figura de la Revocación del Mandato de todo funcionario público o representante electo por voto universal directo y secreto. Eso significa que estos podrán ser destituidos de sus cargos cuando el pueblo lo decida, ya sea porque ya no está conforme con las decisiones que toma o porque considere que hay un mejor representante para ese cargo. Eso impediría la eternización de los funcionarios y que estos se crean intocables ante sus electores.

La tercera medida es que estos funcionarios deben someter sus planes, presupuestos e informes ante asambleas ciudadanas de distritos electorales que los eligen. De esa forma los funcionarios nombrados y electos estarán obligados a hacer lo que la base quiere, estando estos en posibilidad de hacer propuestas, siempre sometidas a la voluntad popular.

La cuarta medida es que su remuneración debe ser decidida por la ciudadanía y no por ellos mismos, con lo cual se evitaran los abusos de auto aumentos exorbitantes que tanto indignan a la ciudadanía.

La quinta medida es que juntas nominadoras integradas por ciudadanos(as) hagan una preselección de candidatos y candidatas, que los investigaran para asegurarse de su idoneidad para los cargos, y de entre los candidatos, el Pueblo elegirá a sus funcionarios(as), con lo cual se evita los nombramientos de incapaces, la corrupción, vínculos con organizaciones criminales, el nepotismo y problemas derivados de una mala selección de los nombrados o electos.

Medidas como estas, propias de una Democracia Participativa Directa evitaría que sea la elite política de los partidos quienes terminen imponiendo a sus peones, sino que los representantes elegidos de esta forma respondan a asambleas ciudadanas y no a los responsables políticos partidarios.

Seguramente el pueblo se equivocará en una u otra ocasión, pero aprenderá a decidir, y es preferible que se equivoque el Pueblo mismo, y no que se equivoquen 128 personajes arrastrando con sus errores a 9 millones de habitantes.

¿CÓMO HACER ESTE CAMBIO?

En el marco del actual orden constitucional, no es posible sustituir el actual modelo político por otro mejor. Si bien la Constitución establece que “La soberanía reside en el Pueblo” (art. 3), lo cual es una bonita declaración, sin embargo, en su texto no da lugar a que el Pueblo decida directamente quienes quieren que sean sus funcionarios. Esa potestad se la reserva el Poder Ejecutivo para ciertos cargos (ministerios, etc.), y el Poder Legislativo para otros, como el caso que nos ocupa.

Las figuras del plebiscito y el referéndum, que deberían ser mantenidas en el nuevo modelo, en el actual no resuelven este problema pues, tal como están diseñadas en la ley respectiva, tampoco escapan a la aprobación del Congreso Nacional, es decir por esa minoría de “representantes”, y, además, tal como están formuladas no pueden aplicarse a la elección de altos cargos del Estado. En un nuevo Modelo de Democracia Participativa Directa, si serian mecanismos efectivos de consulta popular.

Por tanto, la única manera de hacerlo es a través de una Asamblea Constituyente Originaria e Inclusiva, convocada para reorganizar por completo el Estado hondureño; que establezca mecanismos de participación ciudadana más directos, con rendición de cuentas, transparencia y tolerancia política.

Una Asamblea Constituyente es el organismo democrático supremo de una democracia electoral y no debe temerse referirse a esta. No se trata de una "constituyente" según convenga al gobierno de turno, mucho menos de la oligarquía; sino que convenga al Pueblo de base.

Eso no significa la desaparición de los partidos, sino la subordinación de estos al Poder ciudadano real, eliminando eso sí, las prerrogativas que otorgan poderes desproporcionados a caudillos, comités centrales o liderazgos.

Ahora que el pueblo en las calles ha logrado cambiar la relación de fuerzas a favor de los cambios, y vista la crisis constante que generan los fallidos mecanismos de elección de funcionarios públicos, como ocurre con la elección del Fiscal General y Adjunto ¿no será el momento de abrir el debate sobre la necesidad de hacer cambios de este tipo y del mecanismo Constituyente que aquí se propone?

Bien decía Einstein que no esperemos cambios en nuestra realidad si seguimos haciendo las mismas cosas como siempre. Atreverse a cambiar es la clave del progreso.

Por Hulazko Meza y Freddy Quezada

LOS JÓVENES: PORQUÉ ELLOS Y PORQUÉ A ELLOS   (Sobre su derecho preferente de participación en la solución a la crisis socio política que sacude Nicaragua)

Los jóvenes nicaragüenses - sus luchas y sus banderas

En los últimos meses ha surgido una discusión  -con argumentos y contra argumentos- en torno a la participación de los jóvenes y los campesinos en las distintas agrupaciones que pretenden aglutinar a todos los sectores opositores al régimen ORTEGA-MURILLO de cara a un eventual enfrentamiento electoral con éste. Tanto las opiniones como las distintas agrupaciones, si bien reconocen la beligerancia de ellos, su peso específico en la lucha, su derecho a participar en las instancias de búsqueda de solución a la crisis,  no terminan de materializar en el aspecto político y organizacional ese reconocimiento.

No obstante lo anterior, es solo en torno a los jóvenes y ese derecho preferente que les reconocemos sobre lo que queremos tratar.

Los jóvenes, la juventud, tradicionalmente se piensan como el reservorio fresco de una sociedad. Y su plenitud de despliegue como el punto máximo de tensión de su energía, muchas veces derrochable (y derrochada) en causas y empresas sin garantías.  Sin embargo, ella misma, como los demás actores sociales, tiene una estratificación interna que de arriba hacia abajo va, si lo vemos solo por su escolaridad e ingresos, desde las capas más cultas, universitarias, hasta las más plebeyas, habitantes de barrios y comunidades precarias, pasando por una capa media, letrada pero no alta, de recursos modestos, pero no indigente.

En el caso de Nicaragua, los jóvenes han tenido una influencia determinante en el desarrollo de los hechos más trascendentales de nuestra historia reciente. A diferencia de las juventudes de otras latitudes y/o hemisferios, en Nicaragua ellos si han cambiado el rostro de nuestro país.  Y cuando referimos las luchas con escenarios predominantemente urbanos -no hablando de la juventud universal sino de su fracción más letrada- es la que siempre las ha iniciado y desencadenado; siempre por un derecho conculcado que ellos son los primeros en resentir y en reaccionar por su restablecimiento.

Se puede comprobar que en las luchas modernas en nuestra sociedad, la juventud –y sobre todo la universitaria- ha sido actor de primera fila. Ha tenido la capacidad y la moral de arrastrar a otros jóvenes de menos escolaridad detrás de ella e incluso atreverse a ofrecer nuevos mundos que han terminado por desilusionarla y desilusionar a los que se le han sumado. En la marcha, exitosa o fracasada, se ha combinado con todos los demás sectores plebeyos, jóvenes o no, al grado de volverse indistinguible y solo recordable por el arrojo decidido de sus actos.

Es por esa razón que vimos  a una juventud universitaria fuerte y decidida organizarse y ponerse al frente de la lucha por el derrocamiento de la Dictadura Somocista. Es por eso que también fuimos testigos de cómo los jóvenes campesinos se integraban a la contrarrevolución para protagonizar una SUBLEVACIÓN CAMPESINA que terminó por dar al traste con el modelo que venía implementando el FSLN en el poder y el gobierno. Y fueron los jóvenes los que a partir del 18 de Abril del 2018 desenmascararon al régimen Ortega-Murillo obligándolo, con sus protestas y resistencia, a mostrar su verdadero rostro; produciendo un cambio tan radical en la política y en la forma de hacer política en nuestro país y en la imagen que del gobierno de Daniel Ortega se tenía tanto dentro como fuera del país, que aún no hemos terminado de ver las consecuencias de esa “vuelta de calcetín” que propiciaron nuestros jóvenes.

En todos esos momentos, aunque las banderas visibles que levantaban en sus luchas aparentemente eran diferentes, basta con detenerse un poco en el análisis para percatarse que siempre han sido las mismas banderas de fondo las que han abrazado. Y todas tienen que ver con DERECHOS: Derecho a decidir, derecho a participar, derecho a expresarse libremente, derecho a organizarse como se quiera, derecho a luchar por lo que se quiere y se cree, derecho a ser respetado y tomado en cuenta….. Es decir: DERECHO A SER Y A ESTAR….

Por qué ellos…?  los paradigmas detrás de las banderas

Como en toda lucha y para todo luchador, las banderas y causas por las cuales lucharon esos jóvenes tenían un referente, un universo paradigmático que usaban en alguna medida para definir el qué hacer, el cómo hacerlo, etc.

Así, los jóvenes que vencieron a la dictadura somocista, abrazando paradigmas de base marxista, creyeron en la necesidad de desaparecer las clases sociales, creyeron   en una revolución con una vanguardia de clase obrero-campesina dirigiéndola y creyeron en un partido representando a toda la nación, planificando y organizando ese proceso; creyeron en la construcción de un “hombre nuevo”, de una “sociedad nueva”…… Creyeron en todas las demás ideas que en teoría solamente se podían materializar en una sociedad socialista.

Por su lado, los jóvenes campesinos que se integraron a la contra de entrada no compartían ni mucho menos aceptaban los postulados marxistas sobre la desaparición de clases, clases vanguardias, partido único, etc. Y sus temores ante la imposición que estaban viendo y/o imaginando que estaba haciendo el FSLN en el poder, los llevaron a levantar las armas en contra de ese gobierno. Sus banderas tenían que ver con paradigmas de libertad y, también, de derechos.

Aunque ambas juventudes (ya con cierta separación generacional) terminaron enfrentándose militarmente, ambos grupos tenían el mismo referente paradigmático: EL PARADIGMA DE LA CONTRADICCIÓN.

La esencia de dicho paradigma radica en considerar que siempre existe un “UNO” y siempre existe un “OTRO” enfrentados en la lucha social; que ese UNO considera a ese OTRO como un enemigo al que hay que vencer y, eventualmente, destruir físicamente, pues su sola existencia amenaza y se opone a lo que interesa y conviene al “uno”. Adicionalmente, ese “uno” se considera a sí mismo como el sector más avanzado de la sociedad que está “predestinado históricamente” a triunfar sobre el “otro” y así poder garantizar un mejor futuro para todos en la misma.

Hoy por hoy, fácilmente podemos identificar en el Orteguismo estos postulados del paradigma de la contradicción.

Fueron esas ideas, más fuertes y definidas en los jóvenes más letrados, las que acompañaron su lucha contra la dictadura somocista hasta derrocarla. También fueron las que los pertrecharon y las que llevaron a su enfrentamiento militar a la contrarrevolución en campos y montañas  “en defensa de  la revolución”.

Algo que debemos resaltar es que en este paradigma BASTA CON QUE UNO SOLO DE LOS ACTORES SOCIALES LO TENGA COMO CIERTO para que todas la contradicciones y diferencias que naturalmente existen entre los sectores de una sociedad sean abordadas de manera que, a la postre, resulta perjudicial y destructiva para la misma.  No era necesario, entonces, que los campesinos sublevados conocieran y/o creyeran en esos postulados; bastaba que los jóvenes de la ciudad y sus periferias lo hicieran. El enfrentamiento entre la ciudad y el campo/montaña era entonces inevitable^[1] y los jóvenes serían sus protagonistas.

Adicional a ese paradigma también encontramos otro paradigma que es común tanto a los jóvenes que lucharon contra la dictadura somocista como a los que lucharon contra el gobierno sandinista posteriormente. Tiene que ver con la posibilidad de que un individuo, una organización, un estamento o sector social, REPRESENTE a otros individuos, organizaciones o sectores sociales: EL PARADIGMA REPRESENTACIONAL Y más concretamente, la idea puesta en práctica de LA REPRESENTACIÓN POLÍTICA.

En la idea y práctica tradicional, conocida y existente de la representación política, el individuo/organización/sector social/etc. representado DELEGA  en un “representante” su capacidad de decidir, de discutir y llegar a acuerdos con otros y comprometerse a cumplirlos, delegando, por ende, la responsabilidad de hacerse cargo de los resultados concretos de sus decisiones. Con esto, el representado termina delegando no solo su derecho de pensar, de crear, sino también su derecho a soñar y su derecho a luchar por construir aquello en lo que sueña; y, con ello, su derecho a equivocarse en la construcción colectiva de ese sueño

Esa representación política devenida en DELEGACIÓN-DESPOJO es la contradicción que resume las luchas sociales entre “los de abajo”, que pugnan por adueñarse, controlar y forjar su propio destino y “los de arriba” que se erigen en los “sabedores únicos” de cuál es ese destino y, por tanto, los únicos que lo pueden garantizar. De ella surgen, como su hijo legítimo, la realización de los pactos y componendas de cúpulas.

Es bien conocida la frase/consigna que caracterizó el gobierno sandinista en los 80´s…. DIRECCIÓN NACIONAL, ORDENE¡¡.  Era la máxima expresión de ese paradigma. Una frase en la que una nación entera –por lo menos es lo que quería el sandinismo gobernante- obedecía ciegamente a una cúpula dirigente que se había arrogado, por efecto de su representatividad, la capacidad de decidir los destinos de todos los sectores de la nación.

También son conocidas y han sido meridianamente estudiadas y documentadas las insatisfacciones y quejas de los desmovilizados de la contra y del ejército después de la firma de la suspensión del enfrentamiento militar. En ambos sectores hay claridad ahora de que los acuerdos firmados y la forma en cómo se materializaron éstos NO CONLLEVARON NINGÚN BENEFICIO para los combatientes de ambos bandos. La representación de los combatientes por sus cúpulas dirigentes les impidió procurarse mejores condiciones posteriores.

A diferencia de esas juventudes, los jóvenes de Abril del 2018 ni creen en promesas ni prometen a nadie nuevos y mejores mundos. No hay en ellos ninguna pose o actitud prometeica. Tampoco creen que haya un sector social que sea el llamado por la historia a dirigir algo. En sus banderas y reivindicaciones subyace un universo paradigmático completamente diferente: EL PARADIGMA DE LA DIFERENCIA.

En este paradigma, lo esencial es que todos los “unos” existentes en la sociedad, reconocen y aceptan la existencia de todos los “otros”. No solamente en términos de aceptación como realidad, sino también en términos de “sujetos sociales reales, con derechos iguales”.  Dicho paradigma no establece la necesidad de que “desaparezca” ningún otro; antes bien, la existencia y posibilidad de reproducción y crecimiento de ese otro es lo que llena de contenido y le otorga validez social al paradigma.  Tampoco necesita el paradigma de la diferencia que ninguno de los sectores de la sociedad sea ni se convierta en “el sector más avanzado” de la misma, ni que recoja o represente en sí los “intereses objetivos” de toda la sociedad para ser válido; su fuerza y validez radica precisamente en el reconocimiento y aceptación de la variopinta conformación social que todo país y sociedad tienen.

A la par de no confiar ni en promesas de maravillosos mundos futuros ni en vanguardias prometeicas dirigiendo la marcha hacia éstos, los jóvenes de Abril tampoco creen en la representación política. En ese sentido, no están dispuestos a delegar en nadie la discusión con nadie en torno a lo que ellos quieren y por lo que luchan; no están dispuestos a permitir que nadie en su nombre tome acuerdos y decida sobre el futuro de la sociedad y mucho menos sobre su futuro.

Es precisamente la negación y el rechazo a la REPRESENTACIÓN POLÍTICA la que, además de desconcertar a los representantes del régimen en la primera negociación, les daba las armas para poder, como lo hicieron a la postre, negar toda viabilidad de una solución negociada al conflicto.

Y si bien es cierto que los sectores sociales que se habían tomado las calles en su protesta anti dictatorial se identificaron con los jóvenes que estaban en dicha negociación, esa identificación era más de cara a que REPRESENTABAN SUS DESEOS Y ASPIRACIONES, que de cara o en el sentido tradicional de la representación política.

Fue una delicia y motivo de aplauso y reconocimiento posterior para todos los nicaragüenses opositores a Ortega el ver a un LESTER ALEMAN decirle al dictador todo lo que esos nicaragüenses pensaban y querían decirle.  En ese acto, un joven expresaba con sus palabras las ideas, esperanzas y voluntad de esos nicaragüenses. Por supuesto, ese hecho no convertía a Lester ni a sus otros acompañantes en los representantes políticos de los luchadores. Y bien que se sintió posteriormente esa no representatividad política.

Como hemos visto, los paradigmas que denotan los jóvenes de Abril del 2018 en sus actitudes y demandas constituyen, en nuestra opinión, un avance significativo en la cultura política de este país y devienen en un nivel que supera la política y la forma de hacer política que nos ha caracterizado.

Lo anterior no es, sin embargo, lo único nuevo que esta generación de jóvenes nos presenta a todos los sectores de la nación nicaragüense. Hay algo más que a simple vista no es posible identificar pero que refuerza aún más esa superación de la cultura política que los jóvenes de Abril están planteándole a la sociedad nicaragüense.

La lucha por la justicia social es una lucha permanente en toda sociedad en la que los más interesados son, precisamente, los sectores que son víctimas de la injusticia social. Y esa es, en gran medida, la que han llevado a cabo todos los luchadores sociales de los últimos dos siglos. Sin embargo, es necesario resaltar que en los últimos tiempos esta lucha ha dejado de ser una por la sola redistribución económica: el norte que le debe al sur, los ricos a los pobres, los empresarios a los trabajadores, etc.; y ha pasado a incorporar un nuevo componente: la lucha por EL RECONOCIMIENTO.

En este nuevo componente de la justicia social se tiene como objetivo un mundo que acepte la diferencia, en el que la integración en la mayoría o la asimilación de las normas culturales dominantes no sea el precio a pagar por recibir un respeto igual.

La incorporación del reconocimiento como parte de la justicia social implica también la aceptación de la idea de que ésta excede las cuestiones distributivas y trasciende hasta incorporar las ideas de identidad y derecho a la misma, trasciende la idea del DERECHO A SER IGUALES y llega a la de IGUALES DERECHOS A SER DIFERENTES.

Cuando las organizaciones juveniles surgidas al calor de la lucha contra el régimen Orteguista reclaman su participación en la COALICIÓN NACIONAL y resto de esfuerzos de una  manera distinta a la que las cúpulas de esas organizaciones les están proponiendo, ellos:

• Rechazan en la práctica las implicaciones sociales negativas del paradigma de la contradicción. Con ello debilitan las pretensiones hegemónicas de los grupos de poder que están detrás de algunos esfuerzos y sectores de la lucha anti Orteguista y le salen al paso a las ideas de “el ganador se lleva todo” que pretenden aplicar también algunos sectores que están en la lucha.
• Rechazan la pretensión que en la práctica tienen los grupos económicos y sociales hegemónicos de infiltrar en la lucha y en las organizaciones la idea de la validez de la representatividad política. Con ello los jóvenes disparan al centro de la posibilidad de un nuevo arreglo de cúpulas.
• Incorporan en la lucha por la justicia social en nuestra sociedad la idea de EL RECONOCIMIENTO como un elemento indispensable de la justicia que le confiere a esta un nivel superior y más satisfactorio para la sociedad en su conjunto. En este sentido no solamente elevan la lucha social a un plano superior sino que con ello también invalidan el discurso hegemónico que propone la necesidad de asimilarse y aceptar las normas y la práctica política dominantes para poder ser reconocido y tenido como igual. A partir de ahí, los partidos políticos y demás organizaciones sociales tradicionales y vetustas dejan de tener el derecho exclusivo de participación política y pueden entrar otros actores a la contienda política formal.

Con todo lo anterior, y precisamente por todo lo dicho es que afirmamos:

POR ESO ELLOS… LOS JÓVENES DE ABRIL… TIENEN UN DERECHO PREFERENTE A LA PARTICIPACIÓN EN CUALQUIER ESFUERZO PARA RESOLVER LA CRISIS SOCIO POLÍTICA QUE ESTREMECE NUESTRA NACIÓN.

Por qué a ellos..?  -  el tiempo y su significado

Mucho se habla en los medios de comunicación social sobre las expectativas que se abren a la sociedad nicaragüense ante la posibilidad de vencer finalmente a la dictadura Orteguista. Políticos y politólogos a título individual, partidos políticos, organizaciones sociales, etc. se ocupan de describirnos algunas características de la sociedad que necesita nuestra nación y que deberíamos o debemos construir una vez que demos al traste con la dictadura Orteguista.

En ese sentido, hay como cierta tendencia a creer y a actuar como que ese futuro NO DEPENDE DE ESTE PRESENTE y que se puede materializar independientemente de lo que acontezca hoy.  Es decir, el presente es un tiempo inexistente en esos sueños y elucubraciones.  Tan es así que, aparentemente, ningún actor de los tradicionales está pensando EN LA LUCHA QUE ES NECESARIA DAR HOY, para poder llegar a ese futuro que nos pintan. Se están preparando para unas elecciones mañana sin decir cómo revitalizar la lucha de hoy que nos pueda llevar a ese mañana. 

Sin embargo, los jóvenes de Abril siguen insistiendo en los elementos que son permanentes en cualquier lucha hoy y que, por lo tanto, no deben ser dejados de lado. Ellos insisten en la lucha por la justicia y castigo para los responsables de las masacres, la libertad de los reos políticos… ellos insisten en la lucha por restablecer las libertades básicas de manifestación, movilización, expresión, etc. Los jóvenes universitarios inclusive han dado muestras de que la lucha por erradicar la cooptación que la UNEN ejerce sobre el movimiento estudiantil universitario^[2] no puede esperar a mañana.

Adicionalmente a lo anterior tenemos el concepto de tiempo presente y tiempo futuro.

En la temporalidad de vida propia del ser humano aceptamos la idea de que el tiempo es inexorable y no se detiene. También es aceptable la idea de que lo que para un individuo o sector social puede ser un tiempo corto, para otro individuo o sector social en ese mismo momento esa porción de tiempo puede ser demasiado largo.

Lo anterior nos coloca en la pregunta que surge al escuchar las descripciones o propuestas de ese futuro para la sociedad nicaragüense: 

QUIENES SON LOS QUE VAN A VIVIR ESE FUTURO?  En ese sentido, más bien nos podemos preguntar: DEL FUTURO DE QUIÉN ESTAMOS HABLANDO? 

Y la respuesta, aunque a algunos les pueda parecer excluyente y hasta discriminatoria, TIENE QUE SER EN TÉRMINOS ETÁREOS. Es decir, tenemos que responderlas en términos de la edad cronológica que tienen los integrantes de los diferentes sectores sociales en Nicaragua.

En otras palabras, ese futuro…. Es preferentemente el de los jóvenes de hoy o no?  Es para ellos preferentemente o no?.

Porque cinco, diez, quince y hasta veinte años adelante no significan lo mismo para los que hoy están entre los catorce y veinticinco años que para los que son mayores de sesenta; si ponemos como referencia la edad de jubilación en nuestro país y si tomamos también como referencia la esperanza de vida actual en Nicaragua que para las mujeres es de (75.8) años  y para los hombres es de (69.7).

Es decir, el futuro del que estamos hablando en todo momento ES EL FUTURO DE LOS QUE HOY SON PARTE DE LA JUVENTUD NICARAGUENSE…. En ese sentido, ESE FUTURO ES DE LOS JÓVENES… LES PERTENECE.

Es por esa razón que nosotros afirmamos:

POR ESO A ELLOS…. A los jóvenes.  A ellos les pertenece ese futuro que todos queremos desde nuestros propios intereses y motivaciones. A ellos les corresponden CONSTRUIRLO según sus capacidades y aspiraciones. A ellos les tocará equivocarse o acertar.  Es su derecho.

REFLEXIÓN FINAL (Recurso discursivo de  los autores para curarse en salud)

Aunque no ha sido nuestra intención hablar en nombre de y por los jóvenes de Abril ni por la juventud nicaragüense en general, estamos claros de que se nos podría señalar de que si lo hemos pretendido hacer. En ese sentido, estamos claros que al hablar de la representación nosotros también corremos el riesgo de anularnos por autorreferencia.

Sin embargo, asumimos el riesgo como los monjes trapenses que cuando violan sus votos de silencio, tienen que violarlos otra vez al ordenar callar, para restablecerlo.

También queremos resaltar el hecho de que, aun cuando pertenecemos a esa generación de jóvenes que derrotó a la dictadura somocista, creemos que la juventud universitaria en y con sus luchas es, a lo mejor, la contracara decolonial de lo que sucedió en Europa con sus intelectuales rebeldes que desafiaron papados y coronas pero que luego en sus colonias, sus pares, los intelectuales criollos, como demostró Ángel Rama, más bien sirvieron de consejeros, asesores y sirvientes del poder local.

Los estudiantes acaso por eso sustituyeron en rebeldía y desobediencias a los intelectuales europeos. Ojalá y mañana no sustituyan a los criollos en su hipnótica atracción por el poder. Y no terminen, igualmente, de consejeros, asesores y sirvientes de los hegemónicos en nuestro país.

^[1] Con esto no pretendemos negar el papel que el gobierno norteamericano jugó en ese enfrentamiento. Solo resaltamos un hecho que hoy por hoy, incluso hasta miembros de la Dirección Nacional del FSLN de ese momento, han tenido que  reconocer: la incomprensión del mundo campesino, unido a las concepciones marxistas, propiciaron los errores que facilitaron la integración de los jóvenes campesinos a la contrarrevolución.

^[2] Las elecciones estudiantiles del año pasado en la UNIVERSIDAD AGRARIA (UNA) fue el primer escenario de esa lucha